Cañar no cuesta nada

El país escuchó al Presidente de la República pedir la repetición de las elecciones de 2006. Para muchos se trata más de una jugada para asegurar su reelección pues las elecciones de 2006 no han sido anuladas y no hay razón para repetirlas. En cambio, la jugada es bastante útil para el gobierno, si bien es supremamente peligrosa, pues el presidente se acerca a un punto de no retorno en las relaciones con la Corte y corre el peligro de afectar en materia grave a la debilitada democracia colombiana. Los observadores internacionales ya subrayaron la dificultad de la crisis en la que paradójicamente el mismo político que mejoró la seguridad en las zonas rurales, ahora contribuye a la desinstitucionalización con el rechazo a los fallos de las cortes.

La inesperada y audaz jugada de ajedrez dejó a todo el mundo perplejo. Con ella Uribe mata varios pájaros de un tiro. Pone a la opinión pública, incluida la oposición, a respaldar la legitimidad de las elecciones de 2006. Pone en la picota pública a la Corte Suprema de Justicia, que, para muchos, cruzo el rubicón e ingresó en terreno político con las frases utilizadas en sus comunicados. Pone la agenda de medios a girar en torno a la amenaza de un nuevo orden institucional; por estos días, temas críticos como la parapolítica y la economía serán opacos para la opinión. Y, con todo esto, se crea el ambiente propicio para reformar la justicia a la medida del gobierno. De paso, Uribe desacomoda a los actores políticos que se organizan para la próxima elección presidencial y les deja claro que, hoy, nada puede hacerse sin contar con él. Los candidatos presidenciales se concentrarán en conquistar a Uribe más que en conquistar a los colombianos. Y el equipo político del gobierno podrá maniobrar más fácilmente para que el dedazo funcione.

Uribe y sus asesores saben que la comunidad internacional percibe esta salida como un acto desinstitucionalizador, más cercano al cliché del dictador latinoamericano que al estadista que Uribe siempre ha soñado ser. Los capitales siempre han sido aversos al riesgo de un país donde de un plumazo el presidente cambia las reglas de juego. Los empresarios podrían tomar precauciones y sacar parte de sus dólares, aumentar las primas de riesgo o simplemente postergar la decisión de invertir en Colombia. Pero, pareciera que el efecto negativo en percepción de inseguridad jurídica, ha sido calculado en Palacio. Y hasta ha tenido un impacto en la devaluación del peso, de mucho interés para gobierno y exportadores.

La pregunta clave hoy es qué tanto está Uribe cañando y hasta dónde encontró la vía para retomar el control de los factores de manejo de las crisis de la parapolítica y del yidisgate. Si la oposición muerde el anzuelo y responde con el mismo tono, estará contribuyendo al éxito del cañazo.

Publicado El Nuevo Siglo 30-06-2008

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Jóvenes: Estigmatización y realidad

En el encuentro mundial de la delincuencia juvenil en Suráfrica de este mes, jóvenes del mundo entero discutieron sus problemáticas. Igualmente, responsables de gobiernos locales y expertos internacionales han propuesto perspectivas analíticas y de política pública. No es dable la generalización, pero del diálogo entre estos actores surge que hay tantas realidades como elementos de estigmatización de los jóvenes en este asunto.

La población juvenil aumenta en los países en desarrollo y cada vez son más necesarias mejores oportunidades de acceso a la educación, al trabajo y a la inclusión en los asuntos colectivos. Son clave la educación y la inserción laboral para la franja de jóvenes que incluso debería, al menos en Colombia, llegar incluso hasta los 30 años. Actualmente llega hasta los 24.

También es real que una parte importante de los delitos y crímenes son cometidos por jóvenes. Esto es distinto a decir, como lo piensan algunos, que los jóvenes son delincuentes y por ello es fundamental tratar el tema con responsabilidad para evitar la peligrosa estigmatización. En Bogotá, según el Observatorio de la Seguridad, dos de cada tres reclusos, sindicados o condenados por delitos de alto impacto están en la franja de 12 a 35 años. Adicionalmente, el análisis de la trayectoria de los reclusos jóvenes indica que la reincidencia delictiva es alta y que el inicio en el delito se dio antes de los 19 años. Una conclusión es clara: debe trabajarse de manera seria y profunda en la prevención social de la delincuencia juvenil.

