En el encuentro mundial de la delincuencia juvenil en Suráfrica de este mes, jóvenes del mundo entero discutieron sus problemáticas. Igualmente, responsables de gobiernos locales y expertos internacionales han propuesto perspectivas analíticas y de política pública. No es dable la generalización, pero del diálogo entre estos actores surge que hay tantas realidades como elementos de estigmatización de los jóvenes en este asunto.
La población juvenil aumenta en los países en desarrollo y cada vez son más necesarias mejores oportunidades de acceso a la educación, al trabajo y a la inclusión en los asuntos colectivos. Son clave la educación y la inserción laboral para la franja de jóvenes que incluso debería, al menos en Colombia, llegar incluso hasta los 30 años. Actualmente llega hasta los 24.
También es real que una parte importante de los delitos y crímenes son cometidos por jóvenes. Esto es distinto a decir, como lo piensan algunos, que los jóvenes son delincuentes y por ello es fundamental tratar el tema con responsabilidad para evitar la peligrosa estigmatización. En Bogotá, según el Observatorio de la Seguridad, dos de cada tres reclusos, sindicados o condenados por delitos de alto impacto están en la franja de 12 a 35 años. Adicionalmente, el análisis de la trayectoria de los reclusos jóvenes indica que la reincidencia delictiva es alta y que el inicio en el delito se dio antes de los 19 años. Una conclusión es clara: debe trabajarse de manera seria y profunda en la prevención social de la delincuencia juvenil.
Para los que entran por primera vez al sistema judicial, es importante evitar su “contagio” con los delincuentes “confirmados”. Canadá ha aplicado un esquema especial para los jóvenes que delinquen por primera vez y son castigados. No se permite allí que entren en contacto con otros reclusos. Por ello, según análisis recientes, las ciudades canadienses se cuentan entre las más seguras del mundo. Una fuerte dosis de prevención social orientada a ofrecer oportunidades nuevas de acción colectiva y formación a todos los jóvenes, con énfasis en los jóvenes en riesgo y una focalización en los reclusos jóvenes evitando su relación con delincuentes confirmados en centros de reclusión, explicarían esos resultados. Empíricamente, a la sociedad le cuesta lo mismo en dinero la atención de un joven en un centro de reclusión que su atención en la educación superior por un mismo período de tiempo. La diferencia está en que las competencias delincuenciales y las redes sociales adquiridas en la cárcel pueden ser puestas en práctica más rápidamente que las competencias técnicas, científicas y ciudadanas. Para las ciudades colombianas es necesaria una política de juventud integral, concentrada en los derechos económicos, sociales, políticos y colectivos de los jóvenes. Y en materia de delincuencia juvenil, se requiere un mayor énfasis en la prevención social. Este es un tema en el que el nuevo Ministro del Interior podría hacer un aporte capital.
Publicado El Nuevo Siglo 23-06-2008
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