La seguridad urbana ha mostrado evidencias que deben despertar algunas alertas en las ciudades este año. Y en todo caso hay que preguntarse porqué la política de seguridad democrática no tiene incidencia en las grandes ciudades. Que el homicidio haya aumentado ligeramente en Medellín y que la percepción de inseguridad aumente en Bogotá, parece estar asociado a un tema: la lucha por el poder entre bandas criminales desarticuladas en la primera y la acción de grupos de delincuencia organizada en la segunda. Y en este contexto las políticas locales de convivencia no pueden tener mucha incidencia. Frente a los relictos de grupos armados organizados, posteriores a la desmovilización, y frente a la acción de organizaciones delincuenciales especializadas en delitos de alto impacto, lo efectivo es una verdadera política criminal, que no existe en Colombia. Al menos no una política seria, a pesar de que muchas entidades utilizan el término en sus documentos o para denominar comisiones.
La política de seguridad democrática no es una política criminal. No fue concebida para desarrollar una secuencia lógica de objetivos, metas, estrategias, medios, recursos y coordinaciones institucionales, orientadas a combatir el crimen y a desarticular la delincuencia en las ciudades. Se requiere una política criminal que permita identificar y caracterizar bien las diferentes modalidades delincuenciales, los modus operandi de las bandas criminales en las ciudades, los perfiles de los delincuentes y los entornos y circunstancias en los que desarrollan sus actividades, así como los factores que determinan la condición de las víctimas. Sólo siguiendo este camino es posible producir nuevos resultados en la lucha contra la violencia homicida instrumental y los delitos de alto impacto en las grandes ciudades. Es el punto de partida para diseñar un nuevo y permanente esquema coordinado de acciones de la fuerza pública y los organismos de investigación: policía operativa, policía judicial, CTI y fiscalía.
La fórmula de la seguridad democrática para combatir la guerrilla y los paramilitares en las zonas rurales, no ha funcionado en las ciudades. Y política criminal no es solamente reunir un grupo de personalidades para definir el tamaño de las penas o para tipificar nuevos delitos, como a veces se piensa en el Ministerio del Interior y de Justicia.
No habría que extrañarse de aumentos en las cifras objetivas de la criminalidad en algunas ciudades o del aumento de la percepción de inseguridad en otras, si desde el Ministerio del Interior y de Justicia no se toma en serio la construcción de una política criminal que sirva de complemento al esfuerzo que ciudades como Bogotá y Medellín hacen con sus políticas de seguridad ciudadana y convivencia, y que han sido importantes para tratar los problemas de incivilidad y convivencia, y muchos rasgos de la violencia impulsiva y delincuencia común. Porque lo cierto es que cuando los “muertos están pagos”, no hay política local que valga.
Publicado El Nuevo Siglo 20-10-2008
Publicado www.lapalabradigital.com
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