Gitau Kamau es un joven keniano. No es de los famosos maratonistas que se conocen en todo el mundo y que han forjado su gran resistencia en el Valle del Rift, al occidente de Kenia, recorriendo desde pequeño unos dieciséis para ir de la casa a la escuela y regresar. La escuela de Kamau estaba mucho más cerca de su casa. Y por ello, en lugar de correr, Kamau dedicaba más tiempo de niño a jugar al futbol en las calles polvorientas de su pueblo Kitui. Y resultó ser un gran jugador, como tantos muchachos de las favelas de Rio de Janeiro, de Pescadito en Santa Marta o de Tumaco. Y de allí nació la ilusión que se convirtió en problema.
Kamau no escapó a los ojos de tantos “cazadores de talentos” que viajan por los pueblos africanos en busca de prospectos para el futbol internacional. Uno de esos cazatalentos identificó a Kamau cuando tenía trece años. Un día, a los catorce, Kamau recibió del cazatalentos la invitación a llevarlo a Europa. Y se fue con la ilusión del Barcelona, del Ajax o del Arsenal. Pero sólo había logrado entrar en la red de trata de personas que también lleva a jóvenes africanos a Europa, con los propósitos más disímiles y por supuesto ninguno de ellos bueno para un adolescente. Kamau logró afortunadamente escapar y fue acogido, gracias a alguien que en su refugio lo orientó, por una ONG que atiende adolescentes llevados a Europa con fines de explotación.
¿Además de la ilusión de ser un gran jugador de futbol hubo algo más que hiciera a Kamau una víctima fácil de esta red de trata de personas? Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, víctimas de estas redes tienen en común una serie de rasgos de vulnerabilidad social y económica. Uno de los intereses actuales de diferentes organismos internacionales es identificar estos elementos de vulnerabilidad en las ciudades origen de estos jóvenes. Si las características son semejantes y fueran agrupables, habría la posibilidad de intervenir de manera integrada en comunidades o barrios específicos de las ciudades origen, para reducir la vulnerabilidad económica y social que los hace presa fácil de la emigración ilegal inducida.
La emigración es un fenómeno propio de la dinámica de las sociedades. La emigración inducida por la coacción o el engaño para fines de explotación económica, es un delito. Sin embargo esta última ocurre con bastante frecuencia entre los países del sur y los países del norte. Más allá de las posiciones conservadores de algunos países del norte que ven en la inmigración uno de los mayores problemas, lo que el mundo necesita es mayor cooperación entre las ciudades origen y las ciudades de acogida de los migrantes. De esta manera los migrantes como Kamau serán menos objeto de explotación y no verán sus derechos abusados.
Publicado El Nuevo Siglo 23-11-2009
29 de noviembre de 2009
22 de noviembre de 2009
Volver a la Policía en las ciudades
Cuando fundó Scotland Yard en 1828, Sir Robert Peel propuso que un policía debería ser nada distinto a un ciudadano dedicado las 24 horas del día a las tareas básicas del ciudadano: velar porque los demás miembros de la comunidad pudieran gozar de la mayor tranquilidad posible. Se puede ir más allá y plantear que en las ciudades la Policía debe también considerarse como un actor del desarrollo social urbano. Esto es lo que plantea la Plataforma de Policía para el Desarrollo Urbano que acaba de lanzarse en Barcelona por parte de Naciones Unidas Hábitat, el Instituto de la Seguridad del Gobierno de Cataluña y la Policía Nacional Sueca.
La plataforma PPDU quiere servir de espacio de intercambio y articulación entre las policías y los responsables del desarrollo económico y social en las ciudades del mundo. También pretende desarrollar una doctrina complementaria para facilitar la articulación de las policías en las políticas urbanas, más allá de las políticas de seguridad urbana, y al mismo tiempo la incorporación de criterios policiales y de prevención del delito en el diseño urbano, en la gobernanza de la ciudad y en el desarrollo social y económico.
Muchas sociedades urbanas siguen contemplando la seguridad y la convivencia como uno de los mayores problemas, al lado del problema socioeconómico. Pero también en muchas ciudades del mundo las políticas de seguridad urbana siguen siendo un asunto tradicional de policía, en el cual poco o nada participan los gobiernos locales. Algunos mandatarios locales han incorporado el discurso, pero en realidad no inciden en la política de seguridad.
