¿Para dónde va el centro político?

Al centro político pertenece aquella porción de la sociedad que responde más a la lógica de cambios graduales que de defensa del statu quo o de cambios radicales. Pertenecen más aquellos que prefieren políticas concretas orientadas a resolver problemas en lugar de políticas apegadas a fundamentalismos ideológicos. La Encuesta Mundial de Valores había mostrado en 2005 que en Colombia, en una escala de 1 a 10 en la que 1 es izquierda y 10 derecha, un 5% de los encuestados se reconocía como de izquierda y un 18 % como de derecha. En esa escala, la gran mayoría se reconocieron como de centro político.

En el centro están los electores que indagan más por las capacidades de los hombres políticos, que por el color del trapo que agitan. Son mayoría en la Colombia urbana. El centro son los líderes con más capacidad de escucha y de aglutinación política que de división; con más capacidad de propuesta que de protesta. Para muchos de ellos las buenas ideas no tienen color político. Paradójicamente, los responsables políticos con talante de centro son minoría. Pero todos saben, o deberían saber, que la posibilidad de acceder al poder y gobernar bien está en esa franja. Por ello el reto para los partidos políticos está en la capacidad de seducir, sino incorporar, a esa franja del electorado.

No es gratuito el esfuerzo por construir imaginarios políticos. Algunos mencionan “un gran movimiento aglutinador” de partidos de centro y derecha para facilitar su éxito en las próximas elecciones. Se afirma también que el futuro político será de dos grandes movimientos, uno de izquierda representado por el Polo y otro que recoja el centro y la derecha. Es conocido el slogan del presidente de la República “mano firme, corazón grande”. El presidente del partido de la U ha acudido a la fórmula de “a la derecha en seguridad, económicamente en el centro y socialmente a la izquierda”.

Del otro lado se ha acudido a la fórmula de los “sectores democráticos”, convergencia de líderes y tendencias de izquierda histórica, de liberales, de conservadores tipo democristianos, de mockusianos, de fajardistas y de independientes. Para el Polo incluso, las cuentas recientes son claras: a los quinientos mil votos de izquierda de octubre de 2006, se habían sumado unos dos millones para las elecciones presidenciales, votos estos de centro político si se quiere.

El asunto no será de slogans o de frases. Los ciudadanos urbanos ya no votan por el color del trapo, sino por propuestas concretas. Y los líderes con talante de centro deberán asumir como bases para el diálogo político y la construcción de alianzas de gobierno, la fuerza de los argumentos y la discusión sobre propuestas concretas de gobierno y sobre soluciones técnicas y sustentadas a los problemas de los ciudadanos.

De hacia dónde se mueva el centro político, depende hacia dónde se moverá la política en Colombia. Queda por mirar de cerca cómo está compuesto ese pretendido centro político.

Artículo publicado El Nuevo Siglo 29-01-2007

La incapacidad del Estado en los territorios

Hay que decirlo, el control a las entidades territoriales no está funcionando. La captura del Estado en algunas regiones, antes por los intereses particulares del clientelismo, hoy por los intereses de la parapolítica, así lo demuestra. El zar anticorrupción ha manifestado que existen problemas de incapacidad del Estado central y sus organismos de control administrativo en los territorios para “evitar la captura de las instituciones (territoriales) por parte de grupos irregulares” (El Heraldo, 11-01-2007). En un esquema de descentralización y autonomía territorial, lo único que no se puede descentralizar es el control. Esta suele ser un principio enseñado en la ENA- Escuela de Nacional de Administración Pública de Francia. Y en Colombia este principio no se ha aplicado.

La Dirección de Apoyo Fiscal de Minhacienda había contribuido al mejoramiento de las finanzas de departamentos y municipios. Sin embargo, en materia de control de corrupción en esas mismas instancias, se sigue perdiendo la asignatura. Y no es que la corrupción sea exclusiva de las regiones y que las entidades del gobierno nacional sean inmunes al flagelo. Los casos bien conocidos de Invías hablan por sí solos. Pero el control de la corrupción en las regiones requiere de un manejo diferente.

La constitución de 1991 había consolidado un esquema de contralorías y personerías territoriales, pero estas actuaron muchas veces de manera inadecuada: en unos lados cohonestaron y en otros lo que hicieron fue oposición política. Ya hubo un avance, la anterior ley de ajuste fiscal llevó al cierre de aquellas en las cuales las finanzas de la entidad territorial no daban para su sostenimiento. Pero la estructura del sistema no cambió. Lo que se necesita es un control centralizado con la posibilidad un esquema de auditorías territoriales, que incluso pueden ser externas.

