Las hecatombes de Myanmar y China

Las catástrofes recientes de China y Myanmar y la momentánea sensibilidad política y social que suele acompañar las imágenes del desastre, permiten reflexionar sobre el futuro de los desastres naturales en el mundo. También sirven como espejo para reflexionar sobre la necesaria preparación de las instituciones, en particular en Colombia, en cuanto a la recuperación post-desastre.

La ecuación del futuro de las catástrofes en el mundo es simple. El crecimiento de desastres y de sus consecuencias nocivas será geométrico como el demográfico. Una población mundial cada vez más densa, principalmente en países de ingresos bajos y medios, está cada vez más expuesta a las amenazas naturales. Si además se suman los efectos del cambio climático en varias zonas del planeta, la conclusión natural es que las sociedades contemporáneas deben prepararse mejor para responder a la crisis y recuperarse.

El sismo de Sichuan en China demostró que el Estado chino está más dispuesto a asumir un esquema de decisiones moderno y a la vez abierto a la observación y la cooperación nacional e internacional en materia de atención a la crisis y de reconstrucción. La respuesta del gobierno de Myanmar al ciclón que dejó más de tres millones de damnificados ha sido todo lo contrario: aversa a la observación internacional y denotando una gran dificultad para la toma de decisiones apropiadas. En ambos casos, las explicaciones a la forma de tomar decisiones y a la opacidad o transparencia puede ser política. Mientras los chinos han entendido que en el mundo globalizado y con una sociedad más informada es fundamental la transparencia y la humildad para dejarse ayudar; el gobierno dictatorial de Myanmar ha escogido la opacidad de las decisiones y la desconfianza frente a la ayuda internacional, probablemente como una forma de esconder la debilidad institucional de su régimen autoritario. Como siempre, son las comunidades las beneficiadas o afectadas de las formas de tomar decisiones frente a las catástrofes.

Colombia, como lo ha demostrado la historia reciente (Popayán, Eje cafetero; Chinchiná y Armero, La Mojana y muchos barrios subnormales en las ciudades), es escenario de catástrofes naturales y lo seguirá siendo. El país ha desarrollado un sistema de prevención y atención de desastres que, sobre el papel, es ejemplo en América Latina. Pero el análisis de cerca permite decir entender que ese sistema todavía debe mejorar mucho para atender mejor las futuras catástrofes, pues en general hereda las dificultades propias de la institucionalidad de la cual hace parte: problemas para la toma de decisiones estratégicas y eficaces en el corto plazo, graves problemas de coordinación; dificultades para dimensionar la verdadera magnitud de los problemas e ineficacia, aún “viendo” los problemas de frente, como le pasa al Ministro del Interior y al director del INPEC frente a la criminalidad y los computadores en las cárceles. Es un buen momento para evaluar nuestra verdadera capacidad institucional para hacer frente a las catástrofes naturales.

Publicado El Nuevo Siglo 26-05-2008
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¿Dónde estaba el Ministro?

Según la alocución del Presidente de la República, los 14 jefes paramilitares fueron extraditados porque seguían delinquiendo desde la cárcel. Para el gobierno nacional este fue el motivo principal para su envío a los Estados Unidos. No deja de resultar paradójico que en el gobierno de la seguridad democrática los líderes de organizaciones criminales, después de someterse a la justicia, siguieran delinquiendo desde la cárcel más de un año después de encontrarse privados de la libertad.

La paradoja resulta de dos motivos. Primero, las cárceles son administradas por el mismo gobierno nacional, en particular por el INPEC que depende del Ministerio del Interior y de Justicia. ¿Cómo puede el gobierno pretender el control del todo el territorio nacional si no controla las cárceles donde están recluidos los delincuentes? Nuestra perspectiva de la seguridad responde a la tríada policía-justicia-cárcel, más concentrada en inhabilitar a los autores o victimarios, que en prevenir el crimen, eso es cierto y no es exclusivo de Colombia. Pero una vez los victimarios están en la cárcel la sociedad espera que estén bajo el control de la autoridad.

