Las ciudades colombianas están en un proceso de consolidación. Pero aún tienen muchos retos por resolver. Siguen afrontando con dificultades muchos de los problemas que las afectan. Y si bien hay casos exitosos e importantes, también hay recaídas. Dos ejemplos recientes son la corrupción y la inseguridad. La corrupción que surge donde hay grandes debilidades institucionales frente a grandes apetitos. La inseguridad que se está alimentando de la carencia de una estrategia nacional de seguridad urbana.
El último ejemplo de dudas sobre gran corrupción lo han develado los medios y el Concejo de Bogotá. Se trata de las actuaciones difíciles de entender de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Al parecer, la puja de grandes grupos de contratación por el control de un millonario contrato para operar el moribundo relleno de Doña Juana, no se ha dado sin consecuencias en la actuación errada, y quién sabe si interesada en el propio pecunio, de algunos funcionarios. No sería difícil de entender que una entidad débil, con una mayoría de funcionarios contratistas, sea altamente vulnerable a eventuales capturas por grupos privados. Los problemas de fondo son dos: la debilidad estructural de esta entidad y el gran interés que representa para los grupos de contratistas y sus aliados políticos, el que la situación se mantenga así. Así es más fácil capturar el estado. Sería bueno escuchar lo que piensa el Alcalde de Bogotá sobre esto, pues el día del próximo escándalo por corrupción o emergencia ambiental no es imposible que su popularidad regrese a niveles cercanos al 20%.
En cuanto a la inseguridad, la ciudadanía urbana sigue manifestando gran preocupación por el fenómeno. El ejemplo de la última encuesta de Medellín Cómo Vamos, ha mostrado la sensibilidad del tema. Allí, sin embargo, un funcionario dio muestra de gallardía. El Secretario de Gobierno Jesús Ramírez en su carta de renuncia asumió el costo político de dicha situación, que como lo muestran los análisis, no depende solamente del gobierno local, sino también, y en mucho, del gobierno y los organismos del orden nacional. Si no hay una estrategia nacional de seguridad ciudadana que sirva de telón de fondo para articularse con los gobiernos locales, no es imposible que en medio de luchas mafiosas que no controla un gobierno local y que articulan gran cantidad de grupos de criminalidad organizada, la seguridad urbana se degrade.
Estos ejemplos muestran la debilidad y la vulnerabilidad de nuestras ciudades. Vamos a necesitar mayores liderazgos, mejores coordinaciones interinstitucionales, más control y mayor responsabilidad para la solución de los problemas del desarrollo urbano. Y esto obliga a volver a mirar las capacidades de las administraciones municipales, que ha venido francamente en claro deterioro y cuando más se ha estancado. Y por otra parte, hay que volver a revisar la pertinencia de las políticas nacionales para los territorios urbanos y cómo se articulan con la política local.
Publicado El Nuevo Siglo 21-09-2009
20 de septiembre de 2009
13 de septiembre de 2009
Narcotráfico democrático
En Colombia se ha abusado hasta el cansancio del adjetivo “democrático(a)” y no falta ahora quien hable del “narcotráfico democrático”. Que no se trata de un sablazo a Palacio por si alguno de sus miembros y amigos ya se ha prevenido al leer estas primeras líneas. Esta nueva expresión más bien parece nombrar la forma que encontró el negocio del narcotráfico para solucionar dos obstáculos que les preocupan: el alto perfil y la aversión social. La solución encontrada parece obvia: que muchos más obtengan una parte de la renta.
Algunos pasos de la cadena del narcotráfico siguen buscando una perspectiva mayorista: El transporte de grandes cargamentos de droga por el Pacífico o por el Caribe y la introducción de pacas de dólares del negocio de una sola vez por aire o por mar. Pero ahora, muchos están entrando dólares en múltiples operaciones de pequeñas cantidades o en especie (contrabando).
Lo nuevo es que hay una mayor participación de grupos y personas distintos en las rentas de la logística del transporte como del lavado de los dineros.
El transporte de una lancha rápida desde el Pacífico colombiano cuenta con la participación de aventureros de Juradó en Colombia o de Jaqué en Panamá. Y en su viaje a México o a barcos intermedios, las necesidades en mantenimiento y abastecimiento permiten actividad económica y rentas a muchas comunidades sobre las costas centroamericanas. Son particularmente activas comunidades de las fronteras Panamá-Costa Rica y Costa Rica-Nicaragua. Muchas comunidades y grupos allí viven de la economía informal derivada de suministros, servicios, provisiones y a veces protección a este transporte. Cuando hay naufragios, ellos mismos pueden recuperar la droga y distribuirla en mercados locales.