Para los que entran por primera vez al sistema judicial, es importante evitar su “contagio” con los delincuentes “confirmados”. Canadá ha aplicado un esquema especial para los jóvenes que delinquen por primera vez y son castigados. No se permite allí que entren en contacto con otros reclusos. Por ello, según análisis recientes, las ciudades canadienses se cuentan entre las más seguras del mundo. Una fuerte dosis de prevención social orientada a ofrecer oportunidades nuevas de acción colectiva y formación a todos los jóvenes, con énfasis en los jóvenes en riesgo y una focalización en los reclusos jóvenes evitando su relación con delincuentes confirmados en centros de reclusión, explicarían esos resultados. Empíricamente, a la sociedad le cuesta lo mismo en dinero la atención de un joven en un centro de reclusión que su atención en la educación superior por un mismo período de tiempo. La diferencia está en que las competencias delincuenciales y las redes sociales adquiridas en la cárcel pueden ser puestas en práctica más rápidamente que las competencias técnicas, científicas y ciudadanas. Para las ciudades colombianas es necesaria una política de juventud integral, concentrada en los derechos económicos, sociales, políticos y colectivos de los jóvenes. Y en materia de delincuencia juvenil, se requiere un mayor énfasis en la prevención social. Este es un tema en el que el nuevo Ministro del Interior podría hacer un aporte capital.

Publicado El Nuevo Siglo 23-06-2008

Un país, tres sistemas (1)

Colombia no es una sola. Son varias Colombias. Una más cercana a lo que es la vida en las grandes ciudades de los países de ingreso medio. Esta Colombia son esencialmente las ciudades de más de 200.000 habitantes y las zonas circunvecinas. En estas ciudades se está prácticamente en post-conflicto. Otra Colombia es la rural, la de los pequeños municipios, más o menos situados alrededor de la primera Colombia, conectados a las grandes zonas urbanas por los carreteables que el Ministro de Transporte llama carreteras. Y otra Colombia rural más profunda, prácticamente desconectada, porque en este país sin visión territorial el Estado nunca consideró importantes las fronteras ni la soberanía. En columna anterior me refería a estos tres territorios respectivamente como territorios verdes, amarillos y rojos.

Los dos gobiernos liberales de los años 90 gobernaron para la Colombia urbana y la Colombia de los municipios rurales conectados. Los últimos tres gobiernos, conservador uno y ultraconservador los dos últimos, han gobernando para las clases altas de la Colombia urbana, pero concentrando una gran porción del presupuesto en el problema de seguridad de la Colombia rural profunda que ha vió en acción a Castaño, Tirofijo y Jojoy. La inversión nacional de los últimos años ha privilegiado el gasto y la inversión militar para tratar de ganar el control de esos territorios. Pastrana se apertrechó, Uribe I tomo la iniciativa militar, aunque sin rumbo estable, y Uribe II-Santos pusieron estrategia y comenzaron a obtener resultados tangibles en ese control militar de los territorios rojos.

Pero la Colombia rural más conectada a los centros urbanos está descuidada. Basta mirar los pobres resultados del ministro Arias en su ramo (me refiero a la agricultura…por si el lector no lo sabía). Y en las zonas urbanas, afortunadamente existen en algunos casos buenas administraciones (Medellín y Bogotá son emblemáticos) que sumadas a la fracción moderna del empresariado, han asumido una parte de responsabilidad social y del discurso de esperanza y modernidad urbana. En cambio, en las zonas urbanas en las que el gobierno nacional ha metido la mano, la situación de desgobierno había podido alcanzar hasta el años pasado niveles preocupantes y la situación social, económica y hasta ambiental sigue siendo tensa y mostrando numerosos desafíos (Cali y Cúcuta son dos ejemplos).

