La campaña política y la inseguridad

¿Qué tanto incidirá o está incidiendo la campaña política en la inseguridad en las ciudades? A primera vista se trata de una pregunta temeraria. No por ello varios actores de las ciudades más importantes del país dejan de hacerse esta pregunta. Por eso hay que explorar el escenario y hay que esperar que las autoridades nacionales se esfuercen por una atención efectiva a la situación.

Los estudios de gobernanza de la seguridad urbana han demostrado que más allá de las buenas fórmulas de política pública, cuyos manuales son de fácil acceso a través de la red internet, los buenos resultados dependen también de los intereses de los actores de la política pública y de las relaciones entre estos. Sobre esta base algunos se preguntan qué tanto inciden, por acción o por omisión, las posiciones de las instituciones nacionales o sus relaciones con las instituciones locales en los resultados de la política pública.

Una hipótesis plantea que cuando los poderes nacionales muestran desinterés sobre la situación de inseguridad de una ciudad y dejan “solos” a los actores locales, o disminuyen su acción para enfrentar el problema o no la aumentan según lo que la situación demanda, los problemas de criminalidad y delincuencia pueden aumentar. Si esta hipótesis es cierta, surge la pregunta sobre si, en medio de la campaña electoral, esto puede beneficiar políticamente a alguno de los candidatos. En Medellín, por ejemplo, muchos se están preguntando qué tanto de esto hay en la situación actual. ¿Conviene a algún candidato cercano al gobierno que se deteriore la situación de seguridad ciudadana? ¿Afecta a alguien? En cualquier circunstancia, no es conveniente que exista la duda.

La pregunta se exacerba con la idea que queda de que se conoce bastante sobre la dinámica criminal actual. Se conoce la evolución después de la extradición de Don Berna y otros comandantes paramilitares. Se conocen los grupos de criminalidad organizada que luchan por el control de la actividad criminal y su papel en la cooptación de jóvenes cuyas características familiares y sociales, como su historia delincuencial, han sido analizados. Se conocen los grupos poblacionales afectados y se conoce el impacto de la gran circulación de armas de fuego. Se conocen los territorios con algún grado de control por las bandas. Se conocen actividades económicas informales vulnerables frente a las pretensiones de control por grupos criminales. Se conocen las "ollas" y plazas de vicio en disputa. ¿Por qué no se es posible entonces contar con una política efectiva que atienda estas evoluciones del problema? ¿Falta coordinación entre las autoridades locales y las nacionales? ¿Falta decisión? ¿Falta incluir el problema en el “radar” del gobierno nacional?

Valdría la pena que el Gobierno Nacional abordara el tema y despejará la duda. Y la duda no se despeja con un discurso o con una salida en medios de algún ministro. Se despeja con resultados. La sociedad de Medellín está expectante.

Publicado El Nuevo Siglo 13-07-2009