El Gobierno Nacional tendrá que revisar la forma en que sus decisiones están afectando a los más vulnerables. Un ejemplo crítico es el de los recicladores. Una ley reciente los está criminalizando por ejercer la actividad de reciclar basuras. La cohesión social que pregona el gobierno nacional pasa por la inclusión y la generación de oportunidades para los más vulnerables, todo lo contrario a este caso. No es coherente que el presidente Uribe, a quien se le vio en su segunda campaña montando en zorra y buscando los votos de los recicladores, ahora los “ningunee” y los termine de excluir sancionando dicha norma.
Es lo que está pasando con la ley 1259 sancionada por el presidente el 19 de diciembre pasado, luego de que el Congreso la discutiera y aprobara de manera silenciosa. Esta norma deja a los recicladores de Colombia sin cómo ganarse la vida. La norma criminaliza el oficio de reciclador. Todo aquel que intente buscar algo en la basura será castigado con multas hasta de dos salarios mínimos. Ya en el pasado, el 6 de agosto de 2002 el gobierno anterior había expedido una resolución que entregaba a los operadores de los servicios de aseo la propiedad sobre la basura e igualmente criminalizaba a los recicladores. Paradójicamente, este mismo gobierno, había, en cabeza de Cecilia Rodríguez ex - ministra del Ambiente, revertido dicha norma.
Es cierto que se debe buscar una solución al tema del reciclaje y al del transporte de los materiales reciclados en concordancia con el buen manejo del espacio público. Pero debe hacerse con los recicladores, no contra ellos. Hay que volver a pensar que los recicladores, que ya bastantes servicios ambientales no remunerados le han prestado a las ciudades, puedan dar el paso hacia organizaciones cooperativas prestadoras de servicios. Los burócratas locales, distritales y nacionales, suelen manifestar que así debe ser, pero en su interior suelen creer que es imposible. El BID, en cambio, si lo ha creído y apoya de manera importante proyectos de los recicladores.
La aplicación de la ley dejará sin trabajo a 300.000 recicladores en todo el país. Las empresas de aseo podrán acudir a la norma para eliminar los recicladores de la recolección y del tratamiento de las basuras. Más fuego a la hoguera del desempleo que dejará una crisis económica y social que el mismo gobierno acaba de anunciar.
En 2003 una sentencia de la Corte Constitucional reivindicó el derecho de los recicladores al mínimo vital, al fallar a su favor luego de que un gobierno de Bogotá planteara más o menos que la única posibilidad de reciclar era dejando el negocio en manos de grandes consorcios. La ley 1259 desconoce ese fallo e invisibiliza aún más a una población vulnerable. ¿Qué tanto tráfico de influencias hubo en el trámite escondido de la mencionada ley? No vaya y sea cierto aquello de que lo menos sucio del negocio de la basura era…la basura.
Publicado El Nuevo Siglo 30-03-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
Publicado www.palabranet.net
No hay comentarios.:
Publicar un comentario