Algunos líderes del tema en el mundo planteaban desde hace rato la necesidad de esta plataforma para intercambiar ideas y experiencias entre ciudades, para desarrollar nuevas herramientas de aplicación y para construir un espacio de intercambio entre dos mundos y dos visiones tradicionalmente antagónicos.
Experiencias de ciudades como Barcelona y Medellín, la primera planeada, la segunda empírica en la comuna nororiental, muestran que es posible obtener resultados cuando la planeación integral urbana incorpora el tema de policía. Experiencias de Torino en Italia y de Kuwait también dejan entender que el manejo del espacio público es una gran oportunidad para la articulación de policía con actores sociales, en la primera, como para el trabajo de seguridad y convivencia en la ciudad multicultural. Incluso ciudades con problemas de violencia críticos como Rio de Janeiro en algunas de sus favelas o como Abuja en Nigeria, están demostrando en trabajos piloto que cuando la policía tiene el reflejo de acercarse a los actores del desarrollo social y económico, los resultados obtenidos en seguridad pueden tener un carácter más sostenible. Para Colombia, el programa Departamentos y Municipios Seguros de la Policía Nacional pudiera dar un salto en el sentido que plantea esta plataforma y dar mayor iniciativa a los actores del desarrollo económico y social municipal.
Publicado El Nuevo Siglo 09-11-2009
La plataforma PPDU quiere servir de espacio de intercambio y articulación entre las policías y los responsables del desarrollo económico y social en las ciudades del mundo. También pretende desarrollar una doctrina complementaria para facilitar la articulación de las policías en las políticas urbanas, más allá de las políticas de seguridad urbana, y al mismo tiempo la incorporación de criterios policiales y de prevención del delito en el diseño urbano, en la gobernanza de la ciudad y en el desarrollo social y económico.
Muchas sociedades urbanas siguen contemplando la seguridad y la convivencia como uno de los mayores problemas, al lado del problema socioeconómico. Pero también en muchas ciudades del mundo las políticas de seguridad urbana siguen siendo un asunto tradicional de policía, en el cual poco o nada participan los gobiernos locales. Algunos mandatarios locales han incorporado el discurso, pero en realidad no inciden en la política de seguridad.
Algunos líderes del tema en el mundo planteaban desde hace rato la necesidad de esta plataforma para intercambiar ideas y experiencias entre ciudades, para desarrollar nuevas herramientas de aplicación y para construir un espacio de intercambio entre dos mundos y dos visiones tradicionalmente antagónicos.
Experiencias de ciudades como Barcelona y Medellín, la primera planeada, la segunda empírica en la comuna nororiental, muestran que es posible obtener resultados cuando la planeación integral urbana incorpora el tema de policía. Experiencias de Torino en Italia y de Kuwait también dejan entender que el manejo del espacio público es una gran oportunidad para la articulación de policía con actores sociales, en la primera, como para el trabajo de seguridad y convivencia en la ciudad multicultural. Incluso ciudades con problemas de violencia críticos como Rio de Janeiro en algunas de sus favelas o como Abuja en Nigeria, están demostrando en trabajos piloto que cuando la policía tiene el reflejo de acercarse a los actores del desarrollo social y económico, los resultados obtenidos en seguridad pueden tener un carácter más sostenible. Para Colombia, el programa Departamentos y Municipios Seguros de la Policía Nacional pudiera dar un salto en el sentido que plantea esta plataforma y dar mayor iniciativa a los actores del desarrollo económico y social municipal.
Publicado El Nuevo Siglo 09-11-2009
Lecciones cariocas (2)
Siguiendo con el análisis del problema de seguridad urbana de Rio de Janeiro, aquí van otras seis verdades analizadas por la revista Veja de Octubre 28. Estas verdades dicen de la complejidad del problema y suscitan preguntas y reflexiones globales que pueden inspirar políticas de prevención en otros países y ciudades.
1) El problema de combatir el crimen con más crimen. En Río se crearon grupos que actuaron por cuenta propia contra las organizaciones criminales. Ex policías, bomberos y civiles conformaron estas especies de convivir. El resultado era obvio. Se transformaron en milicias que donde ganaron impusieron su ley y sus propios monopolios en la economía informal. ¿Hará falta más evidencia para entender que la única forma de combatir el crimen es desde la legalidad? Tendrían que analizar más la experiencia pasada de países como Colombia.
2) Algunos líderes de estas milicias se convirtieron en líderes comunitarios y luego incidieron en la orientación electoral de “sus” comunidades. El trabajo reciente de Lucas Jaramillo en una ciudad del norte de Colombia ya mostró las dificultades del “paramilitarismo comunitario” que llevó el poder que les daban las armas a otros ámbitos: la política y la organización social.
3) La corrupción que torna a la policía más ineficaz. Este planteamiento de la Revista Veja se sustenta en el análisis de la tasa de resolución de homicidios: En Rio este indicador está en 4% mientras que en Sao Paulo es de 60%. En muchos países no existen datos suficientes para determinar la tasa de esclarecimiento de delitos. Este parecería ser un indicador clave para determinar qué tan eficientes son en un país la policía y la justicia.
4) Las comunidades sirven de escudos humanos. En Río las organizaciones criminales han usado a la población para dificultar la acción de la fuerza pública. La vulnerabilidad de la población en los sitios donde actúa el crimen organizado puede ser extremadamente alta. ¿Y qué tanto algunas comunidades en diferentes zonas urbanas del mundo son también víctimas de su permisividad con integrantes de estas organizaciones?
5) Falta inversión pública en la seguridad urbana. ¿Qué tanto se debe invertir en seguridad urbana desde los diferentes niveles de gobierno? ¿Cuánto se debe invertir en coerción y cuanto en prevención? Estas son preguntas claves que deberían tener una respuesta objetiva en todos los países del mundo.
6) Las favelas no producen drogas ni armas. La acción de la fuerza pública, según Veja, está focalizada en las favelas, pero habría que redoblar esfuerzos en los sitios de ingreso y tráfico de armas y drogas a este país. ¿Por qué siempre las cámaras y la atención sobre lo criminal están en los sitios de los más pobres y vulnerables? ¿Por qué no están en los ámbitos en los que la corrupción permite el fácil ingreso de los ilícitos? Esa es la pregunta de las comunidades locales en todo el mundo.
Publicado El Nuevo Siglo 16-11-2009
1) El problema de combatir el crimen con más crimen. En Río se crearon grupos que actuaron por cuenta propia contra las organizaciones criminales. Ex policías, bomberos y civiles conformaron estas especies de convivir. El resultado era obvio. Se transformaron en milicias que donde ganaron impusieron su ley y sus propios monopolios en la economía informal. ¿Hará falta más evidencia para entender que la única forma de combatir el crimen es desde la legalidad? Tendrían que analizar más la experiencia pasada de países como Colombia.
2) Algunos líderes de estas milicias se convirtieron en líderes comunitarios y luego incidieron en la orientación electoral de “sus” comunidades. El trabajo reciente de Lucas Jaramillo en una ciudad del norte de Colombia ya mostró las dificultades del “paramilitarismo comunitario” que llevó el poder que les daban las armas a otros ámbitos: la política y la organización social.
3) La corrupción que torna a la policía más ineficaz. Este planteamiento de la Revista Veja se sustenta en el análisis de la tasa de resolución de homicidios: En Rio este indicador está en 4% mientras que en Sao Paulo es de 60%. En muchos países no existen datos suficientes para determinar la tasa de esclarecimiento de delitos. Este parecería ser un indicador clave para determinar qué tan eficientes son en un país la policía y la justicia.
4) Las comunidades sirven de escudos humanos. En Río las organizaciones criminales han usado a la población para dificultar la acción de la fuerza pública. La vulnerabilidad de la población en los sitios donde actúa el crimen organizado puede ser extremadamente alta. ¿Y qué tanto algunas comunidades en diferentes zonas urbanas del mundo son también víctimas de su permisividad con integrantes de estas organizaciones?
5) Falta inversión pública en la seguridad urbana. ¿Qué tanto se debe invertir en seguridad urbana desde los diferentes niveles de gobierno? ¿Cuánto se debe invertir en coerción y cuanto en prevención? Estas son preguntas claves que deberían tener una respuesta objetiva en todos los países del mundo.
