El pasado 18 de junio el Senado de los Estados Unidos presentó excusas, en nombre del pueblo norteamericano, a la comunidad negra de ese país, por la esclavitud y la segregación racial. Esta resolución, aclamada por demócratas y republicanos, reconoció la injusticia fundamental, brutalidad e inhumanidad del tratamiento que recibieron los negros norteamericanos en el pasado, tanto por la esclavitud, como por las leyes segregacionistas de los siglos XIX y XX. Y esto sin contar la segregación socioeconómica que aún prevalece y sigue condenando a la pobreza y la marginalidad a muchas comunidades negras, como lo evidenció el desastre del Katrina en 2005.
La política son esencialmente símbolos. Que las más altas instituciones del Estado norteamericano hayan aceptado formalmente la calidad de víctimas históricas de las comunidades negras y haya pedido perdón, no soluciona la marginalidad socioeconómica actual de muchos negros norteamericanos, pero constituye un punto de inflexión que deja mejores esperanzas para las futuras generaciones. Que el presidente de los Estados Unidos sea actualmente un afroamericano, no es un mero detalle para explicar este histórico perdón y por supuesto que le ha quitado el complejo al Senado norteamericano. Más el hecho es histórico y debe suscitar las mayores y mejores reflexiones en otros países como por ejemplo en Francia donde un artículo reciente de Le Monde describe cómo para los jóvenes “de color” o “con orígenes”, como eufemísticamente se les llama, es más fácil tener éxito en Canadá, país desprovisto de complejos de este tipo, que en su propio país.
Pero miremos mejor la paja en ojo propio. Es ya bien conocido que en Colombia hay racismo y segregación racial. Que la población negra del país se encuentra en su conjunto en los niveles mas bajos de las escalas de ingresos y calidad de vida. Que los departamentos del Pacífico, que los barrios de las comunidades negras, como el Distrito Aguablanca en Cali, Nelson Mandela y María la Baja en Cartagena y tantos otros, sufren situaciones de pobreza inimaginables. Que allí convergen todos los problemas que incrementan la pobreza: corrupción, clientelismo, desplazamiento, criminalidad, conflicto armado. El tratamiento que la sociedad colombiana en su conjunto ha dado y sigue dando a las comunidades negras es fundamentalmente injusto, brutal e inhumano. Y la culpa no puede atribuírsele sólo a la corrupción de algunos líderes locales, argumento frecuente de las instituciones nacionales. Hay corruptos en esas comunidades y muchos, pero el gobierno nacional ha impulsado y presentado como representantes de las comunidades afrocolombianas a políticos sin escrúpulos, vinculados con la corrupción y la parapolítica.
La comunidad afrocolombiana merece que el Estado colombiano les pida un gran perdón por tantos años de injusticia, brutalidad e inhumanidad. Y merece, sobretodo, una decisión seria y desprovista de toda corrupción que permita, durante como mínimo los próximos diez años, concentrar todos los esfuerzos del Estado para, de una vez por todas, pagar una histórica deuda social.
Publicado El Nuevo Siglo 29-06-2009
Publicado www.palabranet.net
27 de junio de 2009
23 de junio de 2009
La frontera sur abandonada
Cuando se mira a Colombia desde afuera sorprende el contraste entre grandes ciudades y zonas rurales marginales, abandonadas por el Estado, y donde se enquistaron las organizaciones ilegales: unas veces la guerrilla, otras los paramilitares, y también el narcotráfico. Sin un sólido proyecto de Estado, históricamente Colombia abandonó a su suerte sus áreas periféricas. Nunca ha existido una conciencia del territorio. Pocos conocen estos territorios de frontera: soldados, guerrilleros, paramilitares, algunos investigadores científicos, aventureros colonizadores, misioneros, comunidades indígenas y secuestrados de las FARC. Todos en cambio hablan del “territorio colombiano”, pero sólo lo conocen en un mapa o desde el avión.
La frontera sur es uno de esos territorios donde a falta de presencia de las instituciones del Estado, la guerrilla y el narcotráfico, de un lado, y las bandas emergentes y el narcotráfico, del otro lado, terminaron por coparlo todo. La naturaleza le tiene pavor al vacío.