Por otro lado, como el diablo está en la norma, a través de actos administrativos de alcaldías y gobernaciones, así como de concejos y asambleas departamentales, también se están abriendo los espacios para la corrupción. Es necesaria un esquema de evaluación externa y cotidiana de la legalidad de estos actos. Y el esquema está inventado: los departamentos pueden asumir dicha responsabilidad en relación con los municipios y una instancia nacional en relación con los departamentos.

Es necesario igualmente contar con la posibilidad de intervención del Ejecutivo nacional en las entidades territoriales cuando los organismos de control encuentren actos graves de corrupción o de captura del Estado que atenten de manera grave contra la gobernabilidad del territorio. Tal esquema, con matices, existe en países con regímenes bien distintos como Francia, Estados Unidos o Brasil.

Pensar la descentralización, el ordenamiento territorial y la autonomía de las regiones y los territorios colombianos es más que el tema de transferencias a las regiones, las cuales no hay que recortar, sino todo lo contrario. Lo que debe ser objeto de mayor preocupación por parte del gobierno nacional es un arreglo institucional estructural que permita la prevención del riesgo de corrupción en las regiones y que blinde una inversión pública territorial eficaz y eficiente.

Publicado El Nuevo Siglo 22-01-2007

Lo que necesita Bogotá (3)

En 2006 Bogotá logró aprobar una reforma administrativa que debe ser un punto de partida para una gestión pública más coordinada y con liderazgos más visibles frente a los problemas de la ciudad. Se trata, después del Estatuto Orgánico de Bogotá, de la reforma más importante del Distrito Capital en 20 años. Se puede decir que están allí las bases para una mejor gobernabilidad “hacia adentro” de la administración.

Para lograr gobernabilidad hacia el territorio, las grandes ciudades también requieren una gestión descentralizada. Debe ser el caso de Bogotá, y también de Medellín, Cali y Barranquilla. A Bogotá le queda aún avanzar en dicho proceso. Durante el debate de la reforma administrativa hubo consenso entre Concejales, responsables de la Administración y representantes a la Cámara por Bogotá, para que la descentralización se aborde primero en el Congreso, con mayores posibilidades de profundización, más allá del margen de maniobra del Concejo y de la Administración en el tema.

Bogotá necesita descentralización territorial en su interior y sus veinte localidades mayor autonomía para ciertas competencias y recursos, así como mayores responsabilidades de rendición de cuentas e imputabilidad, pues en administración pública no puede haber autonomía sin control. Y esta descentralización territorial se requiere para seguir avanzando en la democratización de la ciudad y en la consolidación de su liderazgo. Una ciudad del tamaño de Bogotá tiene un déficit natural de democracia, pues entre 7 millones de habitantes, es difícil que un ciudadano común participe fácilmente en los asuntos públicos o interactúe con su administración, tal como ocurre en ciudades pequeñas e intermedias.

Es necesario entender que el desarrollo y la productividad de la ciudad, no son más que la sumatoria del desarrollo y la productividad de sus localidades. Empresarios, empresas, empleados, trabajadores, actúan sobre territorios locales y por ello la competitividad de Bogotá también depende de la posibilidad de sus localidades y barrios de participar en la construcción de condiciones que faciliten el desarrollo local.

Para todo esto se requiere una institucionalidad local fuerte, proactiva y proba con autonomía y experticia en la toma de decisiones sobre los asuntos locales. Existe para esto la necesidad, antes que elección popular de alcaldes locales, de plataformas institucionales locales que permitan mayor responsabilidad, mejores procesos y servicios, mejor planeación, mejores funcionarios, movilización de la capacidad política de los habitantes de la localidad, participación ciudadana efectiva y mayor sentimiento de identidad local, siempre en el marco de la unidad de la ciudad. Y todo a través de un proceso gradual y diferenciado según las especificidades de cada localidad, para poder llegar, en algunos años, a una redistribución conveniente de competencias entre el sector central de la administración y el sector local. Iniciar el proceso de manera sólida debe ser responsabilidad ineludible del próximo alcalde o alcaldesa mayor.

