25 de octubre de 2008

Asumir seriamente la política urbana

En 1994 en una reunión de la OCDE sobre ciudades y desarrollo nacional en Australia, Kenichi Ohmae, economista y prospectivista japonés, dijo que el futuro del mundo sería determinado por cuatro C’s: capital, comunicaciones, concentración y ciudades. Visión optimista y no necesariamente desatinada, siempre que la C de capital se asocie a la economía real y no a la especulación, en cuyo caso habría que cambiarla por la C de crisis. En la misma reunión, Michael Cohen de The New School de Nueva York, replicó que el futuro sería dominado por cuatro P´s: población, pobreza, participación y política. Consideraba Cohen que Ohmae apostaba sólo positivamente a la globalización económica. Pero los últimos años nos ha dejado ver dramas humanos que han contrastado con la visión optimista del japonés.

Recientemente en Nairobi, discutiendo con cerca de cincuenta expertos, Cohen incluido, convocados por la Agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, UN-Hábitat, sobre los desafíos futuros de la ciudad, coincidimos en cinco retos (en inglés las cinco S’s): escasez, escala, seguridad, sostenibilidad y ciencia. Con voluntad, estos cinco retos pueden perfectamente guiar una política urbana en Colombia:

Escasez: En medio de altos niveles de inequidad, las ciudades colombianas deben enfrentar la escasez de alimentos para los más pobres (programas pioneros como Bogotá sin Hambre deberían ser multiplicados en otras ciudades), escasez de agua, escasez de suelo y de vivienda. Y la crisis económica en ciernes agravará la cuestión. Una política de ciudades debería privilegiar a los pobres urbanos frente a estos problemas.

Escala. Con el aumento de los hogares urbanos, los problemas de las ciudades tiendan a aumentar en escala: menor movilidad, menos suelo, más pobreza urbana, más delincuencia común, etc. Problemas a escala, requieren soluciones a escala. Una política de equilibrio urbano regional puede ayudar en mucho a abordar integralmente este reto.

Seguridad: La seguridad democrática avanzó en controlar el territorio rural, enfrentar guerrillas y paramilitares y disminuir el secuestro. No avanzó en la seguridad urbana. Es momento de desarrollar una verdadera política de seguridad urbana que de una vez por todas asuma los retos de la criminalidad y consolide la convivencia en las ciudades.

Sostenibilidad: Se requieren nuevas formas y modelos de ciudad que resulten más eficientes en el uso de energía y el consumo de recursos naturales, y generen menos problemas ambientales para sus ciudadanos. Son insuficientes los logros en el manejo apropiado del medio ambiente urbano y por ello son grandes los retos para recibir mejor a las futuras generaciones urbanas.

Ciencia: No es posible asumir estos retos convenientemente sin invertir tiempos, esfuerzos y recursos en investigación científica sobre los problemas urbanos colombianos. Acostumbrados como estamos a “apagar incendios”, tendremos que construir una mayor conciencia en investigadores como en financiadores públicos y privados para asumir el la investigación completa de problemas y conflictividades urbanas en Colombia. Sin esto no es posible anticipar crisis alguna, ni tomar mejores decisiones.

Publicado El Nuevo Siglo 27-10-2008
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19 de octubre de 2008

No hay política criminal

La seguridad urbana ha mostrado evidencias que deben despertar algunas alertas en las ciudades este año. Y en todo caso hay que preguntarse porqué la política de seguridad democrática no tiene incidencia en las grandes ciudades. Que el homicidio haya aumentado ligeramente en Medellín y que la percepción de inseguridad aumente en Bogotá, parece estar asociado a un tema: la lucha por el poder entre bandas criminales desarticuladas en la primera y la acción de grupos de delincuencia organizada en la segunda. Y en este contexto las políticas locales de convivencia no pueden tener mucha incidencia. Frente a los relictos de grupos armados organizados, posteriores a la desmovilización, y frente a la acción de organizaciones delincuenciales especializadas en delitos de alto impacto, lo efectivo es una verdadera política criminal, que no existe en Colombia. Al menos no una política seria, a pesar de que muchas entidades utilizan el término en sus documentos o para denominar comisiones.

La política de seguridad democrática no es una política criminal. No fue concebida para desarrollar una secuencia lógica de objetivos, metas, estrategias, medios, recursos y coordinaciones institucionales, orientadas a combatir el crimen y a desarticular la delincuencia en las ciudades. Se requiere una política criminal que permita identificar y caracterizar bien las diferentes modalidades delincuenciales, los modus operandi de las bandas criminales en las ciudades, los perfiles de los delincuentes y los entornos y circunstancias en los que desarrollan sus actividades, así como los factores que determinan la condición de las víctimas. Sólo siguiendo este camino es posible producir nuevos resultados en la lucha contra la violencia homicida instrumental y los delitos de alto impacto en las grandes ciudades. Es el punto de partida para diseñar un nuevo y permanente esquema coordinado de acciones de la fuerza pública y los organismos de investigación: policía operativa, policía judicial, CTI y fiscalía.