Del lado de Putumayo, hasta hace unos 15 años, la guerrilla hizo de esos territorios una retaguardia estratégica y la base para un proyecto político. Después, paulatinamente la carrera por los recursos para la guerra los convirtió sucesivamente en prestadores de servicios de protección al narcotráfico y en agentes mismos del tráfico de armas, de insumos para la coca y de coca. Las comunidades locales la vieron como la única presencia de una instancia organizada. Las armas les ayudaron a construir el imaginario de actores de poder. Y asumieron allí tres funciones básicas del Estado: monopolizaron las armas, administraron justicia, recaudaron impuestos. Jóvenes colonos y campesinos construyeron su modelo de poder sobre esa imagen.
A la par que coparon el territorio y la vida social, también manejaron la política. Cooptaron los gobiernos locales de una descentralización mal concebida en territorios abandonados. Y se convirtieron en motor de las pequeñas economías de caseríos, esencialmente economías de servicios y suministros a la tropa. Además controlaron el empleo ligado al cultivo, procesamiento y transporte de la cocaína. A pesar de la operación que dio de baja a Reyes, la cotidianidad no ha cambiado. Los locales siguen viendo a la guerrilla como actor de poder, pues la economía de la coca y de la guerra sigue dándoles de comer.
Recuperar esta frontera, hoy contralada con minas antipersonales y con francotiradores, requiere de un esfuerzo inteligente del Estado. Hay que repensar una estrategia integral de despliegue y presencia del Estado que permita ganar la confianza de las comunidades sobre la base de garantizar la permanencia institucional, de solucionar problemas sociales, de facilitar oportunidades laborales diferentes a las ilícitas y de reconstruir el tejido social. No puede tratarse sólo de controlar militarmente bienes estratégicos y nodos de aprovisionamiento. En estas zonas la respuesta es el Estado y sus instituciones, las mismas que durante 20 años fueron diezmadas por los apóstoles del Estado pequeño. Si comenzamos hoy, hay por lo menos 10 años por delante antes de cambiar radicalmente la situación.
Publicado El Nuevo Siglo 22-06-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
La frontera sur es uno de esos territorios donde a falta de presencia de las instituciones del Estado, la guerrilla y el narcotráfico, de un lado, y las bandas emergentes y el narcotráfico, del otro lado, terminaron por coparlo todo. La naturaleza le tiene pavor al vacío.
Del lado de Putumayo, hasta hace unos 15 años, la guerrilla hizo de esos territorios una retaguardia estratégica y la base para un proyecto político. Después, paulatinamente la carrera por los recursos para la guerra los convirtió sucesivamente en prestadores de servicios de protección al narcotráfico y en agentes mismos del tráfico de armas, de insumos para la coca y de coca. Las comunidades locales la vieron como la única presencia de una instancia organizada. Las armas les ayudaron a construir el imaginario de actores de poder. Y asumieron allí tres funciones básicas del Estado: monopolizaron las armas, administraron justicia, recaudaron impuestos. Jóvenes colonos y campesinos construyeron su modelo de poder sobre esa imagen.
A la par que coparon el territorio y la vida social, también manejaron la política. Cooptaron los gobiernos locales de una descentralización mal concebida en territorios abandonados. Y se convirtieron en motor de las pequeñas economías de caseríos, esencialmente economías de servicios y suministros a la tropa. Además controlaron el empleo ligado al cultivo, procesamiento y transporte de la cocaína. A pesar de la operación que dio de baja a Reyes, la cotidianidad no ha cambiado. Los locales siguen viendo a la guerrilla como actor de poder, pues la economía de la coca y de la guerra sigue dándoles de comer.
Recuperar esta frontera, hoy contralada con minas antipersonales y con francotiradores, requiere de un esfuerzo inteligente del Estado. Hay que repensar una estrategia integral de despliegue y presencia del Estado que permita ganar la confianza de las comunidades sobre la base de garantizar la permanencia institucional, de solucionar problemas sociales, de facilitar oportunidades laborales diferentes a las ilícitas y de reconstruir el tejido social. No puede tratarse sólo de controlar militarmente bienes estratégicos y nodos de aprovisionamiento. En estas zonas la respuesta es el Estado y sus instituciones, las mismas que durante 20 años fueron diezmadas por los apóstoles del Estado pequeño. Si comenzamos hoy, hay por lo menos 10 años por delante antes de cambiar radicalmente la situación.
