Para nadie es un secreto que entre las instituciones más desprestigiadas del país está la justicia. La impunidad, que es objetiva en Colombia, también genera percepción de inseguridad, así lo evidencian encuestas y sondeos de los últimos años en las principales ciudades. Y además contribuye objetiva y subjetivamente a la desigualdad: En Colombia “la justicia es para los de ruana” reza el proverbio de los abuelos.
En la última semana la justicia ha dado una señal en el sentido contrario y parafraseando otro adagio popular, a pesar de su cojera parece que puede llegar. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado jueves, calificada como valiente por editoriales y columnistas, de dictar medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación a los congresistas Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erik Morris Tabeada por sus nexos paramilitares han puesto a pensar a más de uno que, a pesar de todo, puede haber justicia en Colombia. Y esta decisión del alto tribunal sorprende precisamente porque no se parece precisamente a una justicia “sólo para los de ruana”. Por el contrario, si este proceso sigue su curso natural y deja ver no solamente la punta del iceberg, sino todo el iceberg completo, permitirá al Estado colombiano irse sacudiendo frente a la que tal vez es la mayor amenaza contra la democracia: la captura del Estado y la penetración social por parte de organizaciones criminales. El entramado de relaciones non sanctas en ciertas regiones, ligadas a fuerzas armadas no legales debería poder revelarse si las investigaciones y la acción judicial llegan hasta sus últimas consecuencias. Nada más esperanzador para las instituciones de la democracia colombiana.
Ojalá no se trate de una salida propia de una gestión sustentada en las encuestas. Sería desastroso para las instituciones colombianas, que además de un gobierno nacional que mide la temperatura de sus intervenciones en función de las encuestas (remember el energúmeno e “improvisado” discurso del presidente Uribe en la Escuela Superior de Guerra el día siguiente del atentado terrorista), ahora la justicia también tuviera en las encuestas su principal incentivo determinar la forma de actuar y de comunicar sus acciones.
Hay que estar vigilantes de una justicia que actúe en respuesta a las encuestas. En cambio, hay que saludar, rodear e impulsar una acción cotidiana de las instituciones de justicia parecida a la de la semana pasada. Y en ello los partidos y los líderes políticos, alejados de los extremismos de la izquierda ultraradical o de la derecha desmesurada, deben rodear a las instituciones de justicia. Porque no son pocas las vulnerabilidades que también crecen al lado de una acción judicial apropiada, tal como lo puede recordar Colombia en la época de Pablo Escobar o, para ir a otros parajes, lo ha vivido la justicia de Italia en su tenaz lucha contra las mafias de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. Tal vez sea ocasión de recordar y relanzar el llamado a acuerdo sobre lo fundamental en materia de instituciones de justicia como lo hiciera el fundador de este diario en sus últimos años.
No es pequeño el reto para las instituciones de la justicia colombiana: Convertir en permanente la sensación de justicia que acompaña su actuación de la semana anterior. Porque una visión progresista de la democracia colombiana pasa por fortalecer dos pilares fundamentales: una justicia que funcione “no solo para los de ruana” y una fuerza pública policial más ciudadana y menos militarista.
*Publicado en El Nuevo Siglo 18-11-2006
En la última semana la justicia ha dado una señal en el sentido contrario y parafraseando otro adagio popular, a pesar de su cojera parece que puede llegar. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado jueves, calificada como valiente por editoriales y columnistas, de dictar medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación a los congresistas Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erik Morris Tabeada por sus nexos paramilitares han puesto a pensar a más de uno que, a pesar de todo, puede haber justicia en Colombia. Y esta decisión del alto tribunal sorprende precisamente porque no se parece precisamente a una justicia “sólo para los de ruana”. Por el contrario, si este proceso sigue su curso natural y deja ver no solamente la punta del iceberg, sino todo el iceberg completo, permitirá al Estado colombiano irse sacudiendo frente a la que tal vez es la mayor amenaza contra la democracia: la captura del Estado y la penetración social por parte de organizaciones criminales. El entramado de relaciones non sanctas en ciertas regiones, ligadas a fuerzas armadas no legales debería poder revelarse si las investigaciones y la acción judicial llegan hasta sus últimas consecuencias. Nada más esperanzador para las instituciones de la democracia colombiana.
Ojalá no se trate de una salida propia de una gestión sustentada en las encuestas. Sería desastroso para las instituciones colombianas, que además de un gobierno nacional que mide la temperatura de sus intervenciones en función de las encuestas (remember el energúmeno e “improvisado” discurso del presidente Uribe en la Escuela Superior de Guerra el día siguiente del atentado terrorista), ahora la justicia también tuviera en las encuestas su principal incentivo determinar la forma de actuar y de comunicar sus acciones.
Hay que estar vigilantes de una justicia que actúe en respuesta a las encuestas. En cambio, hay que saludar, rodear e impulsar una acción cotidiana de las instituciones de justicia parecida a la de la semana pasada. Y en ello los partidos y los líderes políticos, alejados de los extremismos de la izquierda ultraradical o de la derecha desmesurada, deben rodear a las instituciones de justicia. Porque no son pocas las vulnerabilidades que también crecen al lado de una acción judicial apropiada, tal como lo puede recordar Colombia en la época de Pablo Escobar o, para ir a otros parajes, lo ha vivido la justicia de Italia en su tenaz lucha contra las mafias de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. Tal vez sea ocasión de recordar y relanzar el llamado a acuerdo sobre lo fundamental en materia de instituciones de justicia como lo hiciera el fundador de este diario en sus últimos años.
No es pequeño el reto para las instituciones de la justicia colombiana: Convertir en permanente la sensación de justicia que acompaña su actuación de la semana anterior. Porque una visión progresista de la democracia colombiana pasa por fortalecer dos pilares fundamentales: una justicia que funcione “no solo para los de ruana” y una fuerza pública policial más ciudadana y menos militarista.
*Publicado en El Nuevo Siglo 18-11-2006
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