Señales modernas

Van apareciendo señales modernas sobre la concepción de la seguridad urbana en Colombia y de eso trata esta columna. Hugo Acero ha señalado recientemente (El Tiempo, 20-09-2007) el agotamiento de la “seguridad democrática” y la necesidad de pasar a diseñar y ejecutar una política de convivencia y seguridad ciudadana. Pero, pensándolo bien, no es que la “seguridad democrática” se haya agotado. Es que no fue concebida para las especificidades de las zonas urbanas. Las cifras recientes revelan que la violencia y los delitos de alto impacto, asociados a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, han disminuido en las zonas rurales. Sin embargo, las cifras globales del delito y la criminalidad en zonas urbanas, con las excepciones de Bogotá y Medellín, han empeorado.

Las zonas urbanas de Colombia no necesitan la “seguridad democrática” tal como fue concebida hace cinco años. Necesitan unas políticas modernas de seguridad urbana, que cuenten con la participación de todos los actores, incluidos los locales, con una policía formada exclusivamente para atender la especificidad de la problemática urbana y con una perspectiva amplia que articule la dimensión de la seguridad ciudadana a una visión integral de desarrollo urbano.

Afortunadamente hay señales que anuncian que la visión de una política moderna de seguridad urbana se está abriendo camino. Se está dando el debate sobre la especificidad de la policía urbana en relación con el servicio de policía rural. También se habla de la desmilitarización de la policía, al menos, para estos tiempos de conflicto, en el ámbito urbano. En el Congreso se anuncian debates sobre la seguridad urbana que seguramente abordarán la problemática. Personas como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez han hablado del tema.

Más señales. Una ciudad como la capital de la República se dota de un instrumento colectivo de construcción social de las respuestas a los retos futuros de la seguridad; se trata del Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de Bogotá. El General Naranjo comienza a convocar a expertos del país para reflexionar sobre las necesidades de la seguridad urbana. Y el mismo General Naranjo ha decidido incluso ponerse el Everfit en algunas apariciones públicas, lo cual, lejos de ser un comentario de la sección de farándula, muy por el contrario envía un mensaje subliminal a la ciudadanía sobre el carácter civil de la Policía Nacional.

Pensar la seguridad para un país con diferencias territoriales tan marcadas es un reto grande. Y tratándose de Colombia hay que tener presentes, en materia de seguridad ciudadana, las especificidades y necesidades distintas de las ciudades de más de 200.000 habitantes, que albergan un 50% de la población del país en el 3% del territorio nacional. Estas necesidades son muy distintas a las de cascos urbanos de municipios pequeños con sus extensas áreas rurales. La futura organización institucional para la seguridad y la necesaria Ley Orgánica de Seguridad que requiere el país deberán tratar distinto lo que es diferente.

Publicado El Nuevo Siglo 24-09-2007
Publicado www.lapalabradigital.com

Convivencia y seguridad ciudadanas en áreas urbanas: Claves para los municipios

La mirada clásica de la seguridad urbana como un ámbito discrecional del Estado central sustentado en el sistema policía-justicia-cárcel, ha comenzado a cambiar. Nuevos actores y fenómenos han aparecido en la escena:

- Una seguridad privada en constante crecimiento.
- Una demanda creciente de participación ciudadana en la decisión y en la acción sobre temas de seguridad.
- Una evolución en la concepción de la seguridad como servicio público, hacia una seguridad como bien público que debe ser coproducido.
- La globalización que también ha globalizado el crimen y el delito, sacándolo incluso de las órbitas y jurisdic¬ciones nacionales.
- Las demandas crecientes de mayores relaciones entre policía y comunidad, en materia de cooperación y coproducción de seguridad, como de control social a la acción policial.
- La percepción de inseguridad ciudadana, que puede aparecer incluso cuando mejoran los indicadores de delitos de alto impacto, llegando a posicionar la seguridad urbana como el problema número uno para los próximos alcaldes.
- Una mayor importancia de los gobiernos locales gracias a la descentralización y, en consecuencia, una mayor expectativa frente a estos.