Publicado El Nuevo Siglo 22-06-2009
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13 de junio de 2009
Alvaro Uribe a las FARC: No entres
Si nos atenemos a la tesis de Marco Palacio según la cual en Colombia faltaba el periodo populista, al terminar el período de Uribe estaríamos listos para una nueva fase de la democracia. Han sido años de populismo moderno y de opinión en el cual el presidente Uribe congregó a los colombianos en torno a un credo: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El 70% de los colombianos conocen y recitan hoy este credo casi con más facilidad que el Avemaría o el Padrenuestro. Y los que más lo recitan son, paradójicamente, aquellos de los estratos más bajos que hoy sufren la muerte de sus hijos como falsos positivos, que sólo tienen un trabajo informal en alguna calle de una ciudad colombiana, que sufren el rechazo y la estigmatización por ser pobres y además son los más afectados en su cotidianidad por las conflictividades sociales propias de los barrios más vulnerables.
¿Qué hizo posible esto? La teoría y la aplicación del Estado de Opinión de Uribe que ha consistido en concentrar la atención racional y la del inconsciente en las FARC, como el mal que todo lo explica en Colombia. No habría más problemas en Colombia, y, por si las dudas, hay que mantener la idea de que “la culebra sigue viva”, así hayan hoy problemas más apremiantes.
Un estilo presidencial lleno de alegorías, de rituales y de frases repetitivas logró construir un imaginario de presidente abnegado y milagroso contra las FARC. Una estrategia comunicacional exitosa y sostenida durante seis años, ha permitido que incluso hasta en los momentos de crisis económica, Uribe vaya bien, así el país vaya mal. Uribe es ya una especie de padre Marianito, el sacerdote de Angostura, Antioquia, convertido en el beato Mariano de Jesús Eusse y al cual le profesan tanta devoción sus seguidores, aún si sus rezos no se traducen en milagros, ni en soluciones a todos sus problemas.
Es el nuevo Estado de opinión, fase superior del Estado de Derecho según Uribe, en el que los imaginarios son más importantes que las realidades. Y en el que muchos medios y recursos públicos se utilizan para construir imaginarios convenientes, más que para resolver otros problemas cruciales del país como los de las vías, la pobreza, la corrupción, el acceso a salud, la calidad de la educación o la capacidad en ciencia y tecnología.
Los historiadores oficialistas escribirán que por esta época, en los barrios pobres de las ciudades, muchos niños, antes de acostarse y a pedido de sus madres, se paraban frente a la puerta de sus casas y leían la estampita que rezaba: “Alvaro Uribe tiene gran imperio contra las FARC, por lo cual es costumbre poner en las puertas de los aposentos, por la parte de adentro, esta cédula: Alvaro Uribe a las FARC: No entres”. Escribirán que Colombia había llegado a la fase superior del Estado de Opinión: El Estado Carismático.
Publicado El Nuevo Siglo 15-06-2009
Publicado www.palabranet.net
Publicado www.lapalabradigital.com
¿Qué hizo posible esto? La teoría y la aplicación del Estado de Opinión de Uribe que ha consistido en concentrar la atención racional y la del inconsciente en las FARC, como el mal que todo lo explica en Colombia. No habría más problemas en Colombia, y, por si las dudas, hay que mantener la idea de que “la culebra sigue viva”, así hayan hoy problemas más apremiantes.
Un estilo presidencial lleno de alegorías, de rituales y de frases repetitivas logró construir un imaginario de presidente abnegado y milagroso contra las FARC. Una estrategia comunicacional exitosa y sostenida durante seis años, ha permitido que incluso hasta en los momentos de crisis económica, Uribe vaya bien, así el país vaya mal. Uribe es ya una especie de padre Marianito, el sacerdote de Angostura, Antioquia, convertido en el beato Mariano de Jesús Eusse y al cual le profesan tanta devoción sus seguidores, aún si sus rezos no se traducen en milagros, ni en soluciones a todos sus problemas.
Es el nuevo Estado de opinión, fase superior del Estado de Derecho según Uribe, en el que los imaginarios son más importantes que las realidades. Y en el que muchos medios y recursos públicos se utilizan para construir imaginarios convenientes, más que para resolver otros problemas cruciales del país como los de las vías, la pobreza, la corrupción, el acceso a salud, la calidad de la educación o la capacidad en ciencia y tecnología.
Los historiadores oficialistas escribirán que por esta época, en los barrios pobres de las ciudades, muchos niños, antes de acostarse y a pedido de sus madres, se paraban frente a la puerta de sus casas y leían la estampita que rezaba: “Alvaro Uribe tiene gran imperio contra las FARC, por lo cual es costumbre poner en las puertas de los aposentos, por la parte de adentro, esta cédula: Alvaro Uribe a las FARC: No entres”. Escribirán que Colombia había llegado a la fase superior del Estado de Opinión: El Estado Carismático.
