Hay que decirlo, el control a las entidades territoriales no está funcionando. La captura del Estado en algunas regiones, antes por los intereses particulares del clientelismo, hoy por los intereses de la parapolítica, así lo demuestra. El zar anticorrupción ha manifestado que existen problemas de incapacidad del Estado central y sus organismos de control administrativo en los territorios para “evitar la captura de las instituciones (territoriales) por parte de grupos irregulares” (El Heraldo, 11-01-2007). En un esquema de descentralización y autonomía territorial, lo único que no se puede descentralizar es el control. Esta suele ser un principio enseñado en la ENA- Escuela de Nacional de Administración Pública de Francia. Y en Colombia este principio no se ha aplicado.
La Dirección de Apoyo Fiscal de Minhacienda había contribuido al mejoramiento de las finanzas de departamentos y municipios. Sin embargo, en materia de control de corrupción en esas mismas instancias, se sigue perdiendo la asignatura. Y no es que la corrupción sea exclusiva de las regiones y que las entidades del gobierno nacional sean inmunes al flagelo. Los casos bien conocidos de Invías hablan por sí solos. Pero el control de la corrupción en las regiones requiere de un manejo diferente.
La constitución de 1991 había consolidado un esquema de contralorías y personerías territoriales, pero estas actuaron muchas veces de manera inadecuada: en unos lados cohonestaron y en otros lo que hicieron fue oposición política. Ya hubo un avance, la anterior ley de ajuste fiscal llevó al cierre de aquellas en las cuales las finanzas de la entidad territorial no daban para su sostenimiento. Pero la estructura del sistema no cambió. Lo que se necesita es un control centralizado con la posibilidad un esquema de auditorías territoriales, que incluso pueden ser externas.
Por otro lado, como el diablo está en la norma, a través de actos administrativos de alcaldías y gobernaciones, así como de concejos y asambleas departamentales, también se están abriendo los espacios para la corrupción. Es necesaria un esquema de evaluación externa y cotidiana de la legalidad de estos actos. Y el esquema está inventado: los departamentos pueden asumir dicha responsabilidad en relación con los municipios y una instancia nacional en relación con los departamentos.
Es necesario igualmente contar con la posibilidad de intervención del Ejecutivo nacional en las entidades territoriales cuando los organismos de control encuentren actos graves de corrupción o de captura del Estado que atenten de manera grave contra la gobernabilidad del territorio. Tal esquema, con matices, existe en países con regímenes bien distintos como Francia, Estados Unidos o Brasil.
Pensar la descentralización, el ordenamiento territorial y la autonomía de las regiones y los territorios colombianos es más que el tema de transferencias a las regiones, las cuales no hay que recortar, sino todo lo contrario. Lo que debe ser objeto de mayor preocupación por parte del gobierno nacional es un arreglo institucional estructural que permita la prevención del riesgo de corrupción en las regiones y que blinde una inversión pública territorial eficaz y eficiente.
Publicado El Nuevo Siglo 22-01-2007
La Dirección de Apoyo Fiscal de Minhacienda había contribuido al mejoramiento de las finanzas de departamentos y municipios. Sin embargo, en materia de control de corrupción en esas mismas instancias, se sigue perdiendo la asignatura. Y no es que la corrupción sea exclusiva de las regiones y que las entidades del gobierno nacional sean inmunes al flagelo. Los casos bien conocidos de Invías hablan por sí solos. Pero el control de la corrupción en las regiones requiere de un manejo diferente.
La constitución de 1991 había consolidado un esquema de contralorías y personerías territoriales, pero estas actuaron muchas veces de manera inadecuada: en unos lados cohonestaron y en otros lo que hicieron fue oposición política. Ya hubo un avance, la anterior ley de ajuste fiscal llevó al cierre de aquellas en las cuales las finanzas de la entidad territorial no daban para su sostenimiento. Pero la estructura del sistema no cambió. Lo que se necesita es un control centralizado con la posibilidad un esquema de auditorías territoriales, que incluso pueden ser externas.
Por otro lado, como el diablo está en la norma, a través de actos administrativos de alcaldías y gobernaciones, así como de concejos y asambleas departamentales, también se están abriendo los espacios para la corrupción. Es necesaria un esquema de evaluación externa y cotidiana de la legalidad de estos actos. Y el esquema está inventado: los departamentos pueden asumir dicha responsabilidad en relación con los municipios y una instancia nacional en relación con los departamentos.
Es necesario igualmente contar con la posibilidad de intervención del Ejecutivo nacional en las entidades territoriales cuando los organismos de control encuentren actos graves de corrupción o de captura del Estado que atenten de manera grave contra la gobernabilidad del territorio. Tal esquema, con matices, existe en países con regímenes bien distintos como Francia, Estados Unidos o Brasil.
Pensar la descentralización, el ordenamiento territorial y la autonomía de las regiones y los territorios colombianos es más que el tema de transferencias a las regiones, las cuales no hay que recortar, sino todo lo contrario. Lo que debe ser objeto de mayor preocupación por parte del gobierno nacional es un arreglo institucional estructural que permita la prevención del riesgo de corrupción en las regiones y que blinde una inversión pública territorial eficaz y eficiente.
Publicado El Nuevo Siglo 22-01-2007
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