6) Las favelas no producen drogas ni armas. La acción de la fuerza pública, según Veja, está focalizada en las favelas, pero habría que redoblar esfuerzos en los sitios de ingreso y tráfico de armas y drogas a este país. ¿Por qué siempre las cámaras y la atención sobre lo criminal están en los sitios de los más pobres y vulnerables? ¿Por qué no están en los ámbitos en los que la corrupción permite el fácil ingreso de los ilícitos? Esa es la pregunta de las comunidades locales en todo el mundo.
Publicado El Nuevo Siglo 16-11-2009
Lecciones cariocas (1)
Hace dos semanas el mundo se vio sorprendido por la imagen de un helicóptero derribado por grupos de criminalidad organizada en las favelas de Rio de Janeiro. Esta imagen mostrada por todos los noticieros del mundo puso de manifiesto el gran reto de Rio sede de los olímpicos de 2016: prevenir la criminalidad y la violencia.
La revista Veja, referencia periodística en Brasil, destacó en su edición reciente quince verdades a tener en cuenta para analizar el problema. Esos puntos suscitan una serie de preguntas que el mundo en general debe responder. Aquí van los seis primeros:
1. La relación entre consumo y violencia. ¿Cómo habría que considerar la relación entre quien consume droga y la violencia que el tráfico del mismo consumo genera? Una pista para esta respuesta es analizar lo realizado en otros ámbitos: Por ejemplo en el mundo ecológico ya se ha hablado de la responsabilidad ambiental de los consumidores de bienes y servicios.
2. La ceguera del Narcolirismo. ¿Hasta dónde el consumo de droga por miembros de ciertas élites sociales en privado, legitima socialmente la actividad criminal? Habría también lugar para hablar de la responsabilidad del consumidor.
3. El culto al malandro. ¿Hasta dónde existe permisividad social con los antihéroes que son los capos y las cabezas de las organizaciones criminales? La teoría del atajo de Mockus plantean una reflexión interesante al respecto. El éxito de series de televisión o de cine sobre los narcotraficantes permite volver a viejas preguntas sobre el papel de los criminales en el imaginario social.
4. El estímulo populista de la “favelización”. Según Veja, muchos políticos se beneficiaron electoralmente de la existencia de las favelas. El populismo en las zonas más pobres parece ser el pan de cada día en muchos países del mundo. ¿Será que por ley transitiva una parte de la responsabilidad de la violencia en las zonas marginales de nuestras ciudades hay que buscarla en los políticos populistas que alentaron el crecimiento urbano precario o que callaron frente a ello? Cabría revisar la cuestión.
5. El miedo a remover las favelas. La pregunta es ¿qué hacer con los barrios informales en América Latina? ¿Relocalizar o remover son la única alternativa, así sea políticamente un suicidio? Ejemplos como el de la Comuna Nororiental de Medellín demuestran que existen soluciones posibles mezclando mejoramiento integral, intervenciones en infraestructura social y algo de relocalización que facilite la construcción de espacios públicos democráticos. No es fácil hacerlo pero es urgente.
6. Fingir que los bandidos no mandan. Para Veja, el discurso oficial insiste en que el Estado controla el territorio. Pero la realidad en muchos barrios informales, como en pequeñas y hasta grandes ciudades, es la captura o cooptación del Estado y de la sociedad por las organizaciones criminales. Este es tal vez uno de los mayores retos en la lucha contra la criminalidad organizada: recuperar el imperio de la ley en muchos barrios y ciudades.
Publicado El Nuevo Siglo 02-11-2009
La revista Veja, referencia periodística en Brasil, destacó en su edición reciente quince verdades a tener en cuenta para analizar el problema. Esos puntos suscitan una serie de preguntas que el mundo en general debe responder. Aquí van los seis primeros:
1. La relación entre consumo y violencia. ¿Cómo habría que considerar la relación entre quien consume droga y la violencia que el tráfico del mismo consumo genera? Una pista para esta respuesta es analizar lo realizado en otros ámbitos: Por ejemplo en el mundo ecológico ya se ha hablado de la responsabilidad ambiental de los consumidores de bienes y servicios.
