Se presenta esta semana el libro de ONU-Habitat “Seguridad urbana y hábitat: tendencias, prevención y gobernanza de la seguridad” editado por este columnista y por Fabio Giraldo. Es la ocasión para recordar a alcaldes, a planificadores, funcionarios nacionales y comandantes de policía, que la seguridad en las ciudades del mundo está íntimamente ligada a las intervenciones que buscan el desarrollo urbano. No hay seguridad sin una perspectiva integral del hábitat y de la ciudad.
Lo más importante de una perspectiva de seguridad asumida desde lo urbano es la integralidad. Una buena política de seguridad urbana y convivencia debe combinar aspectos como: fortalecimiento institucional, política de espacio público físico, integración del concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, territorialización de la política pública y corresponsabilidad. Esto debe sumarse a los aspectos tradicionales de la concepción de la seguridad que en este país asumieron el eslogan de “zanahoria y garrote”.
El ciudadano urbano mejor informado está aumentando la demanda por una política de seguridad urbana más eficaz. Frente a esto, se requieren nuevos desarrollos, nuevas capacidades de análisis, todo orientado a una nueva visión política de seguridad urbana y la convivencia para el largo plazo que surja de los diálogos y debates políticos y ciudadanos sobre los retos que cada ciudad debe enfrentar y estar en capacidad de anticipar. La prevención efectiva de los problemas de delincuencia y convivencia en las ciudades, significará mayores exigencias a las autoridades locales y la policía urbana. Por ello, las ciudades deben fortalecer sus capacidades para: a) administrar y gerenciar los temas de convivencia y seguridad urbana, b) garantizar el ejercicio de los derechos a la seguridad y las libertades públicas por parte de los ciudadanos; c) medir la criminalidad, la violencia y la percepción de inseguridad; d) abordar integralmente todos los problemas de civismo y convivencia ciudadana, las manifestaciones de la violencia y la delincuencia, además de prepararse para rechazar los impactos de la criminalidad organizada; y e) concebir y fortalecer una política de orden social que permita construir una sociedad urbana más justa, en donde prime la cohesión social.
Los gobiernos nacionales, tradicionalmente reacios a la participación de los gobiernos locales en las políticas de seguridad urbana, deben comprender que la importancia de la tarea de las ciudades en las políticas de seguridad está la prevención. Aunque resulta obvio, no sobra insistir en que es en el ámbito local donde se materializan las políticas públicas y las intervenciones sociales. En esta medida, el acceso y el derecho a otros bienes públicos en la ciudad favorece el derecho al bien público de la seguridad.
En este escenario, la obligación de las autoridades locales es asumir el liderazgo, la de las nacionales, permitirlo, y la de la policía, integrarse activamente a las políticas integrales de desarrollo urbano. Será lo único que funcione en el futuro.
Publicado El Nuevo Siglo 19-10-2009
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