Según la alocución del Presidente de la República, los 14 jefes paramilitares fueron extraditados porque seguían delinquiendo desde la cárcel. Para el gobierno nacional este fue el motivo principal para su envío a los Estados Unidos. No deja de resultar paradójico que en el gobierno de la seguridad democrática los líderes de organizaciones criminales, después de someterse a la justicia, siguieran delinquiendo desde la cárcel más de un año después de encontrarse privados de la libertad.
La paradoja resulta de dos motivos. Primero, las cárceles son administradas por el mismo gobierno nacional, en particular por el INPEC que depende del Ministerio del Interior y de Justicia. ¿Cómo puede el gobierno pretender el control del todo el territorio nacional si no controla las cárceles donde están recluidos los delincuentes? Nuestra perspectiva de la seguridad responde a la tríada policía-justicia-cárcel, más concentrada en inhabilitar a los autores o victimarios, que en prevenir el crimen, eso es cierto y no es exclusivo de Colombia. Pero una vez los victimarios están en la cárcel la sociedad espera que estén bajo el control de la autoridad.
El segundo motivo de la paradoja es que la seguridad democrática se ha concebido fundamental para recuperar los territorios del país que habían o han estado bajo el control de grupos armados ilegales. Se ha insistido en la consolidación de territorios rurales alejados con una presencia institucional que complemente recuperación militar. Por ello sorprende que en el “territorio penitenciario” no ocurra el control por parte del Estado. Y desde hace tanto tiempo.
¿Qué ha hecho el Ministro del Interior y de Justicia frente a esta anomalía? Si de tiempo atrás se conocía el problema, ¿por qué no se hizo nada? ¿por qué no se intentó una solución? Es evidente que hay un problema de ineficacia o de negligencia en la administración penitenciaria y en el control de los reclusos. El ministro está allí para solucionar estos problemas. En un país serio, incumplir con la responsabilidad de manera tan evidente y desde hace tanto tiempo, es causal de remociones o de renuncias. Debería el ministro asumir su responsabilidad o decirle a la opinión qué o quién ha fallado durante tanto tiempo. Pero lo normal es que nada de ello ocurra en Colombia. No somos aún un país tan serio como para que luego de este escándalo, confesado por el propio presidente, pase algo.
Queda entonces preguntar si hacia adelante se tomarán los correctivos que impidan a los reclusos seguir delinquiendo desde la cárcel. Y se sabe que el tema no se circunscribe a los paramilitares. Muchos delincuentes utilizan la cárcel como sitio para “descansar” o para rehacer sus “redes sociales”. Sin contar con que una mayoría sale sin posibilidad de resocialización alguna. El problema de los paramilitares delinquiendo desde la cárcel no es más que la muestra de un viejo problema en el sistema penitenciario colombiano. Ojalá pase algo y alguien asuma la responsabilidad.
Publicado El Nuevo Siglo 19-05-2008
Publicado www.lapalabradigital.com
La paradoja resulta de dos motivos. Primero, las cárceles son administradas por el mismo gobierno nacional, en particular por el INPEC que depende del Ministerio del Interior y de Justicia. ¿Cómo puede el gobierno pretender el control del todo el territorio nacional si no controla las cárceles donde están recluidos los delincuentes? Nuestra perspectiva de la seguridad responde a la tríada policía-justicia-cárcel, más concentrada en inhabilitar a los autores o victimarios, que en prevenir el crimen, eso es cierto y no es exclusivo de Colombia. Pero una vez los victimarios están en la cárcel la sociedad espera que estén bajo el control de la autoridad.
El segundo motivo de la paradoja es que la seguridad democrática se ha concebido fundamental para recuperar los territorios del país que habían o han estado bajo el control de grupos armados ilegales. Se ha insistido en la consolidación de territorios rurales alejados con una presencia institucional que complemente recuperación militar. Por ello sorprende que en el “territorio penitenciario” no ocurra el control por parte del Estado. Y desde hace tanto tiempo.
¿Qué ha hecho el Ministro del Interior y de Justicia frente a esta anomalía? Si de tiempo atrás se conocía el problema, ¿por qué no se hizo nada? ¿por qué no se intentó una solución? Es evidente que hay un problema de ineficacia o de negligencia en la administración penitenciaria y en el control de los reclusos. El ministro está allí para solucionar estos problemas. En un país serio, incumplir con la responsabilidad de manera tan evidente y desde hace tanto tiempo, es causal de remociones o de renuncias. Debería el ministro asumir su responsabilidad o decirle a la opinión qué o quién ha fallado durante tanto tiempo. Pero lo normal es que nada de ello ocurra en Colombia. No somos aún un país tan serio como para que luego de este escándalo, confesado por el propio presidente, pase algo.
Queda entonces preguntar si hacia adelante se tomarán los correctivos que impidan a los reclusos seguir delinquiendo desde la cárcel. Y se sabe que el tema no se circunscribe a los paramilitares. Muchos delincuentes utilizan la cárcel como sitio para “descansar” o para rehacer sus “redes sociales”. Sin contar con que una mayoría sale sin posibilidad de resocialización alguna. El problema de los paramilitares delinquiendo desde la cárcel no es más que la muestra de un viejo problema en el sistema penitenciario colombiano. Ojalá pase algo y alguien asuma la responsabilidad.
Publicado El Nuevo Siglo 19-05-2008
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