2. La ceguera del Narcolirismo. ¿Hasta dónde el consumo de droga por miembros de ciertas élites sociales en privado, legitima socialmente la actividad criminal? Habría también lugar para hablar de la responsabilidad del consumidor.
3. El culto al malandro. ¿Hasta dónde existe permisividad social con los antihéroes que son los capos y las cabezas de las organizaciones criminales? La teoría del atajo de Mockus plantean una reflexión interesante al respecto. El éxito de series de televisión o de cine sobre los narcotraficantes permite volver a viejas preguntas sobre el papel de los criminales en el imaginario social.
4. El estímulo populista de la “favelización”. Según Veja, muchos políticos se beneficiaron electoralmente de la existencia de las favelas. El populismo en las zonas más pobres parece ser el pan de cada día en muchos países del mundo. ¿Será que por ley transitiva una parte de la responsabilidad de la violencia en las zonas marginales de nuestras ciudades hay que buscarla en los políticos populistas que alentaron el crecimiento urbano precario o que callaron frente a ello? Cabría revisar la cuestión.
5. El miedo a remover las favelas. La pregunta es ¿qué hacer con los barrios informales en América Latina? ¿Relocalizar o remover son la única alternativa, así sea políticamente un suicidio? Ejemplos como el de la Comuna Nororiental de Medellín demuestran que existen soluciones posibles mezclando mejoramiento integral, intervenciones en infraestructura social y algo de relocalización que facilite la construcción de espacios públicos democráticos. No es fácil hacerlo pero es urgente.
6. Fingir que los bandidos no mandan. Para Veja, el discurso oficial insiste en que el Estado controla el territorio. Pero la realidad en muchos barrios informales, como en pequeñas y hasta grandes ciudades, es la captura o cooptación del Estado y de la sociedad por las organizaciones criminales. Este es tal vez uno de los mayores retos en la lucha contra la criminalidad organizada: recuperar el imperio de la ley en muchos barrios y ciudades.
Publicado El Nuevo Siglo 02-11-2009
Gerardo el re-inmigrante
Gerardo nació en Palmira. A los 45 años se quedó sin trabajo. Decidió irse a Londres a probar suerte. En su mente estaba la idea de enviar dinero para que sus hijos de 16, 14 y 5 continuaran los estudios. Ocho años después, la crisis económica ha hecho más dura la competencia por el trabajo informal para los inmigrantes ilegales en Londres. La revaluación del peso ha hecho que las libras que enviaba a su familia tengan hoy menos poder adquisitivo en Colombia. Gerardo ha decidido regresar a su país y no sabe qué suerte le espera.
Cuando llegó a Londres trabajaba dieciocho horas diarias. Tenía el entusiasmo del recién llegado, animado por el sentimiento de responsabilidad para con su familia. Consiguió un trabajo como limpiador de baños. No hablaba inglés. En realidad, no se necesita mucho inglés para entender lo que es la mierda en Londres. Recibía cinco libras esterlina por hora. Con esto pagaba su estadía, resumida a una habitación y mala comida, y por supuesto ninguna seguridad social. Lo que le quedaba lo enviaba a su familia en Palmira. Cuando la libra esterlina llegó a estar entre cuatro y cinco mil pesos, lo que enviaba alcanzaba también para hacer algunos ahorros.
Los años pasaron y Gerardo no aprendió mas inglés que el mínimo necesario para saludar y responder preguntas de si o no. En cambio, el conocimiento de Londres y de sus calles le permitió conseguir un trabajo como repartidor de correo postal. Ahora cobraba entre siete y ocho libras esterlinas por hora. Entonces comenzó a trabajar menos. El tiempo restante lo dedicaba esencialmente a compartir con otros miembros de la comunidad latina que estaban más o menos en su misma situación.
Gerardo nunca visitó a su familia durante estos ocho años como inmigrante ilegal en Londres. Solo pudo seguir el crecimiento de sus hijos a través de fotografías y de las imágines que le llegaban a su correo electrónico últimamente.