El segundo motivo de la paradoja es que la seguridad democrática se ha concebido fundamental para recuperar los territorios del país que habían o han estado bajo el control de grupos armados ilegales. Se ha insistido en la consolidación de territorios rurales alejados con una presencia institucional que complemente recuperación militar. Por ello sorprende que en el “territorio penitenciario” no ocurra el control por parte del Estado. Y desde hace tanto tiempo.

¿Qué ha hecho el Ministro del Interior y de Justicia frente a esta anomalía? Si de tiempo atrás se conocía el problema, ¿por qué no se hizo nada? ¿por qué no se intentó una solución? Es evidente que hay un problema de ineficacia o de negligencia en la administración penitenciaria y en el control de los reclusos. El ministro está allí para solucionar estos problemas. En un país serio, incumplir con la responsabilidad de manera tan evidente y desde hace tanto tiempo, es causal de remociones o de renuncias. Debería el ministro asumir su responsabilidad o decirle a la opinión qué o quién ha fallado durante tanto tiempo. Pero lo normal es que nada de ello ocurra en Colombia. No somos aún un país tan serio como para que luego de este escándalo, confesado por el propio presidente, pase algo.

Queda entonces preguntar si hacia adelante se tomarán los correctivos que impidan a los reclusos seguir delinquiendo desde la cárcel. Y se sabe que el tema no se circunscribe a los paramilitares. Muchos delincuentes utilizan la cárcel como sitio para “descansar” o para rehacer sus “redes sociales”. Sin contar con que una mayoría sale sin posibilidad de resocialización alguna. El problema de los paramilitares delinquiendo desde la cárcel no es más que la muestra de un viejo problema en el sistema penitenciario colombiano. Ojalá pase algo y alguien asuma la responsabilidad.

Publicado El Nuevo Siglo 19-05-2008
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Política ética o Todo se vale

El año pasado, por esta misma época (28-05-2007) esta columna escribió: “La política colombiana cambió con Uribe y la parapolítica. En los próximos meses será difícil aplicar viejas formulas para entenderla. Ya no sirve el análisis liberal-conservador, ni será de mucha utilidad el análisis izquierda-derecha”. Y planteó además que “La postura ética frente a la parapolítica será el clivaje más importante resultante de la era Uribe”. El reto principal para la democracia colombiana está en diferenciar bien aquellos actores que están de uno y otro lado de la delicada línea de la ética.

Para muchos líderes políticos del país, de izquierda y de centro principalmente, y también algunos de derecha, el país tiene que abandonar la “cultura del atajo” y el “todo se vale”. La parapolítica ha afectado al país al menos en los últimos diez años, pero la opinión pública sólo ha comenzado a asumirlo después de los trabajos académicos dirigidos por León Valencia y Claudia López. Y fue el proceso judicial iniciado por la Corte Suprema de Justicia, el que llevó a que la clase política se dividiera prácticamente en dos: aquellos que éticamente defienden que No todo vale y aquellos que resultaron aliados a los paramilitares en sus regiones o al menos beneficiados la coacción ejercida por estos sobre la población. Resultaron en Colombia dos bandos: el de la “Política ética” y el del “Todo se vale”.

Del lado de la “Política ética” los colombianos podrán contar con Mockus, Fajardo, Lucho Garzón, Rafael Pardo, Martha Lucía Ramírez, Gina Parodi, María Emma Mejía, Juan Camilo Restrepo, algunos miembros del Partido Liberal y líderes de izquierda civilista. Lucho Garzón habló de Guantanamera como una gran coalición democrática de socialdemócratas, conservadores sociales, centristas y algunos liberales. Más recientemente, Martha Lucía Ramírez sugirió un nuevo gran partido de centro que reúna a muchas de estas personalidades e ideas cuyo mínimo común denominador es la ética en la política. El realismo político sugeriría que tales acercamientos no son fáciles, pero lo que sí es cierto es que serán estos los referentes de todos aquellos le apuesten a una política ejercida desde una ética mínima. Coincidencialmente, la mayor parte de los que señalan la inconveniencia de un tercer período presidencial de Uribe pertenecen a este grupo.

