La seguridad en Bogotá está conociendo problemas y se requieren nuevas respuestas de política pública sustentadas en mayor observación y anticipación. Se necesita anteponer una visión técnica orientada a resolver problemas, por encima de una visión de equilibrios político-institucionales. Y en ese sentido, algunos de los problemas clave para el futuro próximo son:
- Los “chicos malos”. Los problemas en el entorno escolar siguen preocupando a los padres de familia. Muchos colegios, en su alrededor como en su interior, presentan señales y evidencias de deterioro en materia de seguridad y convivencia. La vivencia de estudiantes y padres de familia apunta a que hay mayor oferta de drogas a los estudiantes. También a que algunos jóvenes, ya por fuera del sistema escolar, han trivializado la práctica de pequeños cobros extorsivos a estudiantes adolescentes. No será de extrañar que los niveles de percepción de inseguridad aumenten en los próximos meses en la comunidad de padres de familia. Frente a esto se impone reforzar una política integral focalizada de atención a los jóvenes en riesgo, por un lado a los estudiantes amedrentados y por otro a los “chicos malos” que requieren una mayor atención por parte de la política pública.
- Los “muertos pagos”. En alguna reunión académica un oficial de la fuerza pública manifestó la dificultad de proteger a las personas amenazadas debido a relaciones mafiosas. “Esos muertos están pagos”, dijo el oficial, queriendo decir que es casi imposible prevenir el asesinato de esas personas. En Bogotá sigue aumentando el número de homicidios por sicariato. Y frente a esto es importante la intención del actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá de reforzar la inteligencia y la investigación criminal. Será el indicador de esclarecimiento de delitos el que dirá si el Coronel Pinzón tiene éxito o no. En complemento, la ciudad debe recuperar el imaginario de que “la vida es sagrada” que dejó como legado Antanas Mockus y que se construyó a partir de una narrativa constante y mucha pedagogía. Un objetivo de la sociedad debe ser prevenir el asesinato de los “muertos pagos”.
- La pérdida de gobernanza de la seguridad. Si no hay coordinación intra e interinstitucional, no hay gobernanza de la seguridad. La coordinación entre Policía Metropolitana y Alcaldía no puede limitarse a que cada uno haga lo que le toca. Se requiere un trabajo conjunto en el territorio, más allá de los escuetos consejos de seguridad en los que se articula y se decide poco. También se debe construir una mayor relación de confianza entre Policía y comunidad. Para ello se deben aumentar los espacios de discusión, análisis y construcción de planes conjuntos en torno a problemas concretos en los barrios, con la necesidad de mecanismos de evaluación conjunta de los resultados. Ya es conocido que los problemas de gobernanza de la seguridad suelen reflejarse en aumentos de la inseguridad.
Guerra avisada no mata soldado.
Publicado El Nuevo Siglo 27-07-2009
27 de julio de 2009
21 de julio de 2009
De Santos vs. Fajardo a Noemí vs Vargas
En lugar del duelo Santos-Fajardo que presentan hoy las encuestas y el imaginario de los opinadores, la realidad del país político pareciera estarnos reservando un duelo inédito: Noemí-Vargas Lleras.
Faltando mucha agua por correr debajo del puente, ya muchos compraron su boleto para el duelo Santos-Fajardo. Pero hay que recordar cómo son los electores en Colombia. Hay un trasfondo de voto corporativo, por no decir clientelista, que controlan y “trabajan” los caciques tradicionales. El voto de opinión está reservado para algunas fracciones del electorado de las grandes ciudades. Además, siguen existiendo tendencias y reflejos de agrupamiento en torno a las redes del trapo rojo y de la bandera azul. Por ello, el que los candidatos presidenciales deban utilizar un aval de un partido, dará a estas redes un nuevo protagonismo. Y en la calle habrá firmas para muy pocos; ya Fajardo y Marta Lucía Ramírez picaron en punta en este sentido. Para el resto de candidatos, los partidos actuarán como aglutinadores naturales de los dueños de los votos en las regiones.
En este escenario, Santos se presenta con una alta favorabilidad, por sus resultados contra las FARC, pero poco se sabe de su “trabajo” con las redes regionales, indispensables para transformar la favorabilidad en votos. Vargas Lleras en cambio, con gran experiencia de política de terreno a la colombiana, es decir, de construcción de organización y de redes regionales debidamente “aceitadas”, llegado el momento tendría la reserva de votos que le permita repuntar.
Por el otro lado, Fajardo está copando el espacio independiente de la Noemí de 1998, de Noemí y Lucho en 2002 y de Carlos Gaviria y Mockus en 2006. Está tratando de ganar reconocimiento en ciudades intermedias y pequeñas. Por ahora, sin embargo, las encuestas que lo presentan en la dupla de la segunda vuelta son las realizadas en las cuatro ciudades principales. Paradójicamente, la independiente del pasado, Noemí, estaría pasando del espacio de la tercería al de las organizaciones partidistas, si, como se espera, obtiene la candidatura conservadora.
Así las cosas, la realidad política podría perfilar para 2010 una segunda vuelta Noemí-Vargas. Noemí desde el partido conservador partiría con un sócalo de votos azules, y probablemente con la adhesión de votos del partido de la U, sino desde la primera vuelta, al menos para la segunda. Además, al estilo de una campaña belisarista, podría buscar adhesiones estructurales de sectores populares de otros partidos (remember Belisario Betancur en la última salida de plaza pública en 1982 con Maria Eugenia Rojas y Gloria Gaitán). Vargas podría llegar a una segunda vuelta con su propia maquinaria, con buena parte del partido Liberal sosteniéndolo y eventualmente con lo que quede del Polo para ese entonces. Sería el retorno a los duelos liberal-conservador del pre-uribismo, pero con el propio Uribe como nuevo gran elector en escena dispuesto a apoyar a quien combine mejor dos criterios: elegibilidad y lealtad.
Publicado El Nuevo Siglo 20-07-2009
Faltando mucha agua por correr debajo del puente, ya muchos compraron su boleto para el duelo Santos-Fajardo. Pero hay que recordar cómo son los electores en Colombia. Hay un trasfondo de voto corporativo, por no decir clientelista, que controlan y “trabajan” los caciques tradicionales. El voto de opinión está reservado para algunas fracciones del electorado de las grandes ciudades. Además, siguen existiendo tendencias y reflejos de agrupamiento en torno a las redes del trapo rojo y de la bandera azul. Por ello, el que los candidatos presidenciales deban utilizar un aval de un partido, dará a estas redes un nuevo protagonismo. Y en la calle habrá firmas para muy pocos; ya Fajardo y Marta Lucía Ramírez picaron en punta en este sentido. Para el resto de candidatos, los partidos actuarán como aglutinadores naturales de los dueños de los votos en las regiones.
En este escenario, Santos se presenta con una alta favorabilidad, por sus resultados contra las FARC, pero poco se sabe de su “trabajo” con las redes regionales, indispensables para transformar la favorabilidad en votos. Vargas Lleras en cambio, con gran experiencia de política de terreno a la colombiana, es decir, de construcción de organización y de redes regionales debidamente “aceitadas”, llegado el momento tendría la reserva de votos que le permita repuntar.
Por el otro lado, Fajardo está copando el espacio independiente de la Noemí de 1998, de Noemí y Lucho en 2002 y de Carlos Gaviria y Mockus en 2006. Está tratando de ganar reconocimiento en ciudades intermedias y pequeñas. Por ahora, sin embargo, las encuestas que lo presentan en la dupla de la segunda vuelta son las realizadas en las cuatro ciudades principales. Paradójicamente, la independiente del pasado, Noemí, estaría pasando del espacio de la tercería al de las organizaciones partidistas, si, como se espera, obtiene la candidatura conservadora.