La seguridad ciudadana y la convivencia han pasado a ser también una responsabilidad de los gobiernos locales. En Colombia, la normatividad permite que los gobiernos locales asuman un liderazgo en las políticas de convivencia y seguridad ciudadanas. La Constitución Nacional establece que “los alcaldes deben conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la República y del respectivo gobernador”. También dice que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio” y que “la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante” (Art. 315). En desarrollo de esto, las leyes 4ª de 1991 y 62 de 1993 establecen que los alcaldes y gobernadores deben “diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”.

Los municipios deben asumir la convivencia y la seguridad ciudadanas para sus áreas urbanas como bienes públicos que propician las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas establecidas.

Es cierto que el conflicto armado ha conducido a que una lógica de seguridad nacional haya dominado las políticas de seguridad en el país. Pero la seguridad ciudadana y la convivencia como bienes públicos deben responder a una lógica de desarrollo urbano integral y, para ello, estas claves de política pública pueden ser de gran utilidad:

1. La seguridad ciudadana y la convivencia deben desarrollarse, principalmente, en torno a los fenómenos relacionados con el delito común, las violencias no letales, las contravenciones y las incivilidades.
2. El liderazgo decidido de cada alcalde frente a su comunidad, a la fuerza pública y a los actores económicos y sociales, debe servir para impulsar esta visión de la seguridad ciudadana.
3. La política pública necesita herramientas financieras apropiadas. La normatividad permite la constitución de un fondo-cuenta, con ingresos propios municipales, destinado a la seguridad ciudadana y la convivencia. Existe también la posibilidad de acceder al Fondo de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ministerio del Interior.
4. La seguridad ciudadana no es un asunto exclusivamente de la policía. Debe resultar de una aproximación global que integre coerción, prevención y solidaridad.
5. Las componentes de prevención y de solidaridad son muy pertinentes para la política pública local, dada la importancia de las políticas sociales en el ámbito municipal. Focalizar factores de riesgo (droga, alcohol, hacinamiento, deserción escolar, etc.) y poblaciones vulnerables es más fácil desde lo local.
6. La autoridad municipal debe liderar la fuerza policial de su municipio y evaluar su desempeño no sólo en función de resultados sobre la gran criminalidad y la violencia homicida, sino también en cuanto a logros en prevención del delito común y de los problemas de convivencia, y de los resultados en el control de las normas municipales.
7. El municipio debe medir y hacer seguimiento a los indicadores de violencia, delincuencia y convivencia, liderando el desarrollo de observatorios de convivencia. Para ello es necesaria una apropiada coordinación entre las instituciones que inciden en el tema: Secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Comunitario o Integración Social, oficinas del ICBF, comisarías de familia, inspecciones de policía, etc.
8. Además de los consejos de seguridad previstos por la ley, es necesario establecer mesas de trabajo y análisis permanente con los organismos de justicia que tienen jurisdicción en el municipio.

La seguridad ciudadana y la convivencia constituyen un ámbito fundamental para el desarrollo urbano. Aquí, más que los recursos, son la capacidad de gestión y el liderazgo de los alcaldes en la aplicación de estas claves, los que pueden conducir a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y convivencia de los municipios colombianos.

Publicado Revista del Buen Gobierno 09-2007

No caben ambigüedades

El senador Dussán dijo que no es “ni amigo ni enemigo” de las FARC. Esa declaración despertó el debate al interior del Polo. Saltaron aquellos que desde el centro-izquierda no tienen complejos para declararse enemigos de los métodos atroces de esta guerrilla anquilosada, como Garzón, Petro, Navarro, Maria Emma o Carlos Vicente de Roux. Pero del otro lado, se ha mantenido una posición de apego a la disciplina y a los estatutos para criticar las críticas a las FARC. Se trata de un debate, que contrario a lo que muchos pueden creer, es necesario para el país, pues la derrota de la guerrilla pasa por el fortalecimiento de un centro-izquierda de gobierno, tal como ocurre en las democracias serias.