*Publicado en El Nuevo Siglo 13-01-2007

Lo que necesita Bogotá (2)

Por estos días de cabañuelas y cábalas, la ciudad comienza a abordar el tema del sucesor de Garzón. Suenan Peñalosa, Moreno Rojas, María Emma, Rafael Pardo. También apellidos conocidos como Santos (Pachito), Garzón (Angelino) y Uribe (Juan Gabriel). Sin dejar de lado otros aspirantes como Doña Leonor, Telésforo Pedraza, Eduardo Pizano, Clara López, Ovidio Claros, Antonio Galán, Rafael Nieto y hasta Cesar Caballero. El o la que resulte elegido(a) en octubre tiene la responsabilidad de darle continuidad al esquema de gobernabilidad de Bogotá y debe asumir temas estratégicos no agotados aún como la integración regional.

En el mundo actual es en las metrópolis donde se desarrollan las innovaciones económicas, sociales y políticas que sirven de referencia para el resto de un país. Este es el caso de Bogotá en los últimos 12 años. Continuar con este liderazgo requiere avances en la competitividad metropolitana y ello, paradójicamente, no es posible sin una visión que supere los límites urbanos. La garantía de ciertos bienes y servicios públicos está en los territorios vecinos a la Capital: abastecimientos en alimentos, agua, materiales de construcción, etc.; seguridad, producción de materias primas para su industria transformadora, infraestructura estratégica para los flujos económicos; esparcimiento para los ciudadanos, etc. Planear y desarrollar esquemas apropiados en cada uno de estos sectores no es tarea que pueda desarrollar sólo el Distrito y requiere una inscripción en el marco de una Región Metropolitana que comprenda a Bogotá y los municipios vecinos. Ya la Mesa de Planeación Regional Bogotá-Cundinamarca ha dado pasos conceptuales con importantes ejercicios de reflexión en algunos de estos temas. Pero hay que pasar a la acción y esto requiere de instituciones que materialicen la alianza entre Bogotá y sus vecinos para conducir y regular la acción pública.

Superadas divagaciones conceptuales sobre la ciudad-región, ahora el reto es la institucionalización de una Región Metropolitana con Bogotá y los 12 o 15 municipios vecinos, principalmente de la Sabana de Bogotá. Institucionalizar no es crear burocracia costosa y duplicar funciones como todavía creen algunos. El problema aquí no es de Estado grande o pequeño, sino de Estado estratégico y prospectivo. Una institución estable de carácter regional-metropolitano es necesaria para racionalizar la planificación, las decisiones y las acciones que superan los límites de Bogotá. Ello implica determinar cuáles son las funciones que debe cumplir y que no dupliquen las de los organismos que la conforman, lo cual es posible con el ordenamiento jurídico actual, simplemente aplicando la diferencia entre órgano competente y órgano ejecutor (la instancia metropolitana puede ejecutar acciones de competencia de las entidades que la conforman). Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Francia, entre otros, ya han construido de manera exitosa d institucionalidad regional en torno a sus metrópolis para atender retos similares a los de la región metropolitana de Bogotá.

De no avanzar en este frente, el Distrito tendrá dificultades para afrontar retos futuros de competitividad. Las condiciones históricas pueden estar dadas, es cuestión de capacidad de gobernabilidad, esto es, de acción, de decisión y de negociación política por parte del próximo alcalde o alcaldesa mayor.

*Publicado en El Nuevo Siglo 06-01-2007

Lo que necesita Bogotá (1)

Han aparecido en Bogotá, en vario puntos estratégico de la ciudad, vallas al parecer alusivas a una precandidata a la Alcaldía Mayor. “Bogotá necesita una vieja berraca” reza la propaganda. El mensaje de fondo pretende que Bogotá requiere de alguien providencial y además berraco; pero berraco para qué? Pareciera una alusión a una versión femenina del mesianismo y el caudillismo que tanto gustan en Colombia a la hora de elegir mandatarios. La valla da cuenta de una paradoja nuestra: la de una sociedad con ansias de postmodernismo, pero que se sustenta en una base premoderna que acude un caudillismo o a un mesianismo más propio de épocas feudales. No creo que Bogotá necesite una “vieja berraca”, ni un “man berraco”. Ya tiene suficiente el país con aquellos “manes berracos”, ahora en tránsito de Itaguí a Urrá.

Lo que necesita Bogotá es un estadista o una estadista. Con visión contemporánea del desarrollo urbano y con gran sensibilidad social. Capaz de gerenciar la ciudad y de representarla políticamente.

