Responsables, expertos y analistas de la seguridad andan ocupados por estos días de las relaciones entre para-política, crimen organizado, narcotráfico y seguridad. Si bien es cierta la magnitud de la crisis que de ello resulta, no hay que dejar de lado el trabajo cotidiano sobre el delito común y sobre seguridad ciudadana, que pesa bastante en la construcción de la representación social o la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos de a pie.
En este sentido, tuvo lugar en los primeros días de noviembre en Zaragoza, España, la conferencia internacional del Foro Europeo de Seguridad Urbana – FESU sobre “Seguridad, Democracia y Ciudades”. Dicho evento, que congregó a más de 800 personas de ciudades europeas, africanas y de America Latina, se dedicó a analizar en 12 mesas temáticas los problemas de la seguridad en las ciudades y el papel de los gobiernos locales en la atención de los mismos.
Dicho evento ha producido el Manifiesto de Zaragoza, con el cual 50 ciudades del mundo, incluida Bogotá, recogen directrices para la seguridad urbana. En contraposición a visiones tradicionales de la seguridad nacional, para las ciudades “la seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado con otros bienes comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la cultura. Hay que sustituir cualquier estrategia que utilice el miedo por otras que favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación del territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia…”. Esta visión implica que trabajar en el acceso a los derechos en las ciudades, favorece a la larga el derecho a la seguridad.
El manifiesto insiste en que “el terrorismo se aprovecha de las desigualdades sociales y culturales que se dan en nuestra sociedad” y en que “toda respuesta que favorezca acciones discriminatorias que designen chivos expiatorios y que promuevan actitudes agresivas y racistas han de ser proscritas”. Por ello, como lo han planteado los dos últimos alcaldes de Bogotá, una respuesta eficaz contra el terrorismo en la ciudad debe contar, además de una responsabilidad claramente asumida por el gobierno nacional, con un trabajo de la administración distrital que, superando los problemas sociales de los barrios, le cierre el paso a la creación en las ciudades de un caldo de cultivo para el terrorismo.
El manifiesto también recuerda que “crear un ambiente seguro para los habitantes es el primer deber de los cargos políticos electos a escala local”. Por ello, “mediante la recualificación y la reconstrucción de los espacios públicos…, y el abastecimiento de un cierto número de servicios de base en el campo educativo, social y cultural, las ciudades tienen la capacidad de actuar sobre las causas y los efectos de la inseguridad”. En esta medida, se concibe que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no puede recaer sólo en las manos de la tríada justicia-policía-cárcel.
Frente a las demandas de uso partidista de la seguridad, que también ocurren en Colombia, el manifiesto de Zaragoza ha recordado que “el papel de los cargos políticos electos, tanto en situaciones de crisis como en sus acciones diarias, es permitir la unión de todos los habitantes de la ciudad sin importar sus orientaciones ideológicas y de genero, así como su pertenencia étnica, cultural, religiosa o a su situación jurídica”. Y esto es claro dado que el papel privilegiado de un alcalde es la tutela del respeto por la igualdad de todos a la hora de acceder a la seguridad como un bien público.
Para Bogotá en particular, el Manifiesto de Zaragoza invita a pensar sobre la incertidumbre que se generaría de no continuar el modelo de seguridad ciudadana que cuatro administraciones, del centro-derecha al centro-izquierda, han permitido construir en la ciudad y que hoy es un ejemplo para América Latina y para el mundo. No debe significar esto dormirse en los laureles y pensar que la receta es única y la misma para todo momento, sino por el contrario, explorar y anticipar los retos futuros que la seguridad ciudadana le depara a Bogotá para que la política pública de seguridad sepa adaptarse a las demandas de cada momento.
*Publicado en El Nuevo Siglo 24-11-2006
En este sentido, tuvo lugar en los primeros días de noviembre en Zaragoza, España, la conferencia internacional del Foro Europeo de Seguridad Urbana – FESU sobre “Seguridad, Democracia y Ciudades”. Dicho evento, que congregó a más de 800 personas de ciudades europeas, africanas y de America Latina, se dedicó a analizar en 12 mesas temáticas los problemas de la seguridad en las ciudades y el papel de los gobiernos locales en la atención de los mismos.
Dicho evento ha producido el Manifiesto de Zaragoza, con el cual 50 ciudades del mundo, incluida Bogotá, recogen directrices para la seguridad urbana. En contraposición a visiones tradicionales de la seguridad nacional, para las ciudades “la seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado con otros bienes comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la cultura. Hay que sustituir cualquier estrategia que utilice el miedo por otras que favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación del territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia…”. Esta visión implica que trabajar en el acceso a los derechos en las ciudades, favorece a la larga el derecho a la seguridad.
El manifiesto insiste en que “el terrorismo se aprovecha de las desigualdades sociales y culturales que se dan en nuestra sociedad” y en que “toda respuesta que favorezca acciones discriminatorias que designen chivos expiatorios y que promuevan actitudes agresivas y racistas han de ser proscritas”. Por ello, como lo han planteado los dos últimos alcaldes de Bogotá, una respuesta eficaz contra el terrorismo en la ciudad debe contar, además de una responsabilidad claramente asumida por el gobierno nacional, con un trabajo de la administración distrital que, superando los problemas sociales de los barrios, le cierre el paso a la creación en las ciudades de un caldo de cultivo para el terrorismo.
El manifiesto también recuerda que “crear un ambiente seguro para los habitantes es el primer deber de los cargos políticos electos a escala local”. Por ello, “mediante la recualificación y la reconstrucción de los espacios públicos…, y el abastecimiento de un cierto número de servicios de base en el campo educativo, social y cultural, las ciudades tienen la capacidad de actuar sobre las causas y los efectos de la inseguridad”. En esta medida, se concibe que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no puede recaer sólo en las manos de la tríada justicia-policía-cárcel.
Frente a las demandas de uso partidista de la seguridad, que también ocurren en Colombia, el manifiesto de Zaragoza ha recordado que “el papel de los cargos políticos electos, tanto en situaciones de crisis como en sus acciones diarias, es permitir la unión de todos los habitantes de la ciudad sin importar sus orientaciones ideológicas y de genero, así como su pertenencia étnica, cultural, religiosa o a su situación jurídica”. Y esto es claro dado que el papel privilegiado de un alcalde es la tutela del respeto por la igualdad de todos a la hora de acceder a la seguridad como un bien público.
Para Bogotá en particular, el Manifiesto de Zaragoza invita a pensar sobre la incertidumbre que se generaría de no continuar el modelo de seguridad ciudadana que cuatro administraciones, del centro-derecha al centro-izquierda, han permitido construir en la ciudad y que hoy es un ejemplo para América Latina y para el mundo. No debe significar esto dormirse en los laureles y pensar que la receta es única y la misma para todo momento, sino por el contrario, explorar y anticipar los retos futuros que la seguridad ciudadana le depara a Bogotá para que la política pública de seguridad sepa adaptarse a las demandas de cada momento.
*Publicado en El Nuevo Siglo 24-11-2006
No hay comentarios.:
Publicar un comentario