Sin ambigüedades, el país necesita que todos los líderes rechacen no sólo la violencia de las FARC sino también la idea de la combinación de las formas de lucha, que algunos nostálgicos todavía acarician como una posibilidad. No se crea que rechazar a las FARC significa abandonar la posibilidad de una negociación política como parte de una estrategia más amplia para salir del conflicto armado. Todo lo contrario. El que el gobierno esté negociando políticamente con el ELN no quiere decir que no se rechacen Machuca o los secuestros. Tal vez allí ha estado la confusión de algunos y ello aún no les ha permitido asumir vivamente el rechazo a la violencia de las FARC.

También se ha dicho por parte de algunos líderes que lo importante es oponerse a Uribe. La oposición por la oposición es un error estratégico, de cara a la sociedad. La sociedad colombiana necesita menos una confrontación focalizada uninominalmente, que una dialéctica entre modelos de sociedad y que la posibilidad de comparar y escoger entre proyectos concretos debidamente expuestos por los líderes políticos. Pero ello necesita contar con los proyectos concretos o con ejecutorias para mostrar. Infortunadamente, el debate inteligente sobre proyectos concretos aún escasea en el país.

Ahora bien, cabe otra lectura de la crisis de la izquierda. No es descartable que se presenten movimientos de ruptura como fruto de estas tensiones. Si de este proceso surgen dos grupos consolidados, uno de izquierda radical, que ojalá rectifique el tiro y asuma también el rechazo a la combinación de las formas de lucha, y otro grupo socialdemócrata o de centro izquierda, no habría que interpretar necesariamente la disputa como una mala cosa en la perspectiva de largo plazo. En un sistema multipartidista razonable, con entre cinco y seis partidos, hay espacio suficiente para dos agrupaciones políticas con esas características. Se podría estar dibujando parte del espectro futuro de los partidos en Colombia.

Addenda. En medio de la campaña medio insabora de Bogotá se está colando la tercería de Vinasco. Habrá que ver la reacción de los equipos de Samuel y Peñalosa, pero muchos ya están diciendo: “y que no me esperen en la casa”.

Publicado El Nuevo Siglo, 19-09-2007
Publicado www.lapalabradigital.com

¿Las mejores elecciones?

El procurador Maya dijo que no había condiciones para las elecciones regionales de octubre. La analista Claudia Lopez ha manifestado que “el panorama electoral para octubre luce (…) claroscuro”. El mismo Ministro de la Defensa ha enseñado el mapa de riesgo electoral, donde una cuarta parte del territorio nacional aparece afectada. Todo esto se suma a los mapas de riesgo electoral presentados por la Misión de Observación Electoral estas últimas semanas. Por ello resultó sorprendente, por decir lo menos, la afirmación del Registrador Nacional Juan Carlos Galindo en una audiencia ciudadana organizada por la presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutierrez y por la senadora Martha Lucía Ramirez el 30 de agosto en el salón elíptico. ¡Dijo el Registrador que las próximas elecciones podrían ser las mejores de todos los tiempos!

A no ser que se trate de una salida sarcástica, infortunadamente para los colombianos la evidencia existente no permite suscribir el entusiasmo del señor registrador. Todo lo contrario. Al día de hoy no parecen suficientes los esfuerzos del gobierno nacional para evitar los riesgos contra las elecciones: los riesgos de intervención de actores armados, de clientelismo, de fraude y alteración a la mecánica electoral, de financiación mafiosa de las campañas.

Lo que sí es cierto es que esta vez, como tal vez nunca se había registrado, pareciera haber más ojos abiertos observando el proceso. Pero las vulnerabilidades y los riesgos no van a cambiar con la sola observación. Algunos “inexpertos” serán disuadidos, pero los “profesionales” del clientelismo, el fraude y la financiación mafiosa seguirán allí y afectarán los resultados.

Se debe pensar en cómo mitigar los riesgos del 28 de octubre, a sabiendas que, de fondo, el problema no sufrirá modificaciones. En el corto plazo, la fórmula es vigilancia y control institucional, control ciudadano, conciencia ciudadana en su voto y judicialización ejemplarizante de los delitos contra el sufragio.