Del lado del “Todo se vale”, una buena parte está en La Picota o en tránsito hacia alguno de los pabellones. Pero lo realmente grave es que detrás de ellos están surgiendo reemplazos menos visibles, y por ello mismo, con posibilidades de ser más efectivos en la aplicación de los viejos vicios políticos que en sus extremos llegaron a la alianza macabra con el paramilitarismo.

De la capacidad de los líderes de opinión de seguir señalando oportunamente a la ciudadanía las buenas prácticas de la “Política ética” y las malas del “Todo se vale”, dependerá en parte que los colombianos no vuelvan a equivocarse en el futuro.

Publicado El Nuevo Siglo 12-05-2008
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La seguridad en las ciudades

No deja de preocupar el informe reciente de Caracol Radio según el cual la inseguridad ha aumentado en las principales ciudades del país. En contraste con la mejoría de Bogotá, se hace referencia al problema de las pandillas en el Eje Cafetero, a la victimización de los jóvenes en Cali, al aumento de la percepción en Barranquilla y al cambio de la tendencia de mejoramiento de los indicadores de violencia que venía operando en Medellín. ¿Qué hay que hacer?

Mientras la seguridad democrática diseñada para enfrentar los grupos armados ilegales que operan principalmente en las zonas rurales muestra resultados positivos en la disminución de secuestros y en la afectación a guerrillas, paramilitares y organizaciones narcotraficantes en el terreno rural, la seguridad urbana no muestra hoy el mismo comportamiento. Debe analizarse si se trata de un problema de énfasis en el trabajo de la fuerza pública o de un problema de enfoque. Si se trata de lo primero, bastaría con pedir que hubiera una redistribución de la policía nacional hacia las zonas urbanas. Pero me temo que trate más bien de un problema de enfoque.

Las zonas urbanas tienen dos características particularmente importantes a la hora de construir la política de seguridad: la alta densidad demográfica y el anonimato. Por la primera característica, muchas actividades y usos del suelo en la ciudad generan un efecto aglomerativo. Las aglomeraciones en el transporte masivo o en sitios de alta afluencia de público son propicias para el raponazo y el hurto callejero. También, las altas concentraciones de población con escasos recursos en sitios marginales y en condiciones de hacinamiento, por una planeación urbana deficiente, pueden propiciar escenarios para la conflictividad intrafamiliares o para la agresión entre vecinos. Estos problemas se atienden con mucha prevención socioeconómica, pedagogía y acompañamiento de policías y funcionarios en el espacio público. En esto es fundamental el liderazgo de las alcaldías distritales y municipales, como la perspectiva multiagencial que permite la coordinación entre policía, organismos sociales y económicos de la administración local y el apoyo de grupos de funcionarios dedicados a la solución pacífica de conflictos, la educación y al acompañamiento a la ciudadanía en el espacio público.

De la segunda característica, el anonimato, se deriva una facilidad para la criminalidad organizada en la movilidad espacial, económica y social. Además, según algunos analistas, muchos problemas recientes en algunas ciudades tienen relación con la reorganización de facciones de la criminalidad organizada. Frente a estos fenómenos, son la capacidad de coerción, de inteligencia, de producción de pruebas para judicializar y de administración de justicia, los elementos centrales de la política pública. En ello, la articulación de la Policía Nacional con las alcaldías y con los organismos de justicia resulta fundamental. Más liderazgo de alcaldes, mas coordinación interinstitucional y cada vez más capacidad policial en las ciudades parece ser la respuesta necesaria para este momento.

Publicado El Nuevo Siglo 05-05-2008
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¿Colapso?

Desde tiempo atrás amigos y voceros del gobierno se dedicaron a promover la idea de que “aquí no pasa nada”. Afuera seguimos estando la lista de estados fallados o semi-fallados, pero aquí se rasgan las vestiduras y dicen que se trata de simples miradas extranjeras superficiales. Muchos coinciden en que estamos tal vez en la peor de las crisis institucionales de nuestra vida republicana, y no es solo retórica o discurso editorialista como podría sospecharlo el buen columnista Alejandro Gaviria. Basta con analizar la evidencia contundente del “descuadernamiento”: El número de congresistas indagados o judicializados por parapolítica ya va en varias decenas, la Corte Suprema comenzó indagación a Yidis Medina por cohecho, al votar la reelección, y, para utilizar los términos de The Economist, la parapolítica tocó ya a la primera familia.