Así las cosas, la realidad política podría perfilar para 2010 una segunda vuelta Noemí-Vargas. Noemí desde el partido conservador partiría con un sócalo de votos azules, y probablemente con la adhesión de votos del partido de la U, sino desde la primera vuelta, al menos para la segunda. Además, al estilo de una campaña belisarista, podría buscar adhesiones estructurales de sectores populares de otros partidos (remember Belisario Betancur en la última salida de plaza pública en 1982 con Maria Eugenia Rojas y Gloria Gaitán). Vargas podría llegar a una segunda vuelta con su propia maquinaria, con buena parte del partido Liberal sosteniéndolo y eventualmente con lo que quede del Polo para ese entonces. Sería el retorno a los duelos liberal-conservador del pre-uribismo, pero con el propio Uribe como nuevo gran elector en escena dispuesto a apoyar a quien combine mejor dos criterios: elegibilidad y lealtad.
Publicado El Nuevo Siglo 20-07-2009
18 de julio de 2009
La campaña política y la inseguridad
¿Qué tanto incidirá o está incidiendo la campaña política en la inseguridad en las ciudades? A primera vista se trata de una pregunta temeraria. No por ello varios actores de las ciudades más importantes del país dejan de hacerse esta pregunta. Por eso hay que explorar el escenario y hay que esperar que las autoridades nacionales se esfuercen por una atención efectiva a la situación.
Los estudios de gobernanza de la seguridad urbana han demostrado que más allá de las buenas fórmulas de política pública, cuyos manuales son de fácil acceso a través de la red internet, los buenos resultados dependen también de los intereses de los actores de la política pública y de las relaciones entre estos. Sobre esta base algunos se preguntan qué tanto inciden, por acción o por omisión, las posiciones de las instituciones nacionales o sus relaciones con las instituciones locales en los resultados de la política pública.
Una hipótesis plantea que cuando los poderes nacionales muestran desinterés sobre la situación de inseguridad de una ciudad y dejan “solos” a los actores locales, o disminuyen su acción para enfrentar el problema o no la aumentan según lo que la situación demanda, los problemas de criminalidad y delincuencia pueden aumentar. Si esta hipótesis es cierta, surge la pregunta sobre si, en medio de la campaña electoral, esto puede beneficiar políticamente a alguno de los candidatos. En Medellín, por ejemplo, muchos se están preguntando qué tanto de esto hay en la situación actual. ¿Conviene a algún candidato cercano al gobierno que se deteriore la situación de seguridad ciudadana? ¿Afecta a alguien? En cualquier circunstancia, no es conveniente que exista la duda.
La pregunta se exacerba con la idea que queda de que se conoce bastante sobre la dinámica criminal actual. Se conoce la evolución después de la extradición de Don Berna y otros comandantes paramilitares. Se conocen los grupos de criminalidad organizada que luchan por el control de la actividad criminal y su papel en la cooptación de jóvenes cuyas características familiares y sociales, como su historia delincuencial, han sido analizados. Se conocen los grupos poblacionales afectados y se conoce el impacto de la gran circulación de armas de fuego. Se conocen los territorios con algún grado de control por las bandas. Se conocen actividades económicas informales vulnerables frente a las pretensiones de control por grupos criminales. Se conocen las "ollas" y plazas de vicio en disputa. ¿Por qué no se es posible entonces contar con una política efectiva que atienda estas evoluciones del problema? ¿Falta coordinación entre las autoridades locales y las nacionales? ¿Falta decisión? ¿Falta incluir el problema en el “radar” del gobierno nacional?
Valdría la pena que el Gobierno Nacional abordara el tema y despejará la duda. Y la duda no se despeja con un discurso o con una salida en medios de algún ministro. Se despeja con resultados. La sociedad de Medellín está expectante.