Lo serio, lo estructural, debe comenzar el 29 de octubre. Pasado el fragor de la campaña, es preciso iniciar un verdadero debate sobre la reforma electoral profunda e integral que entre otros puntos permita discutir: El empadronamiento para evitar el trasteo de votos de una vez por todas; el voto obligatorio por diez años, para disminuir el impacto del clientelismo y del poder de compra de votos con los recursos de las mafias; las circunscripciones electorales uninominales en las elecciones locales a corporaciones, para aumentar la responsabilización de los elegidos y disminuir el costo de las campañas, y el voto electrónico, para disminuir la vulnerabilidad de los comicios frente al fraude y la alteración de la mecánica electoral en las registradurías.

Sólo de esta manera será posible que la democracia pueda contar con elecciones transparentes donde prime el mérito y la sana competencia entre alternativas y modelos de sociedad.

Publicado El Nuevo Siglo 11-09-2007
Publicado www.lapalabradigital.com

Publicado www.votebien.com

Terremoto impredecible, imaginario vulnerable

Hubo un irresponsable rumor según el cual ocurriría un sismo el martes 28 de agosto en la tarde en Bogotá. La bola corrió por internet y algunos medios le hicieron eco al rumor. Diana Rubiano, Directora de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, prontamente respondió al pánico generado en algunos sectores y comunicó claramente y con argumentos científicos que los sismos no son predecibles. Queda sin embargo la preocupación frente al riesgo que significa la información mal manejada, por error o con fines de terror, y las afectaciones que ello puede generar.

El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno que puede generar daños, perjuicios o disfuncionamientos a la sociedad, sus bienes y sus sistemas. No se predice pero se puede “sospechar” gracias a la evidencia histórica. Si en Bogotá han ocurrido sismos en el pasado, es muy probable que ocurran en el futuro y conviene prepararse disminuyendo la vulnerabilidad de las infraestructuras, de las instituciones, de los sistemas económicos y hasta de los imaginarios urbanos. Y este último punto debe preocupar. Quedó al descubierto que, contrario a lo que intuitivamente muchos creíamos, aún hay mucho por hacer en Bogotá para sensibilizar, construir un imaginario apropiado sobre lo que significa un sismo y la forma de prepararse y actuar frente al fenómeno cuando se presenta.

El que un ciudadano irresponsable haya inducido la situación ese día, cuando hasta en instituciones de seguridad y hospitales hizo eco al rumor, dice bastante sobre la necesidad de trabajar más en la concientización y los imaginarios del riesgo. Hay que trabajar mucho sobre la percepción ciudadana del riesgo, para que la asunción del mismo responda más a un ejercicio racional que al fatalismo guiado por imaginarios construidos con información falsa.

Según un interesante libro de Kervern sobre los riesgos, es una polémica entre Voltaire y Rousseau, con ocasión del sismo de Lisboa de 1755, la que permitió entrar a la “era de las neuronas” en la gestión del riesgo. Mientras Voltaire continúaba acusando a la naturaleza y a la providencia de los efectos del sismo, Rousseau recalcaba que lo que estaba en juego era la inteligencia y la responsabilidad humana. Invitaba así a salir del campo de lo mitológico y entrar al campo de lo lógico.

Queda mucho por hacer en materia de gobierno del riesgo en nuestras ciudades. El trabajo en Bogotá y el país en materia de percepción del riesgo, y de la inseguridad pública en general, debe apuntar en últimas a acercar los imaginarios y las percepciones a la realidad de los datos y la evidencia científica, incluso aceptando su incertidumbre. Y ello resulta más importante si se considera que en este y en otros campos del riesgo, como también ha ocurrido en la seguridad ciudadana, no faltarán otros pastorcitos mentirosos dispuestos a disfrazar las realidades.

Publicado El Nuevo Siglo 03-09-2007
Publicado http://www.lapalabradigital.com/