¿Se proponen acabar la minería?

Cada vez es menos correcto políticamente abordar el tema de la necesidad del desarrollo minero en Colombia. Pero es lo responsable. Es un error la reciente satanización generalizada a esta actividad en la opinión pública. Cuando se prohíbe la minería, es la minería formal la que se cohíbe. La informal, como la que arrasa ecosistemas en el Chocó, no hay opinión pública que la pare. Y esta minería informal existe porque no hay control estatal ni orientación hacia soluciones concretas. No digo que la minería no genera impactos ambientales, que sí. Digo que la solución no es erradicarla. La solución inteligente es facilitar una minería rentable, regulada, controlada y que compense los impactos que genera. Y esa es la minería formal. Y en cuanto al control y la regulación inteligente, habrá que exigir que alguien en el Estado asuma responsablemente esa tarea, que sabemos es más difícil que simplemente impedir todo.

No es conveniente el discurso moralista ambiental extremo que ha venido desplazando la idea de desarrollo sostenible iniciada hace veinte años y que propendía por un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Este concepto es el que habría que recuperar para la opinión pública. El resultado es que las narrativas más rentables políticamente hoy termina por imponer una perspectiva anticrecimiento económico. Pero realmente superar la pobreza y las vulnerabilidades sociales colombianas pasa por impulsar renglones clave del crecimiento económico como la minería. Pero el discurso satanizador, que hasta se volvió políticamente correcto, está dando al traste con esta posibilidad. Hasta un ministro inteligente, a dos semanas de iniciar campaña, prefiere seguir la corriente discursiva dominante antes que entrar en el análisis de fondo de la relación minería-crecimiento económico-medio ambiente.

No es fácil asumir posiciones equilibradas en materia de promoción de la minería, porque algunos prefieren no hacer análisis objetivos sino política con el tema ambiental, y, también, porque muchos empresarios mineros no han hecho el esfuerzo que deberían para imponer prácticas mineras responsables social y ambientalmente.

El caso de Cajamarca (y que quede claro que ni sé cómo se llama la empresa que explora allí) será paradigmático en el futuro. Por ello hay que concentrar en las decisiones que se tomen allí, toda la inteligencia y la capacidad del Estado, de la academia y de la sociedad civil, para que se pueda desarrollar una minería responsable, impulsadora del desarrollo económico del Tolima y que con sus excedentes compense los impactos ambientales que se generen, cosa que no ocurre hoy con los cultivos de arracacha.

Este país, como Canadá o Australia, tiene el reto y la obligación de utilizar bien y en beneficio de los colombianos los recursos del subsuelo. Para ello lo primero es impulsar y permitir una minería responsable social y ambientalmente. Después hay que pensar también en los mecanismos de redistribución social de dicha riqueza y en la reducción de los riesgos de corrupción que no permiten dicha redistribución.

Publicado El Nuevo Siglo 16-03-2009