Publicado El Nuevo Siglo 15-06-2009
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7 de junio de 2009
¿"Salto estratégico" sin Estado en el territorio?
A final de marzo pasado el entonces Ministro de la Defensa anunció con bombos y platillos el “salto estratégico” para derrotar definitivamente a las FARC. El planteamiento de Santos incluía seis elementos: campaña militar masiva y sostenida, contención en las fronteras, recuperación social de territorios, mayores trabajos de inteligencia, más capturas y judicialización de capturados y continuación de operaciones antinarcóticos. El columnista Eduardo Posada escribió que estos planteamientos “parecen…de sentido común” y que además “lo que sí parece faltarle …es una dimensión política”. Otro columnista, León Valencia, dijo que no había “nada nuevo en los enunciados del "salto estratégico"”. Además de que no haya nada nuevo y de que le falte dimensión política, que le falta, también le falta dimensión institucional: ¿Cómo se concibe una estrategia exitosa contra la guerrilla (o contra paramilitares o contra el narcotráfico) sin repensar la presencia de las instituciones del Estado en el territorio?
Sin instituciones públicas en el territorio, de manera permanente, no hay política ni gasto militar que aguante. Tampoco políticas sociales sostenibles, si las hubiera. Además, la descentralización está fracasada precisamente en las zonas de conflicto y no hay señales de mejoría en el horizonte. Todo lo contrario, los gobiernos locales en las zonas de conflicto, muchos capturados por grupos ilegales, están lejos de representar un verdadero Estado con presencia territorial: la cuestión no es de tener un aviso sino de tener instituciones sólidas y con oficio.
La estrategia militar, por su parte, se ha ocupado menos de garantizar soberanía en todo el territorio, que de controlar centros neurálgicos de aprovisionamiento y bienes estratégicos con localización específica. Para la mirada militar, controlar el territorio es controlar estos puntos. Y esto sólo no basta.
El tema central de la dimensión institucional, que ocupa poco a los estrategas del gobierno nacional, es el despliegue del Estado en el territorio. Por años, se impuso la tesis del Estado pequeño y se retiraron del territorio los servicios nacionales desconcentrados. Eran ineficientes e ineficaces pero la solución era reforzarlos. La lógica según la cual los servicios del Estado deben quedar en manos de otros agentes del mercado puede funcionar bien en zonas urbanas o en zonas consolidadas. En zonas con fuerte presencia de guerrilla, paras o narcos, la situación es diferente. En estos territorios se debe repensar el despliegue de una red de servidores e instituciones estatales. Allí se debe concebir un Estado territorializado que funcione diferente a otras zonas del país y que contribuya a la recuperación de la articulación Estado-Sociedad.
Hablar de un nuevo despliegue del Estado en territorios rurales en conflicto, concibiendo un nuevo esquema de desconcentración de instituciones y funcionarios, no puede ser políticamente incorrecto si de verdad se quiere superar la fase actual. Los candidatos presidenciales, que hablan a audiencias urbanas y se asesoran de profesionales que poco o nada conocen la realidad de estos territorios, deben asumir este debate.
Publicado El Nuevo Siglo 08-06-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
Sin instituciones públicas en el territorio, de manera permanente, no hay política ni gasto militar que aguante. Tampoco políticas sociales sostenibles, si las hubiera. Además, la descentralización está fracasada precisamente en las zonas de conflicto y no hay señales de mejoría en el horizonte. Todo lo contrario, los gobiernos locales en las zonas de conflicto, muchos capturados por grupos ilegales, están lejos de representar un verdadero Estado con presencia territorial: la cuestión no es de tener un aviso sino de tener instituciones sólidas y con oficio.
La estrategia militar, por su parte, se ha ocupado menos de garantizar soberanía en todo el territorio, que de controlar centros neurálgicos de aprovisionamiento y bienes estratégicos con localización específica. Para la mirada militar, controlar el territorio es controlar estos puntos. Y esto sólo no basta.