En los últimos años, con la revaluación del peso, Gerardo pensó en volver a los ritmos de trabajo de su época de recién llegado. Pero ya no tenía la misma energía. Tampoco había las mismas oportunidades. Incluso para limpiar baños comenzaron a pedirle documentos legales. La decisión de regresar no tardó en ser tomada y ahora está de viaje de regreso pensando que tal vez ahora es distinto y que podrá encontrar la oportunidad de trabajo que ocho años atrás no tuvo.
La crisis ha hecho que los inmigrantes colombianos consideren el retorno. Pero tal vez muchos de ellos se encuentren con que la realidad laboral en el país les sigue siendo esquiva. Y que durante los años que estuvieron afuera no ocurrieron mayores cambios en la superación de la pobreza y la creación de nuevas oportunidades. Les quedará, si les toca, como también está en la mente de Gerardo, buscar oportunidades en mercados ilegales.
Publicado El Nuevo Siglo 26-10-2009
Cuando llegó a Londres trabajaba dieciocho horas diarias. Tenía el entusiasmo del recién llegado, animado por el sentimiento de responsabilidad para con su familia. Consiguió un trabajo como limpiador de baños. No hablaba inglés. En realidad, no se necesita mucho inglés para entender lo que es la mierda en Londres. Recibía cinco libras esterlina por hora. Con esto pagaba su estadía, resumida a una habitación y mala comida, y por supuesto ninguna seguridad social. Lo que le quedaba lo enviaba a su familia en Palmira. Cuando la libra esterlina llegó a estar entre cuatro y cinco mil pesos, lo que enviaba alcanzaba también para hacer algunos ahorros.
Los años pasaron y Gerardo no aprendió mas inglés que el mínimo necesario para saludar y responder preguntas de si o no. En cambio, el conocimiento de Londres y de sus calles le permitió conseguir un trabajo como repartidor de correo postal. Ahora cobraba entre siete y ocho libras esterlinas por hora. Entonces comenzó a trabajar menos. El tiempo restante lo dedicaba esencialmente a compartir con otros miembros de la comunidad latina que estaban más o menos en su misma situación.
Gerardo nunca visitó a su familia durante estos ocho años como inmigrante ilegal en Londres. Solo pudo seguir el crecimiento de sus hijos a través de fotografías y de las imágines que le llegaban a su correo electrónico últimamente.
En los últimos años, con la revaluación del peso, Gerardo pensó en volver a los ritmos de trabajo de su época de recién llegado. Pero ya no tenía la misma energía. Tampoco había las mismas oportunidades. Incluso para limpiar baños comenzaron a pedirle documentos legales. La decisión de regresar no tardó en ser tomada y ahora está de viaje de regreso pensando que tal vez ahora es distinto y que podrá encontrar la oportunidad de trabajo que ocho años atrás no tuvo.
La crisis ha hecho que los inmigrantes colombianos consideren el retorno. Pero tal vez muchos de ellos se encuentren con que la realidad laboral en el país les sigue siendo esquiva. Y que durante los años que estuvieron afuera no ocurrieron mayores cambios en la superación de la pobreza y la creación de nuevas oportunidades. Les quedará, si les toca, como también está en la mente de Gerardo, buscar oportunidades en mercados ilegales.
Publicado El Nuevo Siglo 26-10-2009
Seguridad urbana y hábitat
Se presenta esta semana el libro de ONU-Habitat “Seguridad urbana y hábitat: tendencias, prevención y gobernanza de la seguridad” editado por este columnista y por Fabio Giraldo. Es la ocasión para recordar a alcaldes, a planificadores, funcionarios nacionales y comandantes de policía, que la seguridad en las ciudades del mundo está íntimamente ligada a las intervenciones que buscan el desarrollo urbano. No hay seguridad sin una perspectiva integral del hábitat y de la ciudad.
Lo más importante de una perspectiva de seguridad asumida desde lo urbano es la integralidad. Una buena política de seguridad urbana y convivencia debe combinar aspectos como: fortalecimiento institucional, política de espacio público físico, integración del concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, territorialización de la política pública y corresponsabilidad. Esto debe sumarse a los aspectos tradicionales de la concepción de la seguridad que en este país asumieron el eslogan de “zanahoria y garrote”.