Publicado El Nuevo Siglo 13-07-2009
Los estudios de gobernanza de la seguridad urbana han demostrado que más allá de las buenas fórmulas de política pública, cuyos manuales son de fácil acceso a través de la red internet, los buenos resultados dependen también de los intereses de los actores de la política pública y de las relaciones entre estos. Sobre esta base algunos se preguntan qué tanto inciden, por acción o por omisión, las posiciones de las instituciones nacionales o sus relaciones con las instituciones locales en los resultados de la política pública.
Una hipótesis plantea que cuando los poderes nacionales muestran desinterés sobre la situación de inseguridad de una ciudad y dejan “solos” a los actores locales, o disminuyen su acción para enfrentar el problema o no la aumentan según lo que la situación demanda, los problemas de criminalidad y delincuencia pueden aumentar. Si esta hipótesis es cierta, surge la pregunta sobre si, en medio de la campaña electoral, esto puede beneficiar políticamente a alguno de los candidatos. En Medellín, por ejemplo, muchos se están preguntando qué tanto de esto hay en la situación actual. ¿Conviene a algún candidato cercano al gobierno que se deteriore la situación de seguridad ciudadana? ¿Afecta a alguien? En cualquier circunstancia, no es conveniente que exista la duda.
La pregunta se exacerba con la idea que queda de que se conoce bastante sobre la dinámica criminal actual. Se conoce la evolución después de la extradición de Don Berna y otros comandantes paramilitares. Se conocen los grupos de criminalidad organizada que luchan por el control de la actividad criminal y su papel en la cooptación de jóvenes cuyas características familiares y sociales, como su historia delincuencial, han sido analizados. Se conocen los grupos poblacionales afectados y se conoce el impacto de la gran circulación de armas de fuego. Se conocen los territorios con algún grado de control por las bandas. Se conocen actividades económicas informales vulnerables frente a las pretensiones de control por grupos criminales. Se conocen las "ollas" y plazas de vicio en disputa. ¿Por qué no se es posible entonces contar con una política efectiva que atienda estas evoluciones del problema? ¿Falta coordinación entre las autoridades locales y las nacionales? ¿Falta decisión? ¿Falta incluir el problema en el “radar” del gobierno nacional?
Valdría la pena que el Gobierno Nacional abordara el tema y despejará la duda. Y la duda no se despeja con un discurso o con una salida en medios de algún ministro. Se despeja con resultados. La sociedad de Medellín está expectante.
Publicado El Nuevo Siglo 13-07-2009
14 de julio de 2009
Reelección de alcaldes: Vamos por partes
Ha vuelto a salir a la palestra la idea de la reelección de alcaldes y gobernadores. Esta vez es la Federación Colombiana de Municipios la abanderada. Uribe ya respondió que no cree que “sea justo seguir aplazando (...) la posibilidad de que el pueblo colombiano juzgue a los alcaldes y gobernadores en el certamen en el cual ellos presenten sus nombres para una reelección”.
La verdad no es una mala idea reelegir a los alcaldes, pero no en todos los municipios del país. Por ahora, es preferible concentrar esta perspectiva en los municipios grandes, digamos, de más de cien mil habitantes. Dirán algunos, ya los oigo, que todos deben ser iguales ante la ley. Pero la verdad es que en Colombia haríamos mejor, tratando distinto lo que es diferente.
Vamos por partes. En muchos países existe la posibilidad de reelegir alcaldes. En algunas partes hay alcaldes de veinte años. La idea de reelegir alcaldes va en la vía de darle continuidad a los proyectos locales exitosos. Pero la condición es que el sistema democrático local permita libertad y transparencia. Y ese es precisamente el principal “pero” en Colombia.
¿Hasta donde existen hoy las condiciones para un ejercicio de reelección libre en todos los municipios del país? La parapolítica ha demostrado claramente que las condiciones no están dadas hoy en todo el país. Agentes externos, paramilitares o mafias políticas, siguen controlando muchas estructuras municipales. Se ha hablado de la “reconfiguración cooptada del Estado”.