El tema central de la dimensión institucional, que ocupa poco a los estrategas del gobierno nacional, es el despliegue del Estado en el territorio. Por años, se impuso la tesis del Estado pequeño y se retiraron del territorio los servicios nacionales desconcentrados. Eran ineficientes e ineficaces pero la solución era reforzarlos. La lógica según la cual los servicios del Estado deben quedar en manos de otros agentes del mercado puede funcionar bien en zonas urbanas o en zonas consolidadas. En zonas con fuerte presencia de guerrilla, paras o narcos, la situación es diferente. En estos territorios se debe repensar el despliegue de una red de servidores e instituciones estatales. Allí se debe concebir un Estado territorializado que funcione diferente a otras zonas del país y que contribuya a la recuperación de la articulación Estado-Sociedad.
Hablar de un nuevo despliegue del Estado en territorios rurales en conflicto, concibiendo un nuevo esquema de desconcentración de instituciones y funcionarios, no puede ser políticamente incorrecto si de verdad se quiere superar la fase actual. Los candidatos presidenciales, que hablan a audiencias urbanas y se asesoran de profesionales que poco o nada conocen la realidad de estos territorios, deben asumir este debate.
Publicado El Nuevo Siglo 08-06-2009
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1 de junio de 2009
Del Polo a los Quíntuples
El Polo Democrático Alternativo no se decidió a ampliar su perspectiva hacia el centro político. Lucho Garzón sale de un Polo que se resiste a ampliar la dialéctica interna y persiste en encerrarse en una perspectiva ortodoxa. En cambio, se acerca a un espacio de centro político mayoritario en la Colombia urbana. Pero no todo está ganado en el centro político y de todas formas es deseable para la democracia colombiana que se mantenga el Polo como partido en el extremo del abanico de ideas políticas.
Como en casi todos los países occidentales, queda en Colombia una izquierda ortodoxa más disciplinada, equivalente más o menos a la antigua Alternativa Democrática y un centro-izquierda en fase con la opinión y con vocación de gobierno, cuyo representante es Lucho Garzón, y que se parece más al antiguo Polo Democrático Independiente. La izquierda ortodoxa se quedó con la personería del PDA, mientras que el centro-izquierda deberá buscar nuevas alternativas para futuras campañas electorales. El análisis no será completo sin considerar la fuerza pragmática popular que es la Anapo y sin preguntarse qué hará en dos años cuando termine su gobierno en Bogotá.
Hacia adelante, no es imposible pensar que los vaivenes sucesivos de la política permitirán a esta izquierda de opinión volver a la alianza con la izquierda ortodoxa. O aliarse con el centro político o incluso con ambos. Cuando esto último ocurra de manera sólida, llegar al poder será un escenario posible. En la actualidad, el escenario es el de la participación en el centro, materializado en el interesante fenómeno de los Quíntuples”. La gran pregunta, como la dejó entrever la columnista Claudia López, es cómo pasar de la foto de cinco personalidades distintas y con grandes pergaminos, a los acuerdos concretos que permitan la conformación de un movimiento político, capaz recoger en una sola organización la estela de cada uno de los Quíntuples. Esto daría mayor fuerza a un candidato presidencial único que surja de allí. También haría verosímil la pelea por el Congreso, como las futuras batallas electorales por alcaldías y gobernaciones. Al fin y al cabo, es la democracia local la que nutre el discurso de los Quíntuples que podrán incluso volverse ocho, con los alcaldes independientes con éxito: Salazar, Mariamulata y Ospina.
Materializar el centro político, a partir de los esfuerzos de independientes y de que otros dirigentes de diferentes corrientes concurran a consolidar este espacio depende hoy de qué respaldo reciban los Quíntuples de la opinión pública, más allá del impacto mediático del evento de rechazo a la reforma política organizado por David Luna.
La dificultad no es menor pues la evidencia reciente de tentativas electorales nacionales de algunos de los Quíntuples, no estuvieron a la altura de las expectativas. Pero una unión sobre bases serias y con buena estrategia puede dar los resultados que el centro político del país ha esperado por años. Los Quíntuples tienen la palabra.
Publicado El Nuevo Siglo 01-06-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
Como en casi todos los países occidentales, queda en Colombia una izquierda ortodoxa más disciplinada, equivalente más o menos a la antigua Alternativa Democrática y un centro-izquierda en fase con la opinión y con vocación de gobierno, cuyo representante es Lucho Garzón, y que se parece más al antiguo Polo Democrático Independiente. La izquierda ortodoxa se quedó con la personería del PDA, mientras que el centro-izquierda deberá buscar nuevas alternativas para futuras campañas electorales. El análisis no será completo sin considerar la fuerza pragmática popular que es la Anapo y sin preguntarse qué hará en dos años cuando termine su gobierno en Bogotá.
