17 de julio de 2007

Desmovilizados y desplazados, un gran reto para Bogotá

Bogotá necesita debatir procesos que, en un escenario de post-conflicto, podrían tener incidencia en la seguridad ciudadana y la convivencia, como la reincorporación de combatientes desmovilizados, los flujos de población desplazada por la violencia y la situación de las víctimas. Y no sólo desde las dinámicas reales, sino también desde la percepción ciudadana. Imposible darle la espalda al hecho de que el 10 por ciento de los 43.000 combatientes desmovilizados desde 2002 han llegado a la ciudad y a que el 31 de diciembre de este año, el 98 por ciento quedará sin cobertura y articulación a los programas nacionales existentes.

¿Qué pasará con estas personas y cuál será para ese momento su nivel de inclusión a la vida bogotana? ¿Qué vulnerabilidades pueden existir alrededor?

Los expertos temen que su "reciudadanización" pueda verse limitada por la falta de seguimiento adecuado, tan esencial en escenarios de posibilidades limitadas de reincorporación económica. Y el riesgo estará en eventuales procesos de "rearme" o de involucramiento en otras actividades ilegales.

Una amenaza latente

Aunque Bogotá ha logrado mantenerse alejada de una influencia de peso de los actores del conflicto o de redes mafiosas, la ciudad sigue siendo codiciada por nuevos o antiguos actores del conflicto armado, atraídos por la captura de rentas de actividades económicas ilícitas ligadas al lavado de dinero, o porque sirve de retaguardia "tranquila" para preparar la logística, reclutar o movilizar recursos de apoyo a las estructuras armadas.

No pocos observadores llaman la atención sobre un fenómeno de "traquetización" que afecta ciertos ámbitos de la ciudad, para lo cual es necesario identificar y conocer mediante acciones prospectivas aquellos sectores sociales y espacios urbanos con algún grado de vulnerabilidad.

Primer receptor de desplazados además, Bogotá alberga 13.3 por ciento del total de la población desplazada de Colombia y es la principal ciudad receptora, según Acción Social, con un promedio diario de 15 familias.

La mayoría de ellos quiere quedarse porque en sus lugares de origen las condiciones de vida son más precarias y más escasas las oportunidades laborales y, sobre todo, porque permanecen insolubles las causas de su expulsión violenta.

Sin embargo, aquí su vulnerabilidad se agudiza porque asientan en condiciones de precariedad debido, entre otros factores, a pobre acceso a servicios públicos, habitat inapropiado y dificultades para generar ingresos.

¿En qué medida los sitios de asentamiento de población desplazada por la violencia se convierten en sitios vulnerables frentes a fenómenos de violencia y delincuencia?

¿Cómo abordar posibles problemas futuros de convivencia y violencia en sitios de confluencia de desplazados y de pobres históricos? ¿Qué capacidades adicionales a las ya desplegadas debe desarrollar la ciudad para mejorar la atención y restitución de derechos a la población en situación de desplazamiento forzado?

Ir más allá de la coyuntura y hacer las preguntas sobre los posibles escenarios y problemas del futuro es el primer paso para una prevención efectiva. Y es urgente comenzar a debatir sobre este reto, que no es un reto menor.

Publicado El Tiempo 15-07-2007

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