El ciudadano urbano mejor informado está aumentando la demanda por una política de seguridad urbana más eficaz. Frente a esto, se requieren nuevos desarrollos, nuevas capacidades de análisis, todo orientado a una nueva visión política de seguridad urbana y la convivencia para el largo plazo que surja de los diálogos y debates políticos y ciudadanos sobre los retos que cada ciudad debe enfrentar y estar en capacidad de anticipar. La prevención efectiva de los problemas de delincuencia y convivencia en las ciudades, significará mayores exigencias a las autoridades locales y la policía urbana. Por ello, las ciudades deben fortalecer sus capacidades para: a) administrar y gerenciar los temas de convivencia y seguridad urbana, b) garantizar el ejercicio de los derechos a la seguridad y las libertades públicas por parte de los ciudadanos; c) medir la criminalidad, la violencia y la percepción de inseguridad; d) abordar integralmente todos los problemas de civismo y convivencia ciudadana, las manifestaciones de la violencia y la delincuencia, además de prepararse para rechazar los impactos de la criminalidad organizada; y e) concebir y fortalecer una política de orden social que permita construir una sociedad urbana más justa, en donde prime la cohesión social.
Los gobiernos nacionales, tradicionalmente reacios a la participación de los gobiernos locales en las políticas de seguridad urbana, deben comprender que la importancia de la tarea de las ciudades en las políticas de seguridad está la prevención. Aunque resulta obvio, no sobra insistir en que es en el ámbito local donde se materializan las políticas públicas y las intervenciones sociales. En esta medida, el acceso y el derecho a otros bienes públicos en la ciudad favorece el derecho al bien público de la seguridad.
En este escenario, la obligación de las autoridades locales es asumir el liderazgo, la de las nacionales, permitirlo, y la de la policía, integrarse activamente a las políticas integrales de desarrollo urbano. Será lo único que funcione en el futuro.
Publicado El Nuevo Siglo 19-10-2009
Lo más importante de una perspectiva de seguridad asumida desde lo urbano es la integralidad. Una buena política de seguridad urbana y convivencia debe combinar aspectos como: fortalecimiento institucional, política de espacio público físico, integración del concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, territorialización de la política pública y corresponsabilidad. Esto debe sumarse a los aspectos tradicionales de la concepción de la seguridad que en este país asumieron el eslogan de “zanahoria y garrote”.
El ciudadano urbano mejor informado está aumentando la demanda por una política de seguridad urbana más eficaz. Frente a esto, se requieren nuevos desarrollos, nuevas capacidades de análisis, todo orientado a una nueva visión política de seguridad urbana y la convivencia para el largo plazo que surja de los diálogos y debates políticos y ciudadanos sobre los retos que cada ciudad debe enfrentar y estar en capacidad de anticipar. La prevención efectiva de los problemas de delincuencia y convivencia en las ciudades, significará mayores exigencias a las autoridades locales y la policía urbana. Por ello, las ciudades deben fortalecer sus capacidades para: a) administrar y gerenciar los temas de convivencia y seguridad urbana, b) garantizar el ejercicio de los derechos a la seguridad y las libertades públicas por parte de los ciudadanos; c) medir la criminalidad, la violencia y la percepción de inseguridad; d) abordar integralmente todos los problemas de civismo y convivencia ciudadana, las manifestaciones de la violencia y la delincuencia, además de prepararse para rechazar los impactos de la criminalidad organizada; y e) concebir y fortalecer una política de orden social que permita construir una sociedad urbana más justa, en donde prime la cohesión social.
Los gobiernos nacionales, tradicionalmente reacios a la participación de los gobiernos locales en las políticas de seguridad urbana, deben comprender que la importancia de la tarea de las ciudades en las políticas de seguridad está la prevención. Aunque resulta obvio, no sobra insistir en que es en el ámbito local donde se materializan las políticas públicas y las intervenciones sociales. En esta medida, el acceso y el derecho a otros bienes públicos en la ciudad favorece el derecho al bien público de la seguridad.
En este escenario, la obligación de las autoridades locales es asumir el liderazgo, la de las nacionales, permitirlo, y la de la policía, integrarse activamente a las políticas integrales de desarrollo urbano. Será lo único que funcione en el futuro.
Publicado El Nuevo Siglo 19-10-2009
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