Hacia adelante, no es imposible pensar que los vaivenes sucesivos de la política permitirán a esta izquierda de opinión volver a la alianza con la izquierda ortodoxa. O aliarse con el centro político o incluso con ambos. Cuando esto último ocurra de manera sólida, llegar al poder será un escenario posible. En la actualidad, el escenario es el de la participación en el centro, materializado en el interesante fenómeno de los Quíntuples”. La gran pregunta, como la dejó entrever la columnista Claudia López, es cómo pasar de la foto de cinco personalidades distintas y con grandes pergaminos, a los acuerdos concretos que permitan la conformación de un movimiento político, capaz recoger en una sola organización la estela de cada uno de los Quíntuples. Esto daría mayor fuerza a un candidato presidencial único que surja de allí. También haría verosímil la pelea por el Congreso, como las futuras batallas electorales por alcaldías y gobernaciones. Al fin y al cabo, es la democracia local la que nutre el discurso de los Quíntuples que podrán incluso volverse ocho, con los alcaldes independientes con éxito: Salazar, Mariamulata y Ospina.
Materializar el centro político, a partir de los esfuerzos de independientes y de que otros dirigentes de diferentes corrientes concurran a consolidar este espacio depende hoy de qué respaldo reciban los Quíntuples de la opinión pública, más allá del impacto mediático del evento de rechazo a la reforma política organizado por David Luna.
La dificultad no es menor pues la evidencia reciente de tentativas electorales nacionales de algunos de los Quíntuples, no estuvieron a la altura de las expectativas. Pero una unión sobre bases serias y con buena estrategia puede dar los resultados que el centro político del país ha esperado por años. Los Quíntuples tienen la palabra.
Publicado El Nuevo Siglo 01-06-2009
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25 de mayo de 2009
Prevención para una zona crítica
No es más segura la ciudad que más vigila, sino la que más criminalidad previene. Si bien Bogotá le apuesta a una estrategia de prevención, aún debe superar al menos cuatro retos para avanzar y mostrar resultados.
1. Es fundamental que además del trabajo de coerción y vigilancia, la policía también asuma la prevención como parte de su tarea. Prevenir implica un profundo trabajo de inteligencia frente al crimen organizado local. También requiere una fuerte articulación comunitaria. Por ello se debe revisar el esquema de Frentes Locales de Seguridad. Deben ir más allá del manejo de una alarma. Relanzarlos implica repensar su papel en la construcción de planes de acción barrial en conjunto con la Policía, sobre los cuales se puedan establecer periódicamente procesos de rendición de cuentas. Debe evitarse sin embargo que, como se piensa en localidades como Ciudad Bolívar, estos frentes manejen las cámaras de seguridad. Esto resulta altamente inconveniente en una localidad en la cual actúan bandas emergentes y milicias.
2. La prevención requiere una nueva narrativa de cultura de la prevención. Frente a los problemas de seguridad en los barrios, el común de la gente, en Colombia como en otros países, pide más policía. La gente no pide prevención. Se necesita una nueva narrativa urbana de la seguridad que incorpore y desarrolle, como en su momento ocurrió con la cultura ciudadana, una cultura de la prevención. Todo el esfuerzo de pedagogía y de comunicación no tradicional que se haga para introducir la prevención en los imaginarios urbanos será muy conveniente para la política pública.
3. Hay que medir los resultados de la prevención. Es necesario darse los medios y las herramientas para constatar que la prevención es más que un discurso y que da resultados. De otra manera la prevención no es sostenible. Para Bogotá, al finalizar este segundo año de administración distrital, será tiempo de una evaluación concienzuda de los avances del plan de desarrollo en materia de prevención. Para ello se requieren indicadores distintos a los que comúnmente se utilizan en los observatorios del delito de la ciudad. Habrá que comparar también la eficacia de la inversión en prevención con la eficacia de la inversión en otros aspectos de la política de seguridad ciudadana.
4. No hay política de prevención que funcione sin una adecuada coordinación. Las políticas de coerción requieren menos coordinación y más voluntarismo pues se sustentan en la tríada policía-justicia-penitenciaría. Las de prevención, además de voluntad política, requieren una profunda y minuciosa coordinación, dado que su carácter multidimensional involucra al tiempo aspectos sociales, económicos, culturales, urbanísticos, comunitarios, educativos, etc. Bogotá tendrá que superar el actual archipiélago institucional si quiere acercarse a los buenos resultados.