Cada una de esas tres Colombias necesita un modelo distinto. Un país, tres sistemas. Pero no se trata por supuesto de copiar el eslogan de China. No es lo mismo Bogotá que Honda, ni Neiva que La Gabarra o Barranquilla que Condoto. Colombia necesita un gobierno tan bueno para comunicar (el de Uribe II-Santos ha sido el mejor de todos), como para actuar de manera adaptada a estas diferentes realidades. La historia podrá registrar que este fue el gobierno de la comunicación y de la muerte de Tirofijo. Pero tal vez la comunicación no alcance a la historia para borrar la incapacidad de desarrollar políticas públicas territorializadas.

Publicado El Nuevo Siglo 16-06-2008

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¿Qué hacemos con el Congreso?

Colombia tiene un Congreso irresponsable. Muchos congresistas le han huido a sus responsabilidades. Son fugitivos. El próximo presidente del Congreso le huyó a la responsabilidad del Partido Conservador frente a la reforma política. Los uribistas no asistieron a la comisión primera para dejar morir sin pena ni gloria una reforma que no era la pananea pero que enviaba un mensaje de deseo de reforma a la opinión pública. El actual Congreso actual le ha fallado al país.

Fabio Valencia había pronunciado la famosa frase: “o cambiamos, o nos cambian”. Ni han cambiado, ni al gobierno le interesa que la sociedad o la justicia los cambie. No importa cómo hayan obtenido sus votos o cuál sea su desempeño, son necesarios para votar los proyectos del gobierno. Uribe incluso ha utilizado el sempiterno argumento de que es un asunto de seguridad democrática. Esta sirve hasta para respaldar la irresponsabilidad del congreso.

Los colombianos confían cada vez menos en el Congreso. Pero aún no se sabe qué hacer con él. Cerrarlo, como plantean algunos, contribuiría a la crisis política e institucional. ¿Qué hacer entonces?. Nuestra sociedad está más acostumbrada a llorar sobre la leche derramada que a hacer seguimiento contínuo a los problemas. Hay la necesidad desde la sociedad civil, la academia y acaso desde los reductos de la política seria, de derecha civilista, de centroizquierda sensato y de centro, de hacer seguimiento constante al trabajo de cada uno de los congresistas. La opinión pública debe conocer mejor lo que hacen. Alguien debería montar una especie de palmarés o de ranking del trabajo parlamentario y mediatizarlo. Además de medir si asistió a las sesiones o no, tema en el que una mayoría saldría hoy mal librada, se trata dejar conocer a los electores quien está haciendo un trabajo congresional productivo en propuestas y aportes concretos y quien no. Esta el país en mora de un sistema de seguimiento independiente a los congresistas, que bien puede partir de los trabajos iniciales de la iniciativa de Congreso Visible. Si los electores conocen mejor (si es que conocen algo) el desempeño de sus congresistas, se podría aspirar a que elijan mejor en el futuro.

En la arena política, en lo que se refiere a cambios de fondo en el funcionamiento del Congreso, hay que evolucionar del esquema tradicional e improductivo de hacer oposición con pocos argumentos, con frases grandilocuentes y adjetivos descalificadores, a uno de propuestas elaboradas y contundentes. El país va y viene entre propuestas sueltas, que van desde el régimen parlamentario hasta la reducción del número de congresistas. Poco se habla de reformas sobre la representatividad territorial o sobre la responsabilidad de los congresistas. Lo primero los haría ser más visibles frente a un conjunto concreto de electores. Lo segundo evitaría que ante la menor decisión comprometedora pasen de agache o simplemente le huyan a la decisión.