Ya se ha dicho mucho sobre lo que ha sido capaz de construir esta ciudad con el paso de cinco alcaldías de diferente ideología política, desde la centroderecha hasta la centro izquierda, que han sido capaces de construir sobre lo construido, en una especie de esquema de “gobernabilidad no formalizada”. En Bogotá, los responsables de la ciudad y sus equipos de trabajo, tal vez por una especie de lucidez política y social, han sido capaces de interpretar el momento histórico de la ciudad y darle continuidad a los temas estructurales de la misma: estabilidad en las finanzas públicas, diseño e inicio de del sistema de transporte masivo, política de seguridad ciudadana, modernización de la infraestructura pública, proyectos culturales, un proyecto educativo, etc. En la última alcaldía se han sumado a estos temas estructurales como la lucha contra el hambre y la pobreza y el esquema de salud más cercano al ciudadano.

El alcalde o la alcaldesa que necesita Bogotá debe tener menos de berraco o de berraca y más de estadista y visionario, para conducir las políticas ya consolidadas bajo un modelo incremental y para asumir políticas de choque pero racionales en asignaturas pendientes de la ciudad como la movilidad o venidas a menos como la ambiental. Debe tener menos de caudillo o de mesías y más de dirigente contemporáneo capaz de liderar procesos colectivos que determinan en la sociedad cómo se toman decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos. Se debe tratar de un hombre o de una mujer política capaces de interpretar las nuevas claves de la gobernabilidad urbana que como dice Le Galès aparece como un dispositivo de negociación y de cooperación entre una pluralidad de actores tanto de la sociedad civil, del sector económico y del mercado como del Estado.

*Publicado en El Nuevo Siglo 30-12-2006

Prospectiva 2007: parapolítica y elecciones

La prospectiva es una disciplina de ayuda al análisis del futuro, con mayor prestigio que la predicción, la previsión, la proyección o la vaticinación. Ayuda a la prospectiva la comprensión del pasado y la comprensión de la coyuntura. Conviene hacer prospectiva para anticipar acontecimientos en dos lógicas: una lógica de construcción escenarios alternativos a los analizados o una lógica de prevención de posibles efectos de los escenarios futuros. Con esas lógicas se aborda la prospectiva del país para el año próximo. 2007 será una especie de espejo de 2007. Si 2006 fue un año marcado por elecciones y parapolítica, 2007 será un año de parapolítica y elecciones, en ese orden.

Anticipar para construir otros escenarios. 2007 iniciará muy probablemente con nuevos congresistas llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que va a estrenar su propio aparato de producción de pruebas. La Fiscalía General seguramente hará lo propio con ex congresistas, ex –funcionarios y representantes de otros sectores, sumado al proceso de los líderes paramilitares en tránsito de Itaguí hacia Urrá. Las componentes de la verdad que surjan de esta acción de unas instituciones de justicia con intenciones de reposicionamiento en la opinión, irán marcando la agenda de medios y, par y paso, las respuestas del gobierno. De la exacerbación de la contradicción entre parapolítica y política honesta desvinculada del narcotráfico y del paramilitarismo podrían ir apareciendo los nuevos escenarios de la política, conformados exclusivamente por aquellos con agendas éticas y transparentes en cada uno de los partidos políticos. La pelea no será fácil pues, como se ha visto en partidos de diferentes tendencias, la fuerza de los políticos tradicionales no es pequeña frente a los nuevos políticos de opinión, más éticos y transparentes, pero sin las fuerzas de las maquinarias.

Anticipar para prevenir. La agenda de 2007 estará también marcada por las elecciones locales. En medio del escenario de la parapolítica preocupa la situación, aceptada también por el gobierno nacional, de varias regiones donde la captura del Estado es casi “caso de escuela”. Ejecutivos locales, agencias descentralizadas del sector salud, agencias desconcentradas de sectores de hacienda, de la seguridad, del agro, organismos de control, etc., capturados por intereses afines a la parapolítica. Parafraseando al comisionado de paz, se trata de la “matriz institucional” del paramilitarismo, que aún cabalga cómoda sobre las redes clientelares tradicionales, con un agravante, la desviación de recursos o de decisiones no se han hecho sólo para favorecer intereses particulares sino para alimentar aparatos militares o logísticas de guerra. En un escenario regional en el que, como dice Duncan en Los Señores de la Guerra, los principales bienes transables son coca y votos, y con los antecedentes de 2002, y según algunos estudios exploratorias también de 2006, sobre la coacción de los electores, cómo garantizar elecciones transparentes y sin coacción de la parapolítica? El gobierno nacional, la registraduría, la procuraduría, la fiscalía, los gobiernos locales y demás actores deberían concebir, frente a este escenario, una estrategia de prevención y de blindaje de las elecciones locales como jamás se ha visto. Se debe prevenir, además con una muy fuerte participación de la veeduría internacional.

