No deja de preocupar el informe reciente de Caracol Radio según el cual la inseguridad ha aumentado en las principales ciudades del país. En contraste con la mejoría de Bogotá, se hace referencia al problema de las pandillas en el Eje Cafetero, a la victimización de los jóvenes en Cali, al aumento de la percepción en Barranquilla y al cambio de la tendencia de mejoramiento de los indicadores de violencia que venía operando en Medellín. ¿Qué hay que hacer?
Mientras la seguridad democrática diseñada para enfrentar los grupos armados ilegales que operan principalmente en las zonas rurales muestra resultados positivos en la disminución de secuestros y en la afectación a guerrillas, paramilitares y organizaciones narcotraficantes en el terreno rural, la seguridad urbana no muestra hoy el mismo comportamiento. Debe analizarse si se trata de un problema de énfasis en el trabajo de la fuerza pública o de un problema de enfoque. Si se trata de lo primero, bastaría con pedir que hubiera una redistribución de la policía nacional hacia las zonas urbanas. Pero me temo que trate más bien de un problema de enfoque.
Las zonas urbanas tienen dos características particularmente importantes a la hora de construir la política de seguridad: la alta densidad demográfica y el anonimato. Por la primera característica, muchas actividades y usos del suelo en la ciudad generan un efecto aglomerativo. Las aglomeraciones en el transporte masivo o en sitios de alta afluencia de público son propicias para el raponazo y el hurto callejero. También, las altas concentraciones de población con escasos recursos en sitios marginales y en condiciones de hacinamiento, por una planeación urbana deficiente, pueden propiciar escenarios para la conflictividad intrafamiliares o para la agresión entre vecinos. Estos problemas se atienden con mucha prevención socioeconómica, pedagogía y acompañamiento de policías y funcionarios en el espacio público. En esto es fundamental el liderazgo de las alcaldías distritales y municipales, como la perspectiva multiagencial que permite la coordinación entre policía, organismos sociales y económicos de la administración local y el apoyo de grupos de funcionarios dedicados a la solución pacífica de conflictos, la educación y al acompañamiento a la ciudadanía en el espacio público.
De la segunda característica, el anonimato, se deriva una facilidad para la criminalidad organizada en la movilidad espacial, económica y social. Además, según algunos analistas, muchos problemas recientes en algunas ciudades tienen relación con la reorganización de facciones de la criminalidad organizada. Frente a estos fenómenos, son la capacidad de coerción, de inteligencia, de producción de pruebas para judicializar y de administración de justicia, los elementos centrales de la política pública. En ello, la articulación de la Policía Nacional con las alcaldías y con los organismos de justicia resulta fundamental. Más liderazgo de alcaldes, mas coordinación interinstitucional y cada vez más capacidad policial en las ciudades parece ser la respuesta necesaria para este momento.
Publicado El Nuevo Siglo 05-05-2008
Publicado www.lapalabradigital.com
Mientras la seguridad democrática diseñada para enfrentar los grupos armados ilegales que operan principalmente en las zonas rurales muestra resultados positivos en la disminución de secuestros y en la afectación a guerrillas, paramilitares y organizaciones narcotraficantes en el terreno rural, la seguridad urbana no muestra hoy el mismo comportamiento. Debe analizarse si se trata de un problema de énfasis en el trabajo de la fuerza pública o de un problema de enfoque. Si se trata de lo primero, bastaría con pedir que hubiera una redistribución de la policía nacional hacia las zonas urbanas. Pero me temo que trate más bien de un problema de enfoque.
Las zonas urbanas tienen dos características particularmente importantes a la hora de construir la política de seguridad: la alta densidad demográfica y el anonimato. Por la primera característica, muchas actividades y usos del suelo en la ciudad generan un efecto aglomerativo. Las aglomeraciones en el transporte masivo o en sitios de alta afluencia de público son propicias para el raponazo y el hurto callejero. También, las altas concentraciones de población con escasos recursos en sitios marginales y en condiciones de hacinamiento, por una planeación urbana deficiente, pueden propiciar escenarios para la conflictividad intrafamiliares o para la agresión entre vecinos. Estos problemas se atienden con mucha prevención socioeconómica, pedagogía y acompañamiento de policías y funcionarios en el espacio público. En esto es fundamental el liderazgo de las alcaldías distritales y municipales, como la perspectiva multiagencial que permite la coordinación entre policía, organismos sociales y económicos de la administración local y el apoyo de grupos de funcionarios dedicados a la solución pacífica de conflictos, la educación y al acompañamiento a la ciudadanía en el espacio público.
De la segunda característica, el anonimato, se deriva una facilidad para la criminalidad organizada en la movilidad espacial, económica y social. Además, según algunos analistas, muchos problemas recientes en algunas ciudades tienen relación con la reorganización de facciones de la criminalidad organizada. Frente a estos fenómenos, son la capacidad de coerción, de inteligencia, de producción de pruebas para judicializar y de administración de justicia, los elementos centrales de la política pública. En ello, la articulación de la Policía Nacional con las alcaldías y con los organismos de justicia resulta fundamental. Más liderazgo de alcaldes, mas coordinación interinstitucional y cada vez más capacidad policial en las ciudades parece ser la respuesta necesaria para este momento.
Publicado El Nuevo Siglo 05-05-2008
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