Publicado El Nuevo Siglo 9-06-2008

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La geopolítica interna post-Tirofijo

Murió Tirofijo y con él se fue una larga y truculenta historia de guerra. Sin él, llega una nueva historia. En ella se mantienen algunos protagonistas, algunos actores de reparto ascienden a protagonistas y aparecen nuevos actores. Los actores del gobierno nacional deben seguir en su esfuerzo militar. En cuanto a los actores del vecindario andino, por ahora no hay que esperar cambios de fondo; tal vez sólo cambie el tono ante los medios internacionales. Por su parte, los actores políticos de la izquierda tendrán que separarse definitivamente de las tendencias y congresistas que tengan nexos con las FARC, si la Corte Suprema llega a comprobarlo.

Se vienen acomodamientos entre los actores internos de las FARC, con consecuencias que pueden ser positivas para una salida negociada al final del túnel, con una agenda muy acotada. También se pueden esperar consecuencias negativas asociadas al comportamiento centrífugo de algunos mandos altos y medios de la guerrilla que, con armas, recursos y entrenamiento, y a la usanza de los paramilitares, se comportarían más como agentes económicos en búsqueda de rentabilizar económicamente el control de territorios con algún interés para el negocio del narcotráfico. Lo cierto es que la moral guerrillera es baja en las unidades del centro del país, como lo ha demostrado la rendición de Karina. En las fronteras la moral está sustentada en la esperanza de un apoyo de Correa y Chávez. Y para algunas unidades de territorios de periferia, la moral estará sustentada en la posibilidad de obtener ganancias con el gramaje, con la prestación de servicios de seguridad al negocio de la droga y ocasionalmente con la participación directa en negocios del narcotráfico.

Con esto, la geopolítica del conflicto vista desde arriba muestra una división en tres tipos de territorios: rojos, amarillo y verdes. Los “territorios rojos” son aquellos de concentración de esfuerzos por parte de la guerrilla, principalmente en algunas periferias internas y principalmente en las periferias externas, en las que persiste aquella esperanza del soporte vecino. Las fuerzas armadas deben seguir en el esfuerzo de presionar militarmente para hacer cada vez más estrecho el “territorio rojo”. Los “territorios amarillos” son aquellos donde se ha recuperado el control militar pero aún no hay una consolidación del Estado en su dimensión multiagencial. El actual gobierno, con el ministro Santos en Defensa, ha avanzado en la recuperación del control militar del territorio (los “territorios amarillos”). Pero se necesitará una nueva visión de la presencia del Estado en estos territorios en el gobierno nacional o con un nuevo gobierno, para consolidar los “territorios amarillos”. Allí queda por asegurar el acceso de la población a todos los bienes públicos y las oportunidades del desarrollo. Y esto no depende exclusivamente de la cartera de Defensa.

Los “territorios verdes” son esencialmente las áreas urbanas y las áreas conectadas. La presencia guerrillera en ellos es cada vez más esporádica. Allí los problemas reales hoy tienen que ver poco con la seguridad nacional. Están más relacionados con la seguridad ciudadana y la convivencia: el crimen organizado urbano, la delincuencia común y las conflictividades sociales de la cotidianidad. El actual dispositivo del Estado concentrado fundamentalmente en recuperar el control de “territorios rojos”, para volverlos “territorios amarillos”, no es el mejor para los “territorios verdes” en los que está la mayoría urbana y periurbana de la población colombiana. Las ciudades, que ya están en post-conflicto, necesitan una verdadera política de seguridad ciudadana y convivencia, pero a falta de un Ministerio que lidere claramente una política explícita de seguridad urbana y convivencia, todo queda en lo que puedan impulsar la Policía Nacional, que tiene la voluntad pero no es formulador de política pública, y en lo que puedan liderar los alcaldes, que salvo las dos o tres ciudades principales de Colombia, no tienen o no han desarrollado todos las mismas posibilidades.

La geopolítica interna post-tirofijo está marcada por tres tipos de territorios que exigen tres tipos de acción del Estado. El gobierno está actuando bien en los “territorios rojos” en conflicto y en ello ha fundado durante cinco años su márketing político. Pero completar la tarea implica otro enfoque para los “territorios amarillos” en transición al post-conflicto y los “territorios verdes” que ya están en post-conflicto.

Publicado El Nuevo Siglo 3-06-2008

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