La fórmula de la seguridad democrática para combatir la guerrilla y los paramilitares en las zonas rurales, no ha funcionado en las ciudades. Y política criminal no es solamente reunir un grupo de personalidades para definir el tamaño de las penas o para tipificar nuevos delitos, como a veces se piensa en el Ministerio del Interior y de Justicia.

No habría que extrañarse de aumentos en las cifras objetivas de la criminalidad en algunas ciudades o del aumento de la percepción de inseguridad en otras, si desde el Ministerio del Interior y de Justicia no se toma en serio la construcción de una política criminal que sirva de complemento al esfuerzo que ciudades como Bogotá y Medellín hacen con sus políticas de seguridad ciudadana y convivencia, y que han sido importantes para tratar los problemas de incivilidad y convivencia, y muchos rasgos de la violencia impulsiva y delincuencia común. Porque lo cierto es que cuando los “muertos están pagos”, no hay política local que valga.

Publicado El Nuevo Siglo 20-10-2008
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13 de octubre de 2008

Se necesitan nuevas ideas para enfrentar la crisis

Con Wall Street, y luego con más fuerza la City en Londres, cambiando la cartilla económica y tratando de regular la mano invisible del mercado, que fue la diosa desde los años de Thatcher y Reagan, cabe preguntarse que estarán pensando los amigos de la doctrina de la desregulación a ultranza, siempre prestos a calificar mal todo asomo mínimo de regulación estatal.

La evidencia ha sido contundente. El mundo económico está cambiando y hasta miembros de los partidos políticos y adeptos a ideas neoconservadoras y neoliberales se han sumado, catástrofe económica obliga, a la defensa de la intervención con recursos públicos para salvar un sistema financiero ebrio de especulación. La opinión pública en los países más afectados por la crisis también está cambiando, y más consciente de la crisis, al menos por el momento, estaría votando mayoritariamente demócrata en Estados Unidos y tal vez vote laborista en las futuras elecciones británicas. Dos hombres de centro o centro-izquierda, Barack Obama y Gordon Brown, son los nombres políticos que la crisis económica ha puesto de moda.

¿Qué harán aquellos que siempre defendieron, porque así fueron educados, la minimización del estado? ¿Y aquellos que siempre fueron aversos a la regulación? Ya el 11S mostró la importancia de más Estado en los asuntos de seguridad. Ahora es necesaria más regulación y vigilancia estatal sobre la economía. Pero no hay que ser pesimistas frente a la capacidad de adaptación. Solo tendrán inconvenientes aquellos líderes que han defendido la desregulación a ultranza como credo. Pero aquellos que han actuado y hablado sobre la base de la evidencia, sin modelos preconcebidos en mente, no solo se adaptarán sino que tomarán relevancia en los próximos días. Pues lo que se viene en materia de crisis económica y, por añadidura, social, no será problema de poca monta y requerirá de medidas creativas y propuestas altenativas.

Ahora bien, el caso colombiano es patético. El efecto FARC sigue siendo en el imaginario nacional el centro de los problemas. Y esto podría llevar a que, una vez más, no se vea la crisis económica y social en su verdadera dimensión. Y peor aún, a que se diga a los icautos que la solución a la crisis es únicamente más seguridad democrática. Ya se sabe que el efecto las FARC han mantenido acomplejadas las posibilidades del centro y centro-izquierda en Colombia. Y por lo mismo, pocos líderes con este talante han salido a hablar de la crisis económica y sus implicaciones para la sociedad colombiana. Por su parte, la izquierda parlamentaria se acantanó durante seis años en un discurso antiuribista y, que se sepa, no hay una propuesta concreta o modelo de sociedad propuesto alterno al que Uribe propuso. Ahora, para ser honesto, es que es más fácil criticar que proponer, mostrar biografías personales o repetir los esquemas clientelares que construir propuestas y modelos de sociedad alternativos y robustos.

Publicado El Nuevo Siglo 13-10-2008
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4 de octubre de 2008

Alerta Bogotá

La última encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio debe disparar las alertas. El registro de eventos de inseguridad que habían hecho los medios de comunicación en el último año, no permitía por sí solo determinar el grado real de aumento de la inseguridad. Se sabe que las noticias encuentran su importancia según no existan otras noticias más importantes en otros ámbitos. También se sabe que en cada momento los actores políticos registrados por los medios tienen motivaciones distintas para hacer eco a los problemas de la seguridad: pueden dimensionar eventos normales, mientras dejan pasar eventos graves. La encuesta presentada por la Cámara permite análisis más objetivos y una conclusión concreta: sin que la situación se haya desbordado, se presentan síntomas y señales que deben prender las alarmas y deben orientar nuevas acciones de la Policía y las autoridades.

La encuesta constata que se ha aumentado el número de delitos cometidos en la calle y en el espacio público. Esto significa que los elementos que disuaden al delincuente no están actuando eficientemente. Hay que revisar la presencia policial o de funcionarios guías ciudadanos en la calle. También hay que volver a la vieja discusión sobre el pie de fuerza de la ciudad, pues parece que en lugar de aumentar está disminuyendo por las circunstancias del servicio público (vacaciones, sanciones, traslados, etc.). También llama la atención sobre la necesidad de reforzar la intervención del espacio público con criterio de entorno urbano más seguro: mejor manejo de basuras, recuperación de paredes y muros, de equipamentos urbanos, de malla vial, mejor iluminación, etc. Es necesario revisar el manejo preventivo del espacio público para disuadir hechos delincuenciales.

La encuesta permite mirar también del lado de los ofensores. Los ciudadanos están percibiendo que la inseguridad existente se debe a la presencia de grupos, en particular delincuencia común y pandillas. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo para que más grupos delincuenciales decidan cometer delitos? ¿Hacia el futuro cuál será el efecto de la actual crisis económica en la tendencia de acción de los grupos delincuenciales organizados? La política pública debe responder estos interrogantes y asumir las acciones necesarias.

Las autoridades habían sostenido que el principal problema de Bogotá era la convivencia. Y es cierto que no se debe descuidar ese frente. En cambio, la encuesta deja pensar que el problema central de Bogotá hoy es la acción de los grupos delincuenciales organizados. Y esta constatación debe ser la base para formular y ejecutar una buena política pública de prevención, para la cual el Plan de Desarrollo prevé esfuerzos y recursos apropiados. Las expectativas sobre la política de prevención de la delincuencia del Distrito son altas en términos de resultados. La próxima encuesta de victimización y percepción será un termómetro de la efectividad de esta política pública y dirá si se ha respondido bien a las alertas que ahora aparecen.

Publicado El Nuevo Siglo 06-10-2008
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1 de octubre de 2008

1929-1933

Estamos en crisis económica. En Colombia el imaginario de la seguridad democrática no ha dejado ver la tormenta completamente. Convendría que los responsables políticos y económicos salieran un poco de la obnubilación de la parroquia y comenzaran a ver que estamos en la crisis más dura después de 1929 y que definitivamente tendrá efectos sociales en Colombia en los años que vienen.

Claro que en Estados Unidos y Europa hasta hace solo algunas semanas no se había reconocido la magnitud de la crisis. Sólo algunos analistas como Jacques Attali, se habían atrevido a compararla con la de 1929-1933 y esto por varias similitudes: la necesidad de una nueva regulación bancaria, la necesidad de una fuerte inyección financiera con recursos de los contribuyentes (paradójicamente promovida por un presidente neoconservador!), propuestas de nacionalización e intervención de bancos, tensiones militares y geopolíticas y una gran connivencia entre Washington y Wall Street en la que al momento de la crisis este último transfiere el riesgo y la cobertura de la crisis a los contribuyentes.

Pero hay diferencias con 1933. El tamaño financiero de la crisis es mucho mayor y los recursos previstos por parte del fisco norteamericano como salvavidas para los bancos, se suman a un déficit norteamericano ya bastante importante. Por otra parte, con la economía globalizada de hoy, no son suficientes medidas nacionales para contener impactos internacionales, lo que nos pone a pensar de nuevo en la necesidad de una regulación financiera mundial. En otra palabras, a mercado y problemas económicos globalizados, democracia y regulación global.

Lo que siguió a la crisis de 1929-1933 en bien conocido en Europa: en medio de una crisis que había tocado de manera muy importante a los ciudadanos del común, surgieron nacionalismos encontrados, acompañados de tensiones militares y de una guerra mundial. Sangre, sudor y lágrimas fue lo que caracterizó ese período de la historia.

Conviene pues que nuestros responsables y analistas comiencen a hacer prospectiva sobre las consecuencias de la actual crisis en la economía colombiana, ojalá desprovistos de la tan colombiana autocomplacencia y de la tradicional dificultad para ver las crisis o para llamarlas por su nombre. ¿Qué pasará con la economía en los próximos años? Si nos atenemos al discurso oficial de los últimos seis años, según el cual hemos crecido gracias a la seguridad democrática, deberíamos seguir creciendo, ¿cierto? ¿O será que el crecimiento no fue producto de la seguridad democrática sino de la coyuntura económica mundial? ¿Qué pasará con la disminución de pobreza? Si nos atenemos a los discursos recientes, bastaría con que las políticas sociales locales continúen para seguir mejorando en los indicadores sociales. Y en las dos ciudades más importantes hay continuidad, formal por lo menos. Pero creo que la crisis económica tendrá impacto en las ciudades y hay que prepararse para un estancamiento de los avances sociales o para un aumento de la pequeña delincuencia. La próxima campaña presidencial se jugará en ese terreno.

Publicado El Nuevo Siglo 29-09-2008
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