Colombia lleva dos años sumida en la crisis del destape de la parapolítica. Sin embargo, la crisis constante se ha vuelto parte del paisaje y los ciudadanos, un poco por costumbre, no parecen escandalizarse más con cada nueva noticia. Adicionalmente, la agenda mediática ha estado copada desde diciembre pasado por Chávez, las FARC y las liberaciones. No son pocos los que ven venir una especie de dilución del problema. Algunos hacen cuentas sobre las próximas renovaciones de las altas cortes y calculan un trato más benigno para los parapolíticos. Por otro lado, el que se hayan enfilado baterías hacia miembros de la oposición liberal también es un mensaje de “hagámonos pasito”. Al final, pocos de los llamados a indagatoria, tal vez los mejor conectados con el actual régimen, terminarán sentenciados a pocos años.
Pasemos. Dejemos y esperemos que la justicia haga justicia. La pregunta ahora es ¿Y qué lección le queda al país de todo esto? Fue la elevación del umbral de tolerancia de los colombianos a la combinación de las formas de lucha, lo que hizo de la parapolítica un asunto éticamente indeseable. El concierto entre fuerzas paramilitares y grupos o caciques políticos regionales para mantener el poder y el control sobre determinada región, había sido algo normal en los últimos quince o veinte años, por coacción armada a los políticos o por simple negocio gana-gana entre unos u otros. Si la sociedad colombiana es capaz de mantener elevado el umbral ético, es probable que la nueva generación de políticos resulte disuadida de hacer alianzas con actores ilegales, o, en el caso más cínico, de hacerlas con mayor sigilo. Tal vez en ello el escándalo de la parapolítica haya dejado mayores lecciones y más arrepentidos que el proceso 8000.
Habría que preguntarse por las estructuras y los procesos, casi protocolos, territoriales para la captura por parte de la parapolítica de los recursos públicos de la salud y las obras públicas. Poco se ha sabido de la eficacia para controlar la corrupción en las entidades territoriales. Alguien debe dedicarse ahora a explicar a los colombianos cómo ha funcionado la paraeconomía, cómo se organizaron los políticos locales, de la mano de los paras, para desviar los recursos públicos a la combinación de sus clientelas con las organizaciones paramilitares. Ya se sabría si el país hubiera aprendido la lección y reforzado los esquemas de control o de disuasión para evitar este flagelo.
Si la crisis de la parapolítica se salda sólo con algunos parapolíticos condenados a pocos años y sin un reforzamiento serio en los esquemas de control y disuasión a la corrupción en las regiones, habremos perdido la oportunidad de recuperar la institucionalidad local para lo público y estarán las regiones expuestas a nuevos apetitos de políticos y fuerzas ilegales, que seguramente refinarán sus métodos para seguir capturando los recursos públicos.
Publicado El Nuevo Siglo 4-02-2008
Publicado www.lapalabradigital.com
Pasemos. Dejemos y esperemos que la justicia haga justicia. La pregunta ahora es ¿Y qué lección le queda al país de todo esto? Fue la elevación del umbral de tolerancia de los colombianos a la combinación de las formas de lucha, lo que hizo de la parapolítica un asunto éticamente indeseable. El concierto entre fuerzas paramilitares y grupos o caciques políticos regionales para mantener el poder y el control sobre determinada región, había sido algo normal en los últimos quince o veinte años, por coacción armada a los políticos o por simple negocio gana-gana entre unos u otros. Si la sociedad colombiana es capaz de mantener elevado el umbral ético, es probable que la nueva generación de políticos resulte disuadida de hacer alianzas con actores ilegales, o, en el caso más cínico, de hacerlas con mayor sigilo. Tal vez en ello el escándalo de la parapolítica haya dejado mayores lecciones y más arrepentidos que el proceso 8000.
Habría que preguntarse por las estructuras y los procesos, casi protocolos, territoriales para la captura por parte de la parapolítica de los recursos públicos de la salud y las obras públicas. Poco se ha sabido de la eficacia para controlar la corrupción en las entidades territoriales. Alguien debe dedicarse ahora a explicar a los colombianos cómo ha funcionado la paraeconomía, cómo se organizaron los políticos locales, de la mano de los paras, para desviar los recursos públicos a la combinación de sus clientelas con las organizaciones paramilitares. Ya se sabría si el país hubiera aprendido la lección y reforzado los esquemas de control o de disuasión para evitar este flagelo.
Si la crisis de la parapolítica se salda sólo con algunos parapolíticos condenados a pocos años y sin un reforzamiento serio en los esquemas de control y disuasión a la corrupción en las regiones, habremos perdido la oportunidad de recuperar la institucionalidad local para lo público y estarán las regiones expuestas a nuevos apetitos de políticos y fuerzas ilegales, que seguramente refinarán sus métodos para seguir capturando los recursos públicos.
Publicado El Nuevo Siglo 4-02-2008
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