*Publicado en El Nuevo Siglo 23-12-2006

La Justicia y el Polo: instituciones del año

Por esta época comienzan los balances y análisis retrospectivos de lo ocurrido en 2006. La mayor parte de los medios y analistas buscan el “personaje del año”. Esta columna, acudiendo a la idea según la cual “los hombres pasan, las instituciones quedan”, quiere proponer, con lo subjetivo que ello pueda resultar, las instituciones del año. Es cierto que el hecho del año ha sido la crisis político-institucional, pero también es cierto que no todas las instituciones han resultado afectadas. En particular, dos de estas últimas pueden ser propuestas como las instituciones del año: La Justicia y el Polo Democrático Alternativo.

1. La Justicia demostró que cuando actúa, la sociedad colombiana progresa. La Corte Constitucional ha sido ejemplar en la defensa de los derechos y en 2006 se despenalizó el aborto en situaciones extremos, dando un paso mas hacia una sociedad más abierta y apegada a las libertades individuales. La Corte Suprema de Justicia ha asumido con valentía el proceso de la para-política. Ha iniciado con decoro el proceso de investigación del peor flagelo que ha afectado la institucionalidad colombiana: la captura del Estado por parte del fenómeno narcoparamilitar. El reto de 2007 es concluir de manera efectiva los procesos iniciados y no escatimar esfuerzos para ir hasta las últimas consecuencias en el desmonte de este aparato. Dos puntos vulnerables deben ser atendidos: El Gobierno Nacional y la Fiscalía deben poner a disposición de la Corte Suprema toda la capacidad de producción de pruebas, pues se sabe de las limitaciones operativas de la Corte en esta materia. Hay que ser vigilantes de las estrategias para “enlodar” el nombre de los magistrados con el fin de limitar su capacidad de acción y de decisión. No es exagerado decir que de los resultados que arroje este crucial proceso depende el futuro de una política depurada y decente, y de unas instituciones menos vulnerables y más confiables. Con justicia tiene esperanza la democracia.

2. El Polo Democrático Alternativo, a pesar de su juventud, fue el partido político del año. Logró un exitoso congreso de unidad entre los grupos históricos de la izquierda, rechazó explícita y rotundamente la acción armada de las guerrillas y ya logró demostrar capacidad práctica para gobernar en Bogotá, el Valle y Nariño. El reto para 2007 es organizarse como un partido abierto a la ciudadanía y capaz de congregar, a los 500.000 simpatizantes de izquierda que votaron para el Congreso de unidad y que forman parte de las estructuras militantes, a los otros dos millones de colombianos de centro que lo acompañaron en la última elección presidencial y a una mayoría de colombianos demócratas. Esto será posible en la medida en que se profundice y se hagan explícitas propuestas progresistas y concretas frente a los diferentes problemas del país y de las regiones. En la medida en que sea más un partido de propuesta que de protesta. Y en la medida en que se demuestren prácticas alejadas de los arreglos electoreros y clientelares de la política tradicional. Con partidos democráticos y abiertos tiene esperanza la política.

Addenda: Y también hay que destacar en 2006 a la mayoría de los grandes medios de comunicación como la institución que más ha incidido para develar los enredos y las tristes figuras de la para-política. Que sigan así en 2007.

*Publicado en El Nuevo Siglo 16-12-2006

“Te llamo para una molestia”

“Mira viejito, te llamo para una molestia…”, le dijo, según la revista Semana (03-12-2006), Francisco Obando al Magistrado Escobar para pedirle que interviniera ante dos jueces con el fin de ayudar a un amigo suyo y de Giorgio Sale.

Según la página web de la presidencia de la República en 2001, “el costo de la corrupción ascendió a US$2,240 millones” es decir 2,6% del PIB del mismo año, y “en sobornos… el costo de la corrupción fue de cerca de US$480 millones y por desviación de recursos de US$1,760 millones”.

El columnista Alejandro Gaviria ha sostenido que en materia de infraestructura el gobierno nacional ha mostrado una doble cara: “la cara programática en los planes y la cara clientelista en la práctica” (El Espectador, 25-11-2006). Y que además, el plan 2500, bandera del gobierno nacional, ha sido objeto de la corrupción contractual. Contratos por mas de 4000 millones de pesos entregados al esposo de la secretaria del director del Invías, constituyen cuando menos un acto de indelicadeza.