En Colombia, la droga que no cumple con la calidad exigida por compradores será destinada al mercado local, principalmente en las grandes ciudades, donde está creciendo el microtráfico. Este microtráfico requiere una gran red de distribución, conformada fundamentalmente por grupos delincuenciales barriales y por familias que entran a la actividad. El mercado son principalmente los jóvenes de clase media o media baja. La elección del expendedor tiene en cuenta muchas veces la proximidad a sitios que facilitan el atraco callejero, esto es, recursos para los eventuales compradores. Nuevos actores locales están percibiendo rentas del negocio.
Muchos dólares del narcotráfico se están convirtiendo en contenedores de mercancías chinas, pagadas en Panamá, y están inundando la distribución al detal en el mar de la informalidad callejera de nuestras ciudades. Las cantidades de dólares lavados por esta vía son, además de socialmente aceptadas, bastante consecuentes.
La lucha contra los capos, a lo que se dedica tanto recurso y discurso, no solucionará el problema por sí sola. El problema de fondo está en la alta vulnerabilidad de un sistema de ciudadanos con bajos ingresos, en una sociedad donde el ejemplo ha sido conseguir plata y poder a cualquier precio. ¡Bienvenidos al mundo del narcotráfico democrático!
Publicado El Nuevo Siglo 14-09-2009
Algunos pasos de la cadena del narcotráfico siguen buscando una perspectiva mayorista: El transporte de grandes cargamentos de droga por el Pacífico o por el Caribe y la introducción de pacas de dólares del negocio de una sola vez por aire o por mar. Pero ahora, muchos están entrando dólares en múltiples operaciones de pequeñas cantidades o en especie (contrabando).
Lo nuevo es que hay una mayor participación de grupos y personas distintos en las rentas de la logística del transporte como del lavado de los dineros.
El transporte de una lancha rápida desde el Pacífico colombiano cuenta con la participación de aventureros de Juradó en Colombia o de Jaqué en Panamá. Y en su viaje a México o a barcos intermedios, las necesidades en mantenimiento y abastecimiento permiten actividad económica y rentas a muchas comunidades sobre las costas centroamericanas. Son particularmente activas comunidades de las fronteras Panamá-Costa Rica y Costa Rica-Nicaragua. Muchas comunidades y grupos allí viven de la economía informal derivada de suministros, servicios, provisiones y a veces protección a este transporte. Cuando hay naufragios, ellos mismos pueden recuperar la droga y distribuirla en mercados locales.
En Colombia, la droga que no cumple con la calidad exigida por compradores será destinada al mercado local, principalmente en las grandes ciudades, donde está creciendo el microtráfico. Este microtráfico requiere una gran red de distribución, conformada fundamentalmente por grupos delincuenciales barriales y por familias que entran a la actividad. El mercado son principalmente los jóvenes de clase media o media baja. La elección del expendedor tiene en cuenta muchas veces la proximidad a sitios que facilitan el atraco callejero, esto es, recursos para los eventuales compradores. Nuevos actores locales están percibiendo rentas del negocio.
Muchos dólares del narcotráfico se están convirtiendo en contenedores de mercancías chinas, pagadas en Panamá, y están inundando la distribución al detal en el mar de la informalidad callejera de nuestras ciudades. Las cantidades de dólares lavados por esta vía son, además de socialmente aceptadas, bastante consecuentes.
La lucha contra los capos, a lo que se dedica tanto recurso y discurso, no solucionará el problema por sí sola. El problema de fondo está en la alta vulnerabilidad de un sistema de ciudadanos con bajos ingresos, en una sociedad donde el ejemplo ha sido conseguir plata y poder a cualquier precio. ¡Bienvenidos al mundo del narcotráfico democrático!
Publicado El Nuevo Siglo 14-09-2009
9 de septiembre de 2009
Revisar política e instituciones de seguridad urbana
Los hechos y las percepciones están diciendo que hay necesidad de una revisión profunda de la política de seguridad ciudadana y convivencia así como de sus instituciones. Si no se dan cambios en la política a nivel nacional como a nivel urbano no es descartable que la inseguridad urbana siga avanzando y que se revierta la tendencia de los logros de tantos años.
En el nivel nacional, la política privilegió hasta ahora la seguridad rural. La Policía Nacional se preparó durante años para desarrollar, con éxito, el reflejo de combate frente a grupos armados ilegales. Y los grupos de inteligencia e investigación criminal se prepararon, con éxito, para desmontar las estructuras piramidales de los carteles. Su objetivo, como en cualquier juego de mesa, ha sido ir tachando dados de baja o capturados. Pero estas destrezas no son las que permiten mejorar la seguridad urbana. La política nacional debe ser revisada en asuntos de seguridad ciudadana y convivencia urbana. La seguridad cotidiana en las ciudades requiere de nuevas destrezas y acciones. No sirven para la seguridad ciudadana las recompensas. Ni los grupos élite. Ni el “body account”. Ni conocer las pirámides de los carteles. Y la capacidad de choque, que se debe mantener, sola no resuelve el problema.