Lo más grave es que los actores de esta crisis político-institucional, cuando tratan de “equilibrar” la balanza o de profundizar el proceso de la parapolítica, siguen profundizando la crisis. Unos anuncian nuevas revelaciones de penetraciones del paramilitarismo, otros debatiendo sobre una reforma política para tiempos normales y no falta quien proponga nuevas comisiones para quitar a la Corte suprema su misión institucional. Para observadores internacionales, estamos pasando de Estado fallado a Estado colapsado. ¿Estamos de verdad colapsando como Estado? Muchos saldrán a decir que no hay que exagerar. Lo cierto es que, como en la película de Woody Allen, Match Point, aún no sabemos de qué lado de la malla caerá la pelota de tenis: del lado del colapso total? o del lado del fortalecimiento de las instituciones?. Esto depende de la sindéresis y de la capacidad de la sociedad y fundamentalmente de los actores de la vida política, de tomar las decisiones más apropiadas, en las que prime el interés general, más allá del interés o del temor individual. Y habrá que asumir los costos que ello tenga.

Jared Diamond, en su libro Colapso, explica por qué las sociedades toman decisiones catastróficas: Cuando no se consigue prever un problema antes de que suceda; cuando el problema se manifiesta pero el grupo social no lo percibe; cuando una vez percibido, no se intenta resolverlo; o cuando se trata de resolver sin éxito. Los actores políticos colombianos estarían en el tercer caso. La crisis se percibe y se conoce desde antes, pero hay intentos serios y robustos por resolverla. Y la dinámica perversa en la que se ha entrado, hace que los planteamientos de tirios y troyanos estén más encaminados a construir imaginarios convenientes para sí mismos, que a encontrar la solución a la crisis. Colombia necesita hoy cabezas objetivas y sensatas para intentar salir de la situación de captura del Estado por mafias y grupos armados ilegales. Pero se necesita tener un “sentido de la historia” que guíe un gran acuerdo político y algunas reformas de fondo a la constitución. De lo contrario, el colapso institucional no estará lejos.

Publicado El Nuevo Siglo 28-04-2008
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Entendiendo la percepción de inseguridad

Según la más reciente encuesta de victimización y percepción de inseguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada para el segundo semestre de 2007, el 39 por ciento de los bogotanos se sienten inseguros, cinco puntos más que en la encuesta inmediatamente anterior. La misma encuesta constata que los encuestados que dijeron haber sido víctimas de la delincuencia en meses anteriores, bajó del 34 al 26%. ¿Por qué los ciudadanos dicen que ha bajado la victimización, pero al mismo tiempo aumenta la percepción de inseguridad en la ciudad? Es una paradoja que merece explicación.

Las cifras de victimización, como las cifras policiales, muestran que la tendencia global de la seguridad en Bogotá es a seguir mejorando. Pero los ciudadanos se sienten más inseguros. La percepción de inseguridad no depende exclusivamente de la evolución objetiva de la delincuencia y hay otros aspectos que inciden en ello: la vulnerabilidad individual, los imaginarios construidos a través de los medios de comunicación, la disminución del umbral de tolerancia al riesgo, la presencia institucional en la calle.

La situación de vulnerabilidad personal o individual incide en la percepción de inseguridad. Las personas de la tercera edad se sienten más vulnerables que las de otras franjas de edad. Las mujeres tienden a sentirse más inseguras que los hombres. Los grupos vulnerables cultural, social y económicamente, tienen razones para sentirse más inseguras en la sociedad urbana que no los incluye.

Las noticias e imágenes que circulan por los medios de comunicación inciden en la percepción. Lo que ocurre en otras zonas del país o en otras ciudades del mundo contribuye a la percepción de inseguridad aquí. El ciudadano puede pensar perfectamente: “Esto también me puede ocurrir a mi”. Mediciones empíricas muestran que personas que ven noticias de manera regular desarrollan, en relación con la violencia, mayores temores que otras personas que no acostumbran mirar las noticias a través de la televisión.

