“Mira viejito, te llamo para una molestia…”, le dijo, según la revista Semana (03-12-2006), Francisco Obando al Magistrado Escobar para pedirle que interviniera ante dos jueces con el fin de ayudar a un amigo suyo y de Giorgio Sale.
Según la página web de la presidencia de la República en 2001, “el costo de la corrupción ascendió a US$2,240 millones” es decir 2,6% del PIB del mismo año, y “en sobornos… el costo de la corrupción fue de cerca de US$480 millones y por desviación de recursos de US$1,760 millones”.
El columnista Alejandro Gaviria ha sostenido que en materia de infraestructura el gobierno nacional ha mostrado una doble cara: “la cara programática en los planes y la cara clientelista en la práctica” (El Espectador, 25-11-2006). Y que además, el plan 2500, bandera del gobierno nacional, ha sido objeto de la corrupción contractual. Contratos por mas de 4000 millones de pesos entregados al esposo de la secretaria del director del Invías, constituyen cuando menos un acto de indelicadeza.
Según Confecámaras con su encuesta de probidad, en 2006 los contratistas del sector público pagaron en promedio el 13,53 por ciento del valor de los contratos en sobornos (en Barranquilla la cifra es del 20,84 por ciento).
En todos estos casos seguramente ha existido un lobby, por debajo de la mesa, ante funcionarios del Estado. La politiquería y el clientelismo no han menguado en Colombia.
Más allá de las implicaciones penales y administrativas, de las cuales deben ocuparse las autoridades correspondientes, estos casos muestran cómo se sigue accediendo al Estado y a la contratación pública. El primer paso para la ilegalidad y la corrupción es la indelicadeza en la relación entre los ciudadanos (influyentes la mayoría de los casos) y los agentes del Estado. “Ayúdame con esto” o “te quiero pedir un favor” formalizan una cultura del atajo para acceder de manera privilegiada a algún responsable público, para acelerar un trámite, para favorecer intereses particulares, para orientar términos de referencia (“cargar los dados”), para introducir elementos en normas (los famosos micos), etc.
La corrupción, la politiquería y el clientelismo son problemas multidimensionales, cierto, pero se potencian o se menguan según la forma en que se da el lobby. Por ello el lobby está debidamente regulado en democracias serias. No es el caso de Colombia donde no se hace bien o se hace con intenciones non sanctas. Para un mejor control, para prevenir la captura del Estado y para que definitivamente se acabe el “te llamo para una molestia” se requieren reglas de juego y principios claros:
Según la página web de la presidencia de la República en 2001, “el costo de la corrupción ascendió a US$2,240 millones” es decir 2,6% del PIB del mismo año, y “en sobornos… el costo de la corrupción fue de cerca de US$480 millones y por desviación de recursos de US$1,760 millones”.
El columnista Alejandro Gaviria ha sostenido que en materia de infraestructura el gobierno nacional ha mostrado una doble cara: “la cara programática en los planes y la cara clientelista en la práctica” (El Espectador, 25-11-2006). Y que además, el plan 2500, bandera del gobierno nacional, ha sido objeto de la corrupción contractual. Contratos por mas de 4000 millones de pesos entregados al esposo de la secretaria del director del Invías, constituyen cuando menos un acto de indelicadeza.
Según Confecámaras con su encuesta de probidad, en 2006 los contratistas del sector público pagaron en promedio el 13,53 por ciento del valor de los contratos en sobornos (en Barranquilla la cifra es del 20,84 por ciento).
En todos estos casos seguramente ha existido un lobby, por debajo de la mesa, ante funcionarios del Estado. La politiquería y el clientelismo no han menguado en Colombia.
Más allá de las implicaciones penales y administrativas, de las cuales deben ocuparse las autoridades correspondientes, estos casos muestran cómo se sigue accediendo al Estado y a la contratación pública. El primer paso para la ilegalidad y la corrupción es la indelicadeza en la relación entre los ciudadanos (influyentes la mayoría de los casos) y los agentes del Estado. “Ayúdame con esto” o “te quiero pedir un favor” formalizan una cultura del atajo para acceder de manera privilegiada a algún responsable público, para acelerar un trámite, para favorecer intereses particulares, para orientar términos de referencia (“cargar los dados”), para introducir elementos en normas (los famosos micos), etc.
La corrupción, la politiquería y el clientelismo son problemas multidimensionales, cierto, pero se potencian o se menguan según la forma en que se da el lobby. Por ello el lobby está debidamente regulado en democracias serias. No es el caso de Colombia donde no se hace bien o se hace con intenciones non sanctas. Para un mejor control, para prevenir la captura del Estado y para que definitivamente se acabe el “te llamo para una molestia” se requieren reglas de juego y principios claros:
- La justicia NO admite lobby alguno,
- Los lobbystas deben estar inscritos ante el Estado para conocer abiertamente quienes son (personas y firmas), cuales son sus especialidades y bajo qué condiciones actúan,
- Debe ser de conocimiento público cuánto ganan los lobbystas en comisiones en los procesos orientados a facilitar medios o a lograr resultados,
- Deben reglamentarse los productos específicos que se pueden ofrecer en el lobby político, en el lobby técnico y en el lobby de apoyo,
- La Administración Pública debe estar preparada para atender el lobby técnico y sobretodo deben prohibirse los lobbys no reglamentados.
*Publicado en El Nuevo Siglo 09-12-2006
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