A final de marzo pasado el entonces Ministro de la Defensa anunció con bombos y platillos el “salto estratégico” para derrotar definitivamente a las FARC. El planteamiento de Santos incluía seis elementos: campaña militar masiva y sostenida, contención en las fronteras, recuperación social de territorios, mayores trabajos de inteligencia, más capturas y judicialización de capturados y continuación de operaciones antinarcóticos. El columnista Eduardo Posada escribió que estos planteamientos “parecen…de sentido común” y que además “lo que sí parece faltarle …es una dimensión política”. Otro columnista, León Valencia, dijo que no había “nada nuevo en los enunciados del "salto estratégico"”. Además de que no haya nada nuevo y de que le falte dimensión política, que le falta, también le falta dimensión institucional: ¿Cómo se concibe una estrategia exitosa contra la guerrilla (o contra paramilitares o contra el narcotráfico) sin repensar la presencia de las instituciones del Estado en el territorio?
Sin instituciones públicas en el territorio, de manera permanente, no hay política ni gasto militar que aguante. Tampoco políticas sociales sostenibles, si las hubiera. Además, la descentralización está fracasada precisamente en las zonas de conflicto y no hay señales de mejoría en el horizonte. Todo lo contrario, los gobiernos locales en las zonas de conflicto, muchos capturados por grupos ilegales, están lejos de representar un verdadero Estado con presencia territorial: la cuestión no es de tener un aviso sino de tener instituciones sólidas y con oficio.
La estrategia militar, por su parte, se ha ocupado menos de garantizar soberanía en todo el territorio, que de controlar centros neurálgicos de aprovisionamiento y bienes estratégicos con localización específica. Para la mirada militar, controlar el territorio es controlar estos puntos. Y esto sólo no basta.
El tema central de la dimensión institucional, que ocupa poco a los estrategas del gobierno nacional, es el despliegue del Estado en el territorio. Por años, se impuso la tesis del Estado pequeño y se retiraron del territorio los servicios nacionales desconcentrados. Eran ineficientes e ineficaces pero la solución era reforzarlos. La lógica según la cual los servicios del Estado deben quedar en manos de otros agentes del mercado puede funcionar bien en zonas urbanas o en zonas consolidadas. En zonas con fuerte presencia de guerrilla, paras o narcos, la situación es diferente. En estos territorios se debe repensar el despliegue de una red de servidores e instituciones estatales. Allí se debe concebir un Estado territorializado que funcione diferente a otras zonas del país y que contribuya a la recuperación de la articulación Estado-Sociedad.
Hablar de un nuevo despliegue del Estado en territorios rurales en conflicto, concibiendo un nuevo esquema de desconcentración de instituciones y funcionarios, no puede ser políticamente incorrecto si de verdad se quiere superar la fase actual. Los candidatos presidenciales, que hablan a audiencias urbanas y se asesoran de profesionales que poco o nada conocen la realidad de estos territorios, deben asumir este debate.
Publicado El Nuevo Siglo 08-06-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
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