Pero también el desarrollo económico y social de una sociedad genera una actitud diferente frente a los fenómenos sociales. Las sociedades más desarrolladas, que han resuelto el problema de las necesidades básicas, tienden a desarrollar aversión frente a problemas y conflictos de la vida cotidiana cada vez más pequeños. Esta aversión al riesgo o a los problemas de inconvivencia, una especie de “infantilización de la sociedad”, habla bien de los avances socioeconómicos de la sociedad, pero es real y afecta al ciudadano.

Por otro lado, la mayor presencia de funcionarios públicos, identificables como tales, incluida la Policía, contribuyen a construir confianza y sensación de seguridad entre los ciudadanos, incluso en los lugares más complejos.

Por más explicable que sea el fenómeno de la percepción de inseguridad, la política pública urbana del siglo XXI debe incorporar, además de las medidas para prevenir y combatir la delincuencia, medidas para mejorar la sensación de seguridad. Las grandes ciudades deben tomar nota de ello.

Publicado El Nuevo Siglo 21-04-2008
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Tasa "natural" de homicidios

Para la elaboración del Plan de Desarrollo de Bogotá y la fijación de metas, se viene discutiendo cuál debe ser la meta en materia de indicadores de seguridad. El indicador tasa de homicidios por 100.000 habitantes ha sido tomado desde antes para ilustrar y medir los avances de Bogotá en seguridad. ¿Hasta dónde puede comprometerse hoy la Administración Distrital en materia de tasa de homicidios?

Según los registros policiales, la tasa de homicidios en Bogotá no superaba los 20 por 100.000 habitantes en los años 70. Fue durante los 80 que aumentó hasta alcanzar su paroxismo en 1993: 80 homicidios por 100.000 habitantes. Los analistas explican esta alza por una combinación de factores: desde el coletazo de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico y al conflicto armado, hasta la intolerancia y los problemas de convivencia. Desde 1993, comenzó un proceso continuo de descenso de la tasa de homicidios, hasta el nivel actual de 18 homicidios por 100.000 habitantes. No hay explicación única de los motivos de este descenso. Una confluencia de factores podría explicarlo: desde factores nacionales como el fortalecimiento de la fuerza pública y el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga, hasta factores de la ciudad como la cultura ciudadana, el mejoramiento del entorno urbano, la corresponsabilidad y la política social.

La pregunta es si las condiciones de conflictividad social que existen hoy en Bogotá permiten, incluso aplicando las mismas medidas de antes, que el homicidio siga cayendo de la misma manera. Nada permite afirmarlo. Tampoco negarlo. A juzgar por la tendencia, parecería que el fenómeno de violencia homicida ha comenzado a llegar a un nivel “natural”, parecido al de los años 70. Expertos dicen que “la curva de la tasa de homicidios se está aplanando”.

Existen fenómenos estructurales que no facilitan pronóstico o prospectiva alguna sobre la cifra de homicidios en los próximos años. El narcotráfico en el país no ha cedido y los grupos paramilitares y de guerrilla parecen migrar hacia bandas con armas, autonomía y claros fines lucrativos. Bogotá sigue recibiendo parte importante de población desplazada por la violencia y de población desmovilizada. El porte de armas no tiene grandes restricciones. El control de estos aspectos no depende hoy de la Administración Distrital. Parecería que, ceteris paribus, Bogotá está llegando a una “tasa natural de homicidios”, retomando el término de expertos como Isaac Beltrán y Bernardo Pérez. Moreno debería comprometerse, más que con una cifra de homicidios, con el desarrollo una política que, mínimo, mantenga la tasa actual y fortalezca la prevención de la delincuencia y violencia física. También, junto con la Policía Metropolitana, con una mayor focalización en la lucha contra las manifestaciones de criminalidad organizada que puedan afectar a Bogotá. Debe la Administración discutir con la Nación y otros actores nacionales, la acción privilegiada sobre factores que afectan la ciudad y cuyo abordaje no es competencia distrital.

Publicado El Nuevo Siglo 14-04-2008
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