Según Confecámaras con su encuesta de probidad, en 2006 los contratistas del sector público pagaron en promedio el 13,53 por ciento del valor de los contratos en sobornos (en Barranquilla la cifra es del 20,84 por ciento).

En todos estos casos seguramente ha existido un lobby, por debajo de la mesa, ante funcionarios del Estado. La politiquería y el clientelismo no han menguado en Colombia.

Más allá de las implicaciones penales y administrativas, de las cuales deben ocuparse las autoridades correspondientes, estos casos muestran cómo se sigue accediendo al Estado y a la contratación pública. El primer paso para la ilegalidad y la corrupción es la indelicadeza en la relación entre los ciudadanos (influyentes la mayoría de los casos) y los agentes del Estado. “Ayúdame con esto” o “te quiero pedir un favor” formalizan una cultura del atajo para acceder de manera privilegiada a algún responsable público, para acelerar un trámite, para favorecer intereses particulares, para orientar términos de referencia (“cargar los dados”), para introducir elementos en normas (los famosos micos), etc.

La corrupción, la politiquería y el clientelismo son problemas multidimensionales, cierto, pero se potencian o se menguan según la forma en que se da el lobby. Por ello el lobby está debidamente regulado en democracias serias. No es el caso de Colombia donde no se hace bien o se hace con intenciones non sanctas. Para un mejor control, para prevenir la captura del Estado y para que definitivamente se acabe el “te llamo para una molestia” se requieren reglas de juego y principios claros:

• La justicia NO admite lobby alguno,
• Los lobbystas deben estar inscritos ante el Estado para conocer abiertamente quienes son (personas y firmas), cuales son sus especialidades y bajo qué condiciones actúan,
• Debe ser de conocimiento público cuánto ganan los lobbystas en comisiones en los procesos orientados a facilitar medios o a lograr resultados,
• Deben reglamentarse los productos específicos que se pueden ofrecer en el lobby político, en el lobby técnico y en el lobby de apoyo,
• La Administración Pública debe estar preparada para atender el lobby técnico y sobretodo deben prohibirse los lobbys no reglamentados.

*Publicado en El Nuevo Siglo 09-12-2006

A tomar decisiones

Crisis es todo evento o fenómeno que genera daño, disfunción o perjuicio a uno o a varios elementos de un sistema, con tal magnitud que induce un cambio en las dinámicas del mismo. Es ni más ni menos lo que ocurre actualmente con el sistema político institucional colombiano en muchos de sus componentes: alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios al servicio del aparato paramilitar; candidatos disuadidos de participar en las elecciones a través de amenaza, recursos públicos destinados a obras públicas y a salud desviados hacia la guerra a través de un sofisticado y descarado aparato de corrupción. También hay que agregar a la crisis: la alteración de expedientes y la filtración de información del DAS a los paramilitares; la detención de diputados de Sucre por nexos paramilitares; la orden de captura contra un ex - gobernador de Sucre y reciente embajador en Santiago; la orden de captura a cuatro congresistas por nexos paramilitares, la captura de una ex representante por complicidad con los paramilitares; el reconocimiento de que al menos 40 políticos firmaron acuerdos con paramilitares y, como si fuera poco, un congresista que advierte que si vienen por él, también vienen por la Canciller y por el Presidente.

Las responsabilidades penales individuales de todas estas personas no admiten solidaridad por parte de las instituciones a las que representan o representaron. Pero es inevitable que la opinión pública establezca un lazo y los asocie con crisis en dichas instituciones: el Congreso, los partidos políticos a los cuales han pertenecido, las entidades territoriales que han liderado, las entidades públicas a las que han afectado. Hasta la Cancillería ha resultado mancillada en todo esto, por cuenta de las pilatunas del hermano de la canciller. La parapolítica ha tocado y afectado el sistema político institucional colombiano. Y existe el presagio de que la crisis tiende a empeorar.

Pero existen diferentes visiones sobre la crisis. Unos apuntan que no es la peor de las crisis político institucionales. Algunos en cambio siguen empeñados en no ver la crisis. Pero para manejar y solucionar la crisis, el primer paso es reconocerla en toda su dimensión. Y el segundo, construir confianza con decisiones estructurales para enfrentarla.

