En 2006 Bogotá logró aprobar una reforma administrativa que debe ser un punto de partida para una gestión pública más coordinada y con liderazgos más visibles frente a los problemas de la ciudad. Se trata, después del Estatuto Orgánico de Bogotá, de la reforma más importante del Distrito Capital en 20 años. Se puede decir que están allí las bases para una mejor gobernabilidad “hacia adentro” de la administración.
Para lograr gobernabilidad hacia el territorio, las grandes ciudades también requieren una gestión descentralizada. Debe ser el caso de Bogotá, y también de Medellín, Cali y Barranquilla. A Bogotá le queda aún avanzar en dicho proceso. Durante el debate de la reforma administrativa hubo consenso entre Concejales, responsables de la Administración y representantes a la Cámara por Bogotá, para que la descentralización se aborde primero en el Congreso, con mayores posibilidades de profundización, más allá del margen de maniobra del Concejo y de la Administración en el tema.
Bogotá necesita descentralización territorial en su interior y sus veinte localidades mayor autonomía para ciertas competencias y recursos, así como mayores responsabilidades de rendición de cuentas e imputabilidad, pues en administración pública no puede haber autonomía sin control. Y esta descentralización territorial se requiere para seguir avanzando en la democratización de la ciudad y en la consolidación de su liderazgo. Una ciudad del tamaño de Bogotá tiene un déficit natural de democracia, pues entre 7 millones de habitantes, es difícil que un ciudadano común participe fácilmente en los asuntos públicos o interactúe con su administración, tal como ocurre en ciudades pequeñas e intermedias.
Es necesario entender que el desarrollo y la productividad de la ciudad, no son más que la sumatoria del desarrollo y la productividad de sus localidades. Empresarios, empresas, empleados, trabajadores, actúan sobre territorios locales y por ello la competitividad de Bogotá también depende de la posibilidad de sus localidades y barrios de participar en la construcción de condiciones que faciliten el desarrollo local.
Para todo esto se requiere una institucionalidad local fuerte, proactiva y proba con autonomía y experticia en la toma de decisiones sobre los asuntos locales. Existe para esto la necesidad, antes que elección popular de alcaldes locales, de plataformas institucionales locales que permitan mayor responsabilidad, mejores procesos y servicios, mejor planeación, mejores funcionarios, movilización de la capacidad política de los habitantes de la localidad, participación ciudadana efectiva y mayor sentimiento de identidad local, siempre en el marco de la unidad de la ciudad. Y todo a través de un proceso gradual y diferenciado según las especificidades de cada localidad, para poder llegar, en algunos años, a una redistribución conveniente de competencias entre el sector central de la administración y el sector local. Iniciar el proceso de manera sólida debe ser responsabilidad ineludible del próximo alcalde o alcaldesa mayor.
*Publicado en El Nuevo Siglo 13-01-2007
Para lograr gobernabilidad hacia el territorio, las grandes ciudades también requieren una gestión descentralizada. Debe ser el caso de Bogotá, y también de Medellín, Cali y Barranquilla. A Bogotá le queda aún avanzar en dicho proceso. Durante el debate de la reforma administrativa hubo consenso entre Concejales, responsables de la Administración y representantes a la Cámara por Bogotá, para que la descentralización se aborde primero en el Congreso, con mayores posibilidades de profundización, más allá del margen de maniobra del Concejo y de la Administración en el tema.
Bogotá necesita descentralización territorial en su interior y sus veinte localidades mayor autonomía para ciertas competencias y recursos, así como mayores responsabilidades de rendición de cuentas e imputabilidad, pues en administración pública no puede haber autonomía sin control. Y esta descentralización territorial se requiere para seguir avanzando en la democratización de la ciudad y en la consolidación de su liderazgo. Una ciudad del tamaño de Bogotá tiene un déficit natural de democracia, pues entre 7 millones de habitantes, es difícil que un ciudadano común participe fácilmente en los asuntos públicos o interactúe con su administración, tal como ocurre en ciudades pequeñas e intermedias.
Es necesario entender que el desarrollo y la productividad de la ciudad, no son más que la sumatoria del desarrollo y la productividad de sus localidades. Empresarios, empresas, empleados, trabajadores, actúan sobre territorios locales y por ello la competitividad de Bogotá también depende de la posibilidad de sus localidades y barrios de participar en la construcción de condiciones que faciliten el desarrollo local.
Para todo esto se requiere una institucionalidad local fuerte, proactiva y proba con autonomía y experticia en la toma de decisiones sobre los asuntos locales. Existe para esto la necesidad, antes que elección popular de alcaldes locales, de plataformas institucionales locales que permitan mayor responsabilidad, mejores procesos y servicios, mejor planeación, mejores funcionarios, movilización de la capacidad política de los habitantes de la localidad, participación ciudadana efectiva y mayor sentimiento de identidad local, siempre en el marco de la unidad de la ciudad. Y todo a través de un proceso gradual y diferenciado según las especificidades de cada localidad, para poder llegar, en algunos años, a una redistribución conveniente de competencias entre el sector central de la administración y el sector local. Iniciar el proceso de manera sólida debe ser responsabilidad ineludible del próximo alcalde o alcaldesa mayor.
*Publicado en El Nuevo Siglo 13-01-2007
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