Las cartas están echadas. Si no se obtienen resultados en prevención, la opinión pública insistirá en la sempiterna solicitud de policía y Bogotá habrá perdido la ocasión de dar un necesario salto cualitativo en la política de seguridad ciudadana.
Publicado El Nuevo Siglo 25-05-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
1. Es fundamental que además del trabajo de coerción y vigilancia, la policía también asuma la prevención como parte de su tarea. Prevenir implica un profundo trabajo de inteligencia frente al crimen organizado local. También requiere una fuerte articulación comunitaria. Por ello se debe revisar el esquema de Frentes Locales de Seguridad. Deben ir más allá del manejo de una alarma. Relanzarlos implica repensar su papel en la construcción de planes de acción barrial en conjunto con la Policía, sobre los cuales se puedan establecer periódicamente procesos de rendición de cuentas. Debe evitarse sin embargo que, como se piensa en localidades como Ciudad Bolívar, estos frentes manejen las cámaras de seguridad. Esto resulta altamente inconveniente en una localidad en la cual actúan bandas emergentes y milicias.
2. La prevención requiere una nueva narrativa de cultura de la prevención. Frente a los problemas de seguridad en los barrios, el común de la gente, en Colombia como en otros países, pide más policía. La gente no pide prevención. Se necesita una nueva narrativa urbana de la seguridad que incorpore y desarrolle, como en su momento ocurrió con la cultura ciudadana, una cultura de la prevención. Todo el esfuerzo de pedagogía y de comunicación no tradicional que se haga para introducir la prevención en los imaginarios urbanos será muy conveniente para la política pública.
3. Hay que medir los resultados de la prevención. Es necesario darse los medios y las herramientas para constatar que la prevención es más que un discurso y que da resultados. De otra manera la prevención no es sostenible. Para Bogotá, al finalizar este segundo año de administración distrital, será tiempo de una evaluación concienzuda de los avances del plan de desarrollo en materia de prevención. Para ello se requieren indicadores distintos a los que comúnmente se utilizan en los observatorios del delito de la ciudad. Habrá que comparar también la eficacia de la inversión en prevención con la eficacia de la inversión en otros aspectos de la política de seguridad ciudadana.
4. No hay política de prevención que funcione sin una adecuada coordinación. Las políticas de coerción requieren menos coordinación y más voluntarismo pues se sustentan en la tríada policía-justicia-penitenciaría. Las de prevención, además de voluntad política, requieren una profunda y minuciosa coordinación, dado que su carácter multidimensional involucra al tiempo aspectos sociales, económicos, culturales, urbanísticos, comunitarios, educativos, etc. Bogotá tendrá que superar el actual archipiélago institucional si quiere acercarse a los buenos resultados.
Las cartas están echadas. Si no se obtienen resultados en prevención, la opinión pública insistirá en la sempiterna solicitud de policía y Bogotá habrá perdido la ocasión de dar un necesario salto cualitativo en la política de seguridad ciudadana.
Publicado El Nuevo Siglo 25-05-2009
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16 de mayo de 2009
Archipiélago Bogotá
El primer año de una administración es de reacomodo. En el primer año los gobiernos también suelen construir una narrativa y un relato que congregue la ciudadanía en torno al alcalde y su proyecto, cosa que no ocurre hoy con Samuel Moreno, según la encuesta reciente de Gallup. Si el inicio es de reacomodo, preparación de la estrategia y organización del trabajo, los déficits del primer año suelen ser compensados en el segundo. Preocupa que, casi a mitad del segundo año, no hay todavía señal de tal evolución en Bogotá. Como muchos, Bogotá Cómo Vamos evaluó ya la situación deficiente en frentes como vivienda, manejo de residuos, seguridad, educación, entre otros temas.
Tres razones tornan más complejo el escenario. 1) Un entorno político enrarecido para Samuel dado que hasta facciones del Polo que lo apoyaron en la consulta interna están acusando la pérdida de confianza y se tornaron exigentes; 2) Un constante rumor de clientelismo y prácticas politiqueras que genera mucha desconfianza; 3) La falta de una “marca” de gobierno con capacidad para movilizar a los ciudadanos, como en su momento lo hicieron la “cultura ciudadana” o la ciudad “sin indiferencia”.