¿Cómo establecer una diferencia entre los sitios donde sí se puede y los sitios donde no sería conveniente? De entrada no habría por qué pensar que en municipios pequeños la vulnerabilidad es mayor que en municipios grandes. Sin embargo, la posibilidad de inducir mecanismos de prevención sí es más fácil en municipios grandes que en los pequeños. No hay que tomarlo como fórmula matemática, pero cabe pensar que en los municipios más grandes con mayor diversificación de la economía hay menor posibilidad de que el Estado sea la única instancia a capturar por los paramilitares o las mafias. Esto para los que quieren mirar el problema por el lado pesimista. También se puede pensar que en los municipios más grandes hay más posibilidades de contar con una masa crítica de opinión pública (academia, medios de comunicación, sector privado, etc.) con capacidad de veeduría, control ciudadano y denuncia. Habría mayor capacidad de contar con una opinión pública activa y con incidencia en los municipios más grandes y esto no es obstáculo completo para las mafias, pero ayuda a disuadir.
Entonces la propuesta es simple: Vamos por partes en la reelección de los alcaldes. Permitamos su reelección, pero arranquemos por los municipios más grandes, durante unos ocho años. Evaluemos, analicemos cómo evoluciona la captura del estado en los municipios pequeños en ese tiempo y, después de eso, volvamos a discutir la reelección en los demás municipios.
Publicado El Nuevo Siglo 06-07-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
La verdad no es una mala idea reelegir a los alcaldes, pero no en todos los municipios del país. Por ahora, es preferible concentrar esta perspectiva en los municipios grandes, digamos, de más de cien mil habitantes. Dirán algunos, ya los oigo, que todos deben ser iguales ante la ley. Pero la verdad es que en Colombia haríamos mejor, tratando distinto lo que es diferente.
Vamos por partes. En muchos países existe la posibilidad de reelegir alcaldes. En algunas partes hay alcaldes de veinte años. La idea de reelegir alcaldes va en la vía de darle continuidad a los proyectos locales exitosos. Pero la condición es que el sistema democrático local permita libertad y transparencia. Y ese es precisamente el principal “pero” en Colombia.
¿Hasta donde existen hoy las condiciones para un ejercicio de reelección libre en todos los municipios del país? La parapolítica ha demostrado claramente que las condiciones no están dadas hoy en todo el país. Agentes externos, paramilitares o mafias políticas, siguen controlando muchas estructuras municipales. Se ha hablado de la “reconfiguración cooptada del Estado”.
¿Cómo establecer una diferencia entre los sitios donde sí se puede y los sitios donde no sería conveniente? De entrada no habría por qué pensar que en municipios pequeños la vulnerabilidad es mayor que en municipios grandes. Sin embargo, la posibilidad de inducir mecanismos de prevención sí es más fácil en municipios grandes que en los pequeños. No hay que tomarlo como fórmula matemática, pero cabe pensar que en los municipios más grandes con mayor diversificación de la economía hay menor posibilidad de que el Estado sea la única instancia a capturar por los paramilitares o las mafias. Esto para los que quieren mirar el problema por el lado pesimista. También se puede pensar que en los municipios más grandes hay más posibilidades de contar con una masa crítica de opinión pública (academia, medios de comunicación, sector privado, etc.) con capacidad de veeduría, control ciudadano y denuncia. Habría mayor capacidad de contar con una opinión pública activa y con incidencia en los municipios más grandes y esto no es obstáculo completo para las mafias, pero ayuda a disuadir.
Entonces la propuesta es simple: Vamos por partes en la reelección de los alcaldes. Permitamos su reelección, pero arranquemos por los municipios más grandes, durante unos ocho años. Evaluemos, analicemos cómo evoluciona la captura del estado en los municipios pequeños en ese tiempo y, después de eso, volvamos a discutir la reelección en los demás municipios.
Publicado El Nuevo Siglo 06-07-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
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