En la zona urbana hay que desarrollar fundamentalmente dos aspectos: una táctica y lógica de acción de Policía Orientada a Resolver Problemas. Los policías urbanos deben ser entrenados en la comprensión multidimensional de los problemas, no solamente en el uso de la fuerza. Se necesita una nueva policía para las zonas urbanas, adaptada a las necesidades y la diversidad de las conflictividades urbanas. Deben conocer ampliamente las instituciones de la ciudad, para poder convocar la acción multisectorial que permita resolver bien los problemas de seguridad ciudadana y convivencia.
Y se requiere una mayor gobernanza de la seguridad urbana que permita una nueva articulación y confianza con la comunidad. Se requiere una coordinación real entre gobierno nacional y gobiernos locales: Los problemas de seguridad urbana requieren la acción de ambos.
Por su parte, las grandes ciudades no pueden abandonar su responsabilidad en la materia, que es lo que parece estar ocurriendo en algunas. Luego del logro de años de trabajo conjunto entre la ciudad y la policía, los responsables están planteando que hay que “dejar a la policía hacer el trabajo”. Se están desentendiendo del asunto. Es muy probable que manejar la cartera de la seguridad ciudadana con los reflejos de la cartera de la política, como ocurre en las secretarias de gobierno, esté llevando a que los secretarios de gobierno no den la atención técnica que desde el gobierno civil requiere el problema. La solución de fondo sería crear en las ciudades una Secretaría de Seguridad Ciudadana y liberar a los secretarios de gobierno de esta responsabilidad técnica que a veces parece incomodarles. Los ciudadanos urbanos merecen más responsabilidad en el tema.
Publicado El Nuevo Siglo 07-09-2009
En el nivel nacional, la política privilegió hasta ahora la seguridad rural. La Policía Nacional se preparó durante años para desarrollar, con éxito, el reflejo de combate frente a grupos armados ilegales. Y los grupos de inteligencia e investigación criminal se prepararon, con éxito, para desmontar las estructuras piramidales de los carteles. Su objetivo, como en cualquier juego de mesa, ha sido ir tachando dados de baja o capturados. Pero estas destrezas no son las que permiten mejorar la seguridad urbana. La política nacional debe ser revisada en asuntos de seguridad ciudadana y convivencia urbana. La seguridad cotidiana en las ciudades requiere de nuevas destrezas y acciones. No sirven para la seguridad ciudadana las recompensas. Ni los grupos élite. Ni el “body account”. Ni conocer las pirámides de los carteles. Y la capacidad de choque, que se debe mantener, sola no resuelve el problema.
En la zona urbana hay que desarrollar fundamentalmente dos aspectos: una táctica y lógica de acción de Policía Orientada a Resolver Problemas. Los policías urbanos deben ser entrenados en la comprensión multidimensional de los problemas, no solamente en el uso de la fuerza. Se necesita una nueva policía para las zonas urbanas, adaptada a las necesidades y la diversidad de las conflictividades urbanas. Deben conocer ampliamente las instituciones de la ciudad, para poder convocar la acción multisectorial que permita resolver bien los problemas de seguridad ciudadana y convivencia.
Y se requiere una mayor gobernanza de la seguridad urbana que permita una nueva articulación y confianza con la comunidad. Se requiere una coordinación real entre gobierno nacional y gobiernos locales: Los problemas de seguridad urbana requieren la acción de ambos.
Por su parte, las grandes ciudades no pueden abandonar su responsabilidad en la materia, que es lo que parece estar ocurriendo en algunas. Luego del logro de años de trabajo conjunto entre la ciudad y la policía, los responsables están planteando que hay que “dejar a la policía hacer el trabajo”. Se están desentendiendo del asunto. Es muy probable que manejar la cartera de la seguridad ciudadana con los reflejos de la cartera de la política, como ocurre en las secretarias de gobierno, esté llevando a que los secretarios de gobierno no den la atención técnica que desde el gobierno civil requiere el problema. La solución de fondo sería crear en las ciudades una Secretaría de Seguridad Ciudadana y liberar a los secretarios de gobierno de esta responsabilidad técnica que a veces parece incomodarles. Los ciudadanos urbanos merecen más responsabilidad en el tema.
Publicado El Nuevo Siglo 07-09-2009
1 de septiembre de 2009
El espejo mexicano
Para muchos, lo que pasa hoy en México con el narcotráfico y la violencia homicida es un espejo de lo que pasó en Colombia en los años 90. Pero entender el problema mexicano de hoy y cómo lo enfrentan también puede servir para entender posibles evoluciones de nuestro problema o lo que nos falta por hacer.