Todo es propicio para que los grupos políticos que apoyaron a Samuel en campaña, y otros que no, aumenten su presión de participación en burocracia y contratos: o les dan más o pasan a la oposición.
Y sin un liderazgo fuerte, la administración de Bogotá adolece de un grave problema de coordinación. Las cabezas de las entidades distritales, sin un ambiente de proyecto conjunto, comienzan a hacer esfuerzos aislados. Muchos hacen esfuerzos para sacar adelante su sector o su entidad y no hundirse con el resto. Algunos, en el sector central como en las localidades, aprovechan la situación y se dedican a trabajar para sus respectivos grupos políticos. Con cada uno por su lado, la administración de Bogotá parece un archipiélago, sin articulación efectiva entre los sectores. Con este problema de coordinación, es normal que proyectos clave del Plan de Desarrollo se encuentren en déficit.
Samuel tiene legítimas aspiraciones futuras que se esfumarán si no logra imponer un nuevo liderazgo. Para ello, insiste esta columna, debe evitar ser presa de los grupos políticos, “refrescar” el equipo de gobierno, construir una nueva “marca” para su administración y permitirse nuevas audacias. A sólo dos años y medio de terminar la administración y con tantos logros por alcanzar, se requieren gerencias fuertes para los proyectos clave que, como hizo Fajardo con los Proyectos Urbanos Integrales de Medellín, aseguren una coordinación intersectorial fuerte e inteligente y garanticen los resultados que el Alcalde y la ciudad necesitan.
Si no se corrige el rumbo, en el rico laboratorio que es esta ciudad tendríamos a la administración de Moreno convirtiéndose en la prueba ácida para la Bogotá de Mockus. Al final del período Moreno se podría medir la resiliencia (capacidad de recuperación) de Bogotá frente a los momentos de flaqueza. Ojalá no haya lugar a este costoso experimento.
Publicado El Nuevo Siglo 18-05-2009
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Tres razones tornan más complejo el escenario. 1) Un entorno político enrarecido para Samuel dado que hasta facciones del Polo que lo apoyaron en la consulta interna están acusando la pérdida de confianza y se tornaron exigentes; 2) Un constante rumor de clientelismo y prácticas politiqueras que genera mucha desconfianza; 3) La falta de una “marca” de gobierno con capacidad para movilizar a los ciudadanos, como en su momento lo hicieron la “cultura ciudadana” o la ciudad “sin indiferencia”.
Todo es propicio para que los grupos políticos que apoyaron a Samuel en campaña, y otros que no, aumenten su presión de participación en burocracia y contratos: o les dan más o pasan a la oposición.
Y sin un liderazgo fuerte, la administración de Bogotá adolece de un grave problema de coordinación. Las cabezas de las entidades distritales, sin un ambiente de proyecto conjunto, comienzan a hacer esfuerzos aislados. Muchos hacen esfuerzos para sacar adelante su sector o su entidad y no hundirse con el resto. Algunos, en el sector central como en las localidades, aprovechan la situación y se dedican a trabajar para sus respectivos grupos políticos. Con cada uno por su lado, la administración de Bogotá parece un archipiélago, sin articulación efectiva entre los sectores. Con este problema de coordinación, es normal que proyectos clave del Plan de Desarrollo se encuentren en déficit.
Samuel tiene legítimas aspiraciones futuras que se esfumarán si no logra imponer un nuevo liderazgo. Para ello, insiste esta columna, debe evitar ser presa de los grupos políticos, “refrescar” el equipo de gobierno, construir una nueva “marca” para su administración y permitirse nuevas audacias. A sólo dos años y medio de terminar la administración y con tantos logros por alcanzar, se requieren gerencias fuertes para los proyectos clave que, como hizo Fajardo con los Proyectos Urbanos Integrales de Medellín, aseguren una coordinación intersectorial fuerte e inteligente y garanticen los resultados que el Alcalde y la ciudad necesitan.
Si no se corrige el rumbo, en el rico laboratorio que es esta ciudad tendríamos a la administración de Moreno convirtiéndose en la prueba ácida para la Bogotá de Mockus. Al final del período Moreno se podría medir la resiliencia (capacidad de recuperación) de Bogotá frente a los momentos de flaqueza. Ojalá no haya lugar a este costoso experimento.
Publicado El Nuevo Siglo 18-05-2009
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