Es sorprendente que el Congreso de la República haya aprobado un artículo en el nuevo estatuto de ética de los congresistas que sustrae del campo de competencias del Procurador, la facultad de investigarlos disciplinariamente. Esta competencia se proponía fuera entregada a las comisiones de ética del Congreso, elegidas por los mismos parlamentarios. Además, los senadores y representantes que cometieran faltas disciplinarias gravísimas ya no serían destituidos e inhabilitados para ejercer funciones públicas, sino que máximo serían sancionados con una multa y con una amonestación privada.
La iniciativa es a todas luces inconstitucional, además de inconveniente. A la luz de la constitución (art 277) el Procurador General de la Nación tiene la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. El espíritu de la Constitución en este punto es la materialización de contrapoderes que ayuden a controlar posibles excesos de parte de alguno de los poderes. Esto es fundamental en democracia.
Ya el presidente anunció la objeción de la propuesta de marras por inconstitucionalidad. Empero quedan interrogantes. ¿Quién le teme a la Procuradoría? El que nada debe nada teme. La labor del Ministerio Público es visibilizar, prevenir o sancionar, según el caso, los desvíos de las funciones de servicio a la ciudadanía, desde infracciones disciplinarias contra el patrimonio público (¿se acuerdan del pomaricazo?), pasando por los conflictos de intereses y las ya clásicas presiones indebidas para incidir en la destinación de recursos públicos a nivel nacional o en las regiones, hasta la toma del paramilitarismo por políticos regionales, tal y como lo ha denunciado el mismísimo Fiscal Iguarán. A pesar de su temor, deben entender los congresistas que es inconveniente para la democracia, y no tiene presentación, sustraerse del control por parte del Ministerio Público.
También queda el interrogante de porqué los congresistas que respaldaron la proposición y votaron el artículo temen al control y a la rendición de cuentas. Porque además, como otro elemento del análisis, frente a este asunto, parecían no existir diferencias ideológicas, a juzgar por el origen partidista de los parlamentarios firmantes de la proposición. Lo cierto es que pocos congresistas rinden cuentas a sus electorados. Algunos rinden cuentas es al ejecutivo a cambio de favores (remember Teodolindo). Al contrario, si algo falta en el Congreso, es rendición de cuentas, evaluación y seguimiento.
Para la próxima legislatura la casi segura presidenta del Congreso será Nancy Patricia Gutierrez, quién precisamente en la época del pomaricazo asumió y recuperó la desacreditada presidencia de la Cámara de Representantes. Tiene la senadora Gutierrez una oportunidad de volver oportunidad la crisis, impulsando nuevas formas de rendición de cuentas y control ciudadano a los congresistas. Sería un buen paso en la búsqueda de una nueva legitimidad para el Congreso.
Publicado El Nuevo Siglo 25-06-2007
Publicado www.lapalabradigital.com
La iniciativa es a todas luces inconstitucional, además de inconveniente. A la luz de la constitución (art 277) el Procurador General de la Nación tiene la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. El espíritu de la Constitución en este punto es la materialización de contrapoderes que ayuden a controlar posibles excesos de parte de alguno de los poderes. Esto es fundamental en democracia.
Ya el presidente anunció la objeción de la propuesta de marras por inconstitucionalidad. Empero quedan interrogantes. ¿Quién le teme a la Procuradoría? El que nada debe nada teme. La labor del Ministerio Público es visibilizar, prevenir o sancionar, según el caso, los desvíos de las funciones de servicio a la ciudadanía, desde infracciones disciplinarias contra el patrimonio público (¿se acuerdan del pomaricazo?), pasando por los conflictos de intereses y las ya clásicas presiones indebidas para incidir en la destinación de recursos públicos a nivel nacional o en las regiones, hasta la toma del paramilitarismo por políticos regionales, tal y como lo ha denunciado el mismísimo Fiscal Iguarán. A pesar de su temor, deben entender los congresistas que es inconveniente para la democracia, y no tiene presentación, sustraerse del control por parte del Ministerio Público.
También queda el interrogante de porqué los congresistas que respaldaron la proposición y votaron el artículo temen al control y a la rendición de cuentas. Porque además, como otro elemento del análisis, frente a este asunto, parecían no existir diferencias ideológicas, a juzgar por el origen partidista de los parlamentarios firmantes de la proposición. Lo cierto es que pocos congresistas rinden cuentas a sus electorados. Algunos rinden cuentas es al ejecutivo a cambio de favores (remember Teodolindo). Al contrario, si algo falta en el Congreso, es rendición de cuentas, evaluación y seguimiento.
Para la próxima legislatura la casi segura presidenta del Congreso será Nancy Patricia Gutierrez, quién precisamente en la época del pomaricazo asumió y recuperó la desacreditada presidencia de la Cámara de Representantes. Tiene la senadora Gutierrez una oportunidad de volver oportunidad la crisis, impulsando nuevas formas de rendición de cuentas y control ciudadano a los congresistas. Sería un buen paso en la búsqueda de una nueva legitimidad para el Congreso.
Publicado El Nuevo Siglo 25-06-2007
Publicado www.lapalabradigital.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario