Planeación de la futura Bogotá

El alcalde elegido de Bogotá tiene la responsabilidad de relanzar el desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero después de la administración Garzón, no puede tratarse solamente de un modelo “frío” enfocado exclusivamente en el espacio público. Debe ser un modelo urbano social que proyecte esta como una urbe del siglo XXI, incluyente y competitiva. Un ejemplo de lo que se puede lograr es Barcelona. Para ello la tarea más importante es retomar las riendas de una planeación que anticipe e interprete los grandes retos por venir y los plasme en la próxima revisión del POT.

Varios son los aspectos cruciales. Debe focalizarse una parte del proceso planificador y de gestión de la ciudad en la renovación urbana del centro y de las áreas aledañas al transmilenio y al futuro Metro, si esta propuesta fuera revalidada por el alcalde electo. Se trata de proyectos que deben acelerar la dinámica económica de la ciudad y la generación de empleo.

Debe la oficina de Planeación del alcalde electo retomar las discusiones con el gobierno nacional y los concesionarios del Aeropuerto de Bogotá para que el entorno inmediato de esta infraestructura de competitividad, el de la Ciudad-Región, se adecue a las necesidades de un terminal aéreo que aspira a volverse el hub más importante de la mitad de las Américas. Ayudará mucho pasar de la reflexión a la acción en materia de institucionalización de esta Ciudad-Región.

La nueva Planeación debe preparar y materializar los esquemas de gobernabilidad para la problemática del Hábitat, entre los ciudadanos sin vivienda, organizaciones de vivienda popular, constructores privados, gobierno nacional y el propio Distrito, para coproducir vivienda digna completa, que no lotes con servicios, de manera eficaz y efectiva. Las bases de un Pacto por el Hábitat deben ser retomadas y fortalecidas para avanzar efectivamente en el desarrollo de nuevos suelos y en la renovación urbana integral, como ocurre en las ciudades desarrolladas.

Se debe planear y actuar sobre la movilidad de la Bogotá del futuro en términos del Sistema Integrado de Transporte ya mencionado por todos y también de una política del tiempo, orientada a disminuir los desplazamientos, en cantidad y duración, para acceder a los servicios sociales. En ello es clave una perspectiva social de proximidad residencia-servicios.

Se debe comenzar a anticipar la que podría ser, de no actuar ahora, la mayor inequidad del futuro: el acceso inequitativo a la banda ancha. Una ciudad que ha imaginado su propia “ciudad del conocimiento”, debe avanzar hacia la gratuidad del acceso al Internet inalámbrico. Este es elemento clave de la metrópolis incluyente del futuro. Hay que buscar ser competitivos en materia impositiva frente a la instalación de nuevas firmas en el sector de servicios, de información y de comunicación.

En necesario en síntesis que el nuevo alcalde lidere la planeación de un nuevo modelo de ciudad incluyente y competitiva.

Publicado El Nuevo Siglo 29-10-2007
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EL: próximo alcalde

Samuel Moreno sería el próximo alcalde de Bogotá, si, como suele ocurrir en Bogotá, las tendencias de los sondeos se mantienen la última semana, si los pálpitos de líderes políticos cercanos a las campañas de los dos punteros se materializan y si a última hora no ocurre un hecho de opinión mayor capaz de cambiar la tendencia (remember Aznar contra Zapatero). ¿Qué hizo bien la campaña de Samuel?, ¿Qué hizo mal la de Peñalosa?

Samuel demostró una mejor estrategia política. Ha aglutinado más allá de la izquierda tradicional y se ha ocupado de afianzar el voto de opinión y robustecer su propuesta programática. Supo mantener unida la izquierda. Supo seducir la base liberal y consolidar el apoyo del conservatismo belisarista y hasta pastranista. Incluso, con perfil bajo, algunos líderes uribistas se sumaron. Samuel ha sabido apartar el debate local de la polarización nacional. Y frente a algunos escepticismos en el electorado de opinión, el candidato hizo la tarea y sorprendió a muchos con el conocimiento concreto de las cifras y los problemas de la ciudad, así como la defensa con argumentos de su propuesta para afianzar la política social distrital. De confirmarse, la clave de su triunfo habría sido la combinación de una eficiente estrategia política con un esfuerzo en la maduración de su propuesta y la conquista del voto de opinión.

Si Peñalosa pierde, debe buscarse una explicación en los numerosos errores de su campaña. Otrora candidato independiente, se decidió esta vez por un esquema, que no es su fuerte, de alianzas partidistas. Se ausentó de los debates al inicio de la campaña y eso terminó sumando al imaginario de prepotencia y a la cota de desfavorabilidad. La campaña cambió el mensaje y la orientación varias veces al vaivén de episodios y sondeos, lo que deja pensar que no existía una verdadera estrategia. Y tal vez el factor de mayor incidencia ha sido su mensaje centrado en un pasado, exitoso sin duda, cuando la expectativa ciudadana en elecciones suele apuntar al futuro y manifestarse a través de miedos o a través de sueños. El mensaje de Peñalosa fue más percibido como una retrospectiva que como un sueño.

La pregunta a responder ahora es ¿Qué significa que Samuel sea el alcalde de esta metrópolis? Ese será tema de un próximo análisis.

Entretanto, la tendencia para el Concejo mostraría al Polo como primera fuerza con entre 10 y 12 curules, seguido de Cambio Radical y el Partido Liberal con entre 8 y 10 curules. Con la posible mayor votación en el Polo, Toño Sanguino se vislumbraría como el próximo presidente del cabildo. Hay que esperar que además de figuras frescas como las de Sanguino y Juan Fernando Rueda, el Concejo siga contando con dos de sus concejales más serios: Carlos Vicente De Roux y Lariza Pizano.

Publicado El Nuevo Siglo 22 10 2007
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¿Quo vadis, Uribe?

La pregunta que hay que hacerse ahora es ¿A dónde va Uribe? ¿Cuáles son las razones de los últimos acontecimientos con los que se ha impactado a la opinión pública? Hay que saber que los actores políticos casi siempre actúan buscando “efectos colaterales”. Detrás de cada frase o de cada acción el actor político ya ha visualizado las reacciones de otros actores y ha debido analizar cuatro o cinco jugadas más adelante. Como cualquier jugador normal de ajedrez.

El pronunciamiento del Presidente contra la Corte Suprema de Justicia fue el hecho más impactante de la semana pasada. Desde Palacio se ha hablado de complot de magistrados de la Corte. Esto ocurrió en momentos en que se vislumbraba el llamado a indagatoria de otros políticos, también por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Tres episodios precedían estos pronunciamientos: la filtración de las grabaciones que involucraban a los llamados “parapolíticos”; las posiciones del New York Times frente al gobierno y el libro de Virginia Vallejo que también mencionaba al Presidente. En días anteriores, la agenda pública había sido copada por Chávez y Piedad Córdoba en el tema del acuerdo humanitario, opacando al gobierno nacional. El Presidente llevaba varias semanas a la defensiva.

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Son puras coincidencias? ¿Alguien ha buscado indisponer deliberadamente al Presidente con la carta que recibió de “Tasmania” y que motivó su reacción? ¿O se trata de una estrategia para que pasar de la defensiva a la ofensiva, como ya ha ocurrido en el pasado? En Colombia hay que todo más allá de las interpretaciones intuitivas. Los jugadores de la política son más perspicaces de lo que la opinión se imagina. También el anuncio de la “U”, con excepción de tres lúcidos disidentes, de promover un referendo para que Uribe sea elegido para un tercer mandato, amerita análisis contextualizado. La inmediatez de los hechos no permite excluir su conexión.

¿Habrá sido la reacción del Presidente una jugada que busca efectos varios? Con ese pronunciamiento, se pone en tela de juicio ante la opinión pública a la Corte Suprema, y se crea un ambiente para las defensas de los políticos vinculados con el paramilitarismo, al tiempo que blinda a la Presidencia de la República ante la opinión pública. Además, el tono usado por el presidente pareciera buscar una mayor sintonía con una parte de la opinión que gustan de un presidente “cargado de tigre”. Y escoger como objetivos de sus críticas también a periodistas y medios capitalinos, pone en tela de juicio a la “prensa bogotana” frente al presidente de la provincia. Eso vende en las regiones. ¿Cuál será entonces en este contexto la pretensión de la noticia de buscar un tercer mandato? Tal vez habría que leerla de manera contraintuitiva.

Publicado El Nuevo Siglo 15-10-2007
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Ciudadanos armados

En el último reporte del Small Arms Survey, que analiza la relación entre armas de fuego y violencia, se percibe bien que en esta materia los hechos hablan por sí solos. En la Conferencia sobre el estado de la seguridad en las ciudades del mundo en 2007, organizada este inicio de octubre en Moterrey, Robert Muggah, investigador de esta organización ha explicado cómo la violencia suele ser mayor en las ciudades en las que los ciudadanos poseen armas de fuego, legales o ilegales.

Los datos presentados por este reporte, elaborado con el apoyo de la Universidad de Columbia, muestran la correlación existente entre los niveles de violencia homicida y las presencia de armas en la ciudad en poder de los habitantes. En por ejemplo, los datos que entrega el Observatorio de la Seguridad ya han demostrado que en al menos un 60% de los homicidios que se presentan en la ciudad, son usadas armas de fuego.

Otros datos del informe que hablan por sí solos. Llama la atención que los países que critican y "vigilan" a otros por no respetar los derechos humanos, entre otras razones debido a la violencia homicida, son los productores de armas que a veces de manera legal y muchas a través del mercado negro, son usadas en dichos crímenes. ¿Doble moral? También debe llamar a la reflexión profunda el que exista una correlación entre la inequidad en el ingreso y la violencia armada y también el que esta última a su vez, favorezca la inequidad social y económica. Esto ameritaría un análisis profundo sobre lo que está ocurriendo en las ciudades de Colombia para comprobar si se reproduce dicho patrón.

Todo esto conduce a pensar que es bastante atinada la iniciativa del Alcalde de Bogotá, junto con los alcaldes de Pereira, Medellín y otras ciudades, que ha promovido a través de la recolección de firmas un proyecto de ley para dar a los mandatarios locales un poder completo de regulación del porte de armas de fuego en sus jurisdicciones. Parece que se trata de una idea de sentido común.

De esa manera, incluso, la fuerza pública podría concentrarse en el control del porte de armas ilegal, en aquellas ciudades en las que el alcalde decidiera avanzar con una regulación más restricta al pote legal de armas.

Los avances de las sociedades urbanas hacia la civilidad pasan necesariamente por este tipo de regulaciones tendientes a consolidar el natural monopolio del Estado sobre las armas de fuego. Incluso es pensable que durante un período la norma se aplique únicamente en las ciudades y que paulatinamente se vaya extendiendo a las zonas rurales. De la misma manera que en la edad media la iglesia promovido los días y los sitios de tregua para ir ganando espacio a las violencias de la época. Bogotá y otras ciudades del país están entonces marcando una pauta que podría contribuir en mucho al avance de la civilidad en las ciudades.

Publicado El Nuevo Siglo 08-10-2007

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20 años no es nada

A las 2:40 pm del 27 de septiembre de 1987 en el barrio Villatina, sobre la ladera centro oriental de Medellín, un deslizamiento de tierra que bajó del Cerro Pan de Azúcar sepultó cerca de 100 casas de bajos estratos y con ellas a 500 personas. Quedaron damnificadas 1700 personas más. Esta tragedia, ampliamente cubierta por los medios de comunicación nacionales en su momento, marco el imaginario de los medellinenses. Después de este episodio cambió el concepto de riesgo urbano que venía funcionando en esta ciudad e incluso en el país. A partir de ese momento se mejoraron los trabajos de análisis de las amenazas naturales y la ciudad entró en una fase moderna de comprensión del riesgo. Sin embargo, 20 años después, muchas de las zonas declaradas de alto riesgo se han densificado de manera desordenada, como sigue ocurriendo en casi todas las zonas urbanas del país. Muchos Villatinas siguen latentes en las ciudades de Colombia.

Líderes sociales y académicos de Medellín han organizado una serie de eventos para conmemorar los 20 años de la tragedia. Y eso tiene todo el sentido, pues lo peor después de un desastre es olvidarlo. La sociedad aprende a manejar sus riesgos sólo incorporando las lecciones aprendidas de sus desastres anteriores en las dinámicas de toma de decisiones públicas. Diamond en su obra “Colapso”, explica que finalmente la decadencia y el colapso de las sociedades se da por la toma de decisiones catastróficas y en ello, no conocer, no aprender o evitar las lecciones del pasado tiene una alta influencia.

En su cotidianidad, todo ciudadano está expuestos a riesgos de diferente índole: riesgos naturales y ambientales, riesgos ligados a la delincuencia y la criminalidad, riesgos tecnológicos, riesgos ligados a la movilidad, a la protección social, riesgos económicos y de precarización de su situación, incluso riesgos políticos. Es por ello que se debe desarrollar la cultura del riesgo, que no es otra cosa que hace prospectiva sobre las posibles consecuencias de las acciones en la planeación de las mismas; también generar una responsabilidad cada vez mayor de cada actor de la sociedad frente a las situaciones de riesgo.

Hoy se habla de seguridad integral y los líderes políticos tienen la clave: no olvidar las experiencias del pasado. Por todo ello, hay que aplaudir que Medellín esté recordando lo que pasó en Villatina. Por ello también hay que preocuparse porque en las ciudades colombianas siguen existiendo muchas barrios en la situación de riesgo de Villatina, gracias a la falta de una planeación seria, a la precariedad del control del uso del suelo en las ciudades y a la vulnerabilidad social y económica de una parte de la población que muchas veces llega a las ciudades huyendo de la amenaza de violencia en áreas rurales. Veinte años no es nada para aprender las lecciones y ponerlas en práctica.

Publicado El Nuevo Siglo 02-10-2007
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Señales modernas

Van apareciendo señales modernas sobre la concepción de la seguridad urbana en Colombia y de eso trata esta columna. Hugo Acero ha señalado recientemente (El Tiempo, 20-09-2007) el agotamiento de la “seguridad democrática” y la necesidad de pasar a diseñar y ejecutar una política de convivencia y seguridad ciudadana. Pero, pensándolo bien, no es que la “seguridad democrática” se haya agotado. Es que no fue concebida para las especificidades de las zonas urbanas. Las cifras recientes revelan que la violencia y los delitos de alto impacto, asociados a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, han disminuido en las zonas rurales. Sin embargo, las cifras globales del delito y la criminalidad en zonas urbanas, con las excepciones de Bogotá y Medellín, han empeorado.

Las zonas urbanas de Colombia no necesitan la “seguridad democrática” tal como fue concebida hace cinco años. Necesitan unas políticas modernas de seguridad urbana, que cuenten con la participación de todos los actores, incluidos los locales, con una policía formada exclusivamente para atender la especificidad de la problemática urbana y con una perspectiva amplia que articule la dimensión de la seguridad ciudadana a una visión integral de desarrollo urbano.

Afortunadamente hay señales que anuncian que la visión de una política moderna de seguridad urbana se está abriendo camino. Se está dando el debate sobre la especificidad de la policía urbana en relación con el servicio de policía rural. También se habla de la desmilitarización de la policía, al menos, para estos tiempos de conflicto, en el ámbito urbano. En el Congreso se anuncian debates sobre la seguridad urbana que seguramente abordarán la problemática. Personas como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez han hablado del tema.

Más señales. Una ciudad como la capital de la República se dota de un instrumento colectivo de construcción social de las respuestas a los retos futuros de la seguridad; se trata del Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de Bogotá. El General Naranjo comienza a convocar a expertos del país para reflexionar sobre las necesidades de la seguridad urbana. Y el mismo General Naranjo ha decidido incluso ponerse el Everfit en algunas apariciones públicas, lo cual, lejos de ser un comentario de la sección de farándula, muy por el contrario envía un mensaje subliminal a la ciudadanía sobre el carácter civil de la Policía Nacional.

Pensar la seguridad para un país con diferencias territoriales tan marcadas es un reto grande. Y tratándose de Colombia hay que tener presentes, en materia de seguridad ciudadana, las especificidades y necesidades distintas de las ciudades de más de 200.000 habitantes, que albergan un 50% de la población del país en el 3% del territorio nacional. Estas necesidades son muy distintas a las de cascos urbanos de municipios pequeños con sus extensas áreas rurales. La futura organización institucional para la seguridad y la necesaria Ley Orgánica de Seguridad que requiere el país deberán tratar distinto lo que es diferente.

Publicado El Nuevo Siglo 24-09-2007
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Convivencia y seguridad ciudadanas en áreas urbanas: Claves para los municipios

La mirada clásica de la seguridad urbana como un ámbito discrecional del Estado central sustentado en el sistema policía-justicia-cárcel, ha comenzado a cambiar. Nuevos actores y fenómenos han aparecido en la escena:

- Una seguridad privada en constante crecimiento.
- Una demanda creciente de participación ciudadana en la decisión y en la acción sobre temas de seguridad.
- Una evolución en la concepción de la seguridad como servicio público, hacia una seguridad como bien público que debe ser coproducido.
- La globalización que también ha globalizado el crimen y el delito, sacándolo incluso de las órbitas y jurisdic¬ciones nacionales.
- Las demandas crecientes de mayores relaciones entre policía y comunidad, en materia de cooperación y coproducción de seguridad, como de control social a la acción policial.
- La percepción de inseguridad ciudadana, que puede aparecer incluso cuando mejoran los indicadores de delitos de alto impacto, llegando a posicionar la seguridad urbana como el problema número uno para los próximos alcaldes.
- Una mayor importancia de los gobiernos locales gracias a la descentralización y, en consecuencia, una mayor expectativa frente a estos.

La seguridad ciudadana y la convivencia han pasado a ser también una responsabilidad de los gobiernos locales. En Colombia, la normatividad permite que los gobiernos locales asuman un liderazgo en las políticas de convivencia y seguridad ciudadanas. La Constitución Nacional establece que “los alcaldes deben conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la República y del respectivo gobernador”. También dice que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio” y que “la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante” (Art. 315). En desarrollo de esto, las leyes 4ª de 1991 y 62 de 1993 establecen que los alcaldes y gobernadores deben “diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”.

Los municipios deben asumir la convivencia y la seguridad ciudadanas para sus áreas urbanas como bienes públicos que propician las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas establecidas.

Es cierto que el conflicto armado ha conducido a que una lógica de seguridad nacional haya dominado las políticas de seguridad en el país. Pero la seguridad ciudadana y la convivencia como