Bogotá necesita una Secretaría de Seguridad Pública. Es importante que la capital desarrolle un esquema institucional específico para el manejo de la seguridad ciudadana y la convivencia y que integre los diferentes componentes (coerción, prevención, solidaridad). Debe dársele un manejo autónomo y un nuevo liderazgo a esta política, de tal forma que se faciliten las relaciones entre el gobierno distrital, la policía y las agencias del Estado, nacionales como distritales, que deben intervenir para seguir avanzando en la seguridad de los bogotanos.
Bogotá se ha venido consolidando en América Latina como un ejemplo a seguir en materia de política de seguridad ciudadana y convivencia. Los resultados desde la administración de Jaime Castro, y a los que han contribuido Mockus, Peñalosa y Garzón, han sido positivos en relación con todo aquello que es objeto de medición: cuatro tipos de muertes violentas y siete delitos calificados como de alto impacto. Pero responder efectivamente a los nuevos retos de la seguridad ciudadana, puede necesitar un empuje institucional decidido que permita, entre otros puntos: a)Darle estatus de miembro del gabinete al principal asesor del Alcalde en materia de seguridad ciudadana; b)Darle un manejo integrado y con un direccionamiento único a las diferentes componentes de la seguridad pública; c)Institucionalizar la coordinación de los servicios de prevención social de la delincuencia y, en consecuencia, d)Manejar de manera concentrada y coordinada con la política los recursos y fondos existentes; e)Institucionalizar y fortalecer los programas de atención a las víctimas iniciados recientemente; f)Implementar una gran encuesta de victimización que complemente las cifras oficiales y que visibilice muchas conductas no registradas por las denuncias ciudadanas.
Ya se ha dicho que, a pesar de que las cifras oficiales mejoren, no es raro que la percepción de inseguridad ciudadana en el futuro desmejore. Se trata de un fenómeno normal, según el cual, la evolución social y económica de una sociedad la puede hacer más aversa al riesgo. Es el caso de Bogotá, donde además la capacidad de demanda ciudadana que se había desarrollado en los 90s frente a los delitos contra la vida y la libertad, se ha trasladado ahora, paradójicamente gracias a los resultados de la política pública, hacia otras conductas como el atraco callejero y las violencias cotidianas y domésticas. Lo que se haga para concentrar y visibilizar más la institucionalidad distrital para la seguridad pública, tendría un impacto positivo directo en la percepción.
La posesión del alcalde Moreno Rojas sería ocasión apropiada para llegar, con el apoyo de la coalición de gobierno, con la propuesta y el cronograma para poner en marcha la Secretaría de Seguridad Pública. Sería este un logro más de las grandes ciudades de Colombia para construir reflejos de seguridad urbana, en necesario complemento a la lógica de la seguridad nacional que ha primado en las instituciones y actores nacionales.
Publicado El Nuevo Siglo 3-12-2007
Publicado www.lapalabradigital.com
Bogotá se ha venido consolidando en América Latina como un ejemplo a seguir en materia de política de seguridad ciudadana y convivencia. Los resultados desde la administración de Jaime Castro, y a los que han contribuido Mockus, Peñalosa y Garzón, han sido positivos en relación con todo aquello que es objeto de medición: cuatro tipos de muertes violentas y siete delitos calificados como de alto impacto. Pero responder efectivamente a los nuevos retos de la seguridad ciudadana, puede necesitar un empuje institucional decidido que permita, entre otros puntos: a)Darle estatus de miembro del gabinete al principal asesor del Alcalde en materia de seguridad ciudadana; b)Darle un manejo integrado y con un direccionamiento único a las diferentes componentes de la seguridad pública; c)Institucionalizar la coordinación de los servicios de prevención social de la delincuencia y, en consecuencia, d)Manejar de manera concentrada y coordinada con la política los recursos y fondos existentes; e)Institucionalizar y fortalecer los programas de atención a las víctimas iniciados recientemente; f)Implementar una gran encuesta de victimización que complemente las cifras oficiales y que visibilice muchas conductas no registradas por las denuncias ciudadanas.
Ya se ha dicho que, a pesar de que las cifras oficiales mejoren, no es raro que la percepción de inseguridad ciudadana en el futuro desmejore. Se trata de un fenómeno normal, según el cual, la evolución social y económica de una sociedad la puede hacer más aversa al riesgo. Es el caso de Bogotá, donde además la capacidad de demanda ciudadana que se había desarrollado en los 90s frente a los delitos contra la vida y la libertad, se ha trasladado ahora, paradójicamente gracias a los resultados de la política pública, hacia otras conductas como el atraco callejero y las violencias cotidianas y domésticas. Lo que se haga para concentrar y visibilizar más la institucionalidad distrital para la seguridad pública, tendría un impacto positivo directo en la percepción.
La posesión del alcalde Moreno Rojas sería ocasión apropiada para llegar, con el apoyo de la coalición de gobierno, con la propuesta y el cronograma para poner en marcha la Secretaría de Seguridad Pública. Sería este un logro más de las grandes ciudades de Colombia para construir reflejos de seguridad urbana, en necesario complemento a la lógica de la seguridad nacional que ha primado en las instituciones y actores nacionales.
Publicado El Nuevo Siglo 3-12-2007
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