El presidente Uribe debe tomar decisiones de fondo o generar los espacios para que estas se tomen por la entidad que corresponda. Las decisiones deben apuntar a reducir la vulnerabilidad política y estructural de diversas instituciones:

1. El presidente debe recomponer su gabinete, así como el equipo de trabajo de varias entidades, con un criterio fundamental: que sobre los funcionarios no exista la más mínima duda de relaciones directas o indirectas con la parapolítica.
2. Se debe llamar de nuevo a elecciones parlamentarias en las circunscripciones en las cuales se han elegido fraudulentamente, con coacción paramilitar, más de 40 congresistas, según dicen algunos.
3. Se debe analizar la pertinencia del voto obligatorio. Cuando uno de cada dos colombianos se abstiene de votar, la vulnerabilidad del sistema aumenta pues un menor tamaño de la población votante facilita la coacción por parte de actores armados.
4. Se debe actuar de manera focalizada y multisectorial para sanear y recuperar la institucionalidad en las regiones más afectadas: entidades de salud, administraciones locales, registradurías territoriales y organismos de control territorial. Propuestas como la del Vicepresidente Santos para intervenir regiones en las que se haya perdido el imperio de la ley y la legitimidad institucional, no hay que mirarlas con desdén.
5. La oficina anticorrupción debe ser fortalecida y respaldada para que actúe con mayor fuerza en la denuncia y mayor capacidad en la prevención de la corrupción, en zonas en las que la parapolítica ha capturado en forma dolosa recursos públicos destinados a obras públicas y a salud.
6. Se deben producir esquemas especiales de control y prevención de la corrupción en entidades con alta exposición a la delincuencia organizada como el DAS.
7. Se debe poner a disposición de la Corte Suprema de Justicia toda la capacidad del aparato de producción de pruebas del Estado para que el proceso de investigación de la parapolítica avance con mayor rapidez y seguridad.

*Publicado en El Nuevo Siglo 02-12-2006

Seguridad Ciudadana: El manifiesto de Zaragoza

Responsables, expertos y analistas de la seguridad andan ocupados por estos días de las relaciones entre para-política, crimen organizado, narcotráfico y seguridad. Si bien es cierta la magnitud de la crisis que de ello resulta, no hay que dejar de lado el trabajo cotidiano sobre el delito común y sobre seguridad ciudadana, que pesa bastante en la construcción de la representación social o la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos de a pie.

En este sentido, tuvo lugar en los primeros días de noviembre en Zaragoza, España, la conferencia internacional del Foro Europeo de Seguridad Urbana – FESU sobre “Seguridad, Democracia y Ciudades”. Dicho evento, que congregó a más de 800 personas de ciudades europeas, africanas y de America Latina, se dedicó a analizar en 12 mesas temáticas los problemas de la seguridad en las ciudades y el papel de los gobiernos locales en la atención de los mismos.

Dicho evento ha producido el Manifiesto de Zaragoza, con el cual 50 ciudades del mundo, incluida Bogotá, recogen directrices para la seguridad urbana. En contraposición a visiones tradicionales de la seguridad nacional, para las ciudades “la seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado con otros bienes comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la cultura. Hay que sustituir cualquier estrategia que utilice el miedo por otras que favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación del territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia…”. Esta visión implica que trabajar en el acceso a los derechos en las ciudades, favorece a la larga el derecho a la seguridad.

El manifiesto insiste en que “el terrorismo se aprovecha de las desigualdades sociales y culturales que se dan en nuestra sociedad” y en que “toda respuesta que favorezca acciones discriminatorias que designen chivos expiatorios y que promuevan actitudes agresivas y racistas han de ser proscritas”. Por ello, como lo han planteado los dos últimos alcaldes de Bogotá, una respuesta eficaz contra el terrorismo en la ciudad debe contar, además de una responsabilidad claramente asumida por el gobierno nacional, con un trabajo de la administración distrital que, superando los problemas sociales de los barrios, le cierre el paso a la creación en las ciudades de un caldo de cultivo para el terrorismo.

El manifiesto también recuerda que “crear un ambiente seguro para los habitantes es el primer deber de los cargos políticos electos a escala local”. Por ello, “mediante la recualificación y la reconstrucción de los espacios públicos…, y el abastecimiento de un cierto número de servicios de base en el campo educativo, social y cultural, las ciudades tienen la capacidad de actuar sobre las causas y los efectos de la inseguridad”. En esta medida, se concibe que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no puede recaer sólo en las manos de la tríada justicia-policía-cárcel.