La revista Nexos de ese país se refiere a Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey como “ciudades tomadas” por el narcotráfico. Según la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Ciudad Juárez presenta la tasa más alta de homicidios en las Américas. Y Tijuana la cuarta. En estas tres ciudades mexicanas los carteles del narcotráfico libran batallas entre ellos y contra todo lo que se les oponga. Eso explica buena parte de la violencia homicida. Y detrás de todo esto se han desarrollado grupos de sicarios entrenados, que también utilizan sus “capacidades” para obtener rentas por otras vías como el secuestro extorsivo. Además, según numerosas publicaciones, la participación de agentes o ex agentes de policía es un rasgo no poco común. Todo esto se da en un ambiente de fondo, este sí nacional, de permisividad frente a una especie de “corrupción institucionalizada” en algunos territorios y entidades. Las redes de corrupción, que involucran políticos, funcionarios y empresarios, han sido altamente facilitadoras de la acción del narcotráfico.
Algunos, por ello, han calificado a México como un estado frágil. Pero, en rigor, no es un estado frágil. Sin embargo, la vulnerabilidad frente al crimen organizado, que es el rasgo central a analizar, si es muy alta en algunos territorios e instituciones. Y eso la está costando caro a este país.
Para enfrentar el problema, el gobierno federal mexicano ha establecido recientemente una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia que busca reducir la acción del crimen organizado, a través de la recuperación de la autoridad del Estado, la construcción de una ciudadanía consciente del problema y el desarrollo de una cultura de rechazo social. En esta estrategia es importante el redespliegue de la autoridad pública en el territorio, el abordaje de todos los frentes y secuencias de la cadena de producción, transporte y distribución de droga, incluido el narcomenudeo. También se apunta a la depuración de redes de corrupción en las instituciones y a la recuperación de los espacios públicos y sociales tomados por este crimen organizado.
Si bien los mexicanos han aprendido de la capacidad de choque e inteligencia de la policía colombiana contra los narcos, en materia de atención integral al problema, se nota que en Colombia falta estrategia: llevamos años dedicados a capturar capos. Pero nada de redespliegue urbano de fuerza pública, ni de lucha real contra redes de corrupción articuladas al crimen organizado o de recuperación real de espacios urbanos perdidos por los ciudadanos con los actores del crimen organizado. Parece que a muchos conviene quedarse sólo en capturar o extraditar capos.
Publicado El Nuevo Siglo 31-08-2009
La revista Nexos de ese país se refiere a Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey como “ciudades tomadas” por el narcotráfico. Según la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Ciudad Juárez presenta la tasa más alta de homicidios en las Américas. Y Tijuana la cuarta. En estas tres ciudades mexicanas los carteles del narcotráfico libran batallas entre ellos y contra todo lo que se les oponga. Eso explica buena parte de la violencia homicida. Y detrás de todo esto se han desarrollado grupos de sicarios entrenados, que también utilizan sus “capacidades” para obtener rentas por otras vías como el secuestro extorsivo. Además, según numerosas publicaciones, la participación de agentes o ex agentes de policía es un rasgo no poco común. Todo esto se da en un ambiente de fondo, este sí nacional, de permisividad frente a una especie de “corrupción institucionalizada” en algunos territorios y entidades. Las redes de corrupción, que involucran políticos, funcionarios y empresarios, han sido altamente facilitadoras de la acción del narcotráfico.
Algunos, por ello, han calificado a México como un estado frágil. Pero, en rigor, no es un estado frágil. Sin embargo, la vulnerabilidad frente al crimen organizado, que es el rasgo central a analizar, si es muy alta en algunos territorios e instituciones. Y eso la está costando caro a este país.
Para enfrentar el problema, el gobierno federal mexicano ha establecido recientemente una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia que busca reducir la acción del crimen organizado, a través de la recuperación de la autoridad del Estado, la construcción de una ciudadanía consciente del problema y el desarrollo de una cultura de rechazo social. En esta estrategia es importante el redespliegue de la autoridad pública en el territorio, el abordaje de todos los frentes y secuencias de la cadena de producción, transporte y distribución de droga, incluido el narcomenudeo. También se apunta a la depuración de redes de corrupción en las instituciones y a la recuperación de los espacios públicos y sociales tomados por este crimen organizado.
Si bien los mexicanos han aprendido de la capacidad de choque e inteligencia de la policía colombiana contra los narcos, en materia de atención integral al problema, se nota que en Colombia falta estrategia: llevamos años dedicados a capturar capos. Pero nada de redespliegue urbano de fuerza pública, ni de lucha real contra redes de corrupción articuladas al crimen organizado o de recuperación real de espacios urbanos perdidos por los ciudadanos con los actores del crimen organizado. Parece que a muchos conviene quedarse sólo en capturar o extraditar capos.
Publicado El Nuevo Siglo 31-08-2009
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