Frente a las demandas de uso partidista de la seguridad, que también ocurren en Colombia, el manifiesto de Zaragoza ha recordado que “el papel de los cargos políticos electos, tanto en situaciones de crisis como en sus acciones diarias, es permitir la unión de todos los habitantes de la ciudad sin importar sus orientaciones ideológicas y de genero, así como su pertenencia étnica, cultural, religiosa o a su situación jurídica”. Y esto es claro dado que el papel privilegiado de un alcalde es la tutela del respeto por la igualdad de todos a la hora de acceder a la seguridad como un bien público.

Para Bogotá en particular, el Manifiesto de Zaragoza invita a pensar sobre la incertidumbre que se generaría de no continuar el modelo de seguridad ciudadana que cuatro administraciones, del centro-derecha al centro-izquierda, han permitido construir en la ciudad y que hoy es un ejemplo para América Latina y para el mundo. No debe significar esto dormirse en los laureles y pensar que la receta es única y la misma para todo momento, sino por el contrario, explorar y anticipar los retos futuros que la seguridad ciudadana le depara a Bogotá para que la política pública de seguridad sepa adaptarse a las demandas de cada momento.

*Publicado en El Nuevo Siglo 24-11-2006

Con justicia tiene esperanza la democracia*

Para nadie es un secreto que entre las instituciones más desprestigiadas del país está la justicia. La impunidad, que es objetiva en Colombia, también genera percepción de inseguridad, así lo evidencian encuestas y sondeos de los últimos años en las principales ciudades. Y además contribuye objetiva y subjetivamente a la desigualdad: En Colombia “la justicia es para los de ruana” reza el proverbio de los abuelos.

En la última semana la justicia ha dado una señal en el sentido contrario y parafraseando otro adagio popular, a pesar de su cojera parece que puede llegar. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado jueves, calificada como valiente por editoriales y columnistas, de dictar medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación a los congresistas Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erik Morris Tabeada por sus nexos paramilitares han puesto a pensar a más de uno que, a pesar de todo, puede haber justicia en Colombia. Y esta decisión del alto tribunal sorprende precisamente porque no se parece precisamente a una justicia “sólo para los de ruana”. Por el contrario, si este proceso sigue su curso natural y deja ver no solamente la punta del iceberg, sino todo el iceberg completo, permitirá al Estado colombiano irse sacudiendo frente a la que tal vez es la mayor amenaza contra la democracia: la captura del Estado y la penetración social por parte de organizaciones criminales. El entramado de relaciones non sanctas en ciertas regiones, ligadas a fuerzas armadas no legales debería poder revelarse si las investigaciones y la acción judicial llegan hasta sus últimas consecuencias. Nada más esperanzador para las instituciones de la democracia colombiana.

Ojalá no se trate de una salida propia de una gestión sustentada en las encuestas. Sería desastroso para las instituciones colombianas, que además de un gobierno nacional que mide la temperatura de sus intervenciones en función de las encuestas (remember el energúmeno e “improvisado” discurso del presidente Uribe en la Escuela Superior de Guerra el día siguiente del atentado terrorista), ahora la justicia también tuviera en las encuestas su principal incentivo determinar la forma de actuar y de comunicar sus acciones.

Hay que estar vigilantes de una justicia que actúe en respuesta a las encuestas. En cambio, hay que saludar, rodear e impulsar una acción cotidiana de las instituciones de justicia parecida a la de la semana pasada. Y en ello los partidos y los líderes políticos, alejados de los extremismos de la izquierda ultraradical o de la derecha desmesurada, deben rodear a las instituciones de justicia. Porque no son pocas las vulnerabilidades que también crecen al lado de una acción judicial apropiada, tal como lo puede recordar Colombia en la época de Pablo Escobar o, para ir a otros parajes, lo ha vivido la justicia de Italia en su tenaz lucha contra las mafias de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. Tal vez sea ocasión de recordar y relanzar el llamado a acuerdo sobre lo fundamental en materia de instituciones de justicia como lo hiciera el fundador de este diario en sus últimos años.

No es pequeño el reto para las instituciones de la justicia colombiana: Convertir en permanente la sensación de justicia que acompaña su actuación de la semana anterior. Porque una visión progresista de la democracia colombiana pasa por fortalecer dos pilares fundamentales: una justicia que funcione “no solo para los de ruana” y una fuerza pública policial más ciudadana y menos militarista.

*Publicado en El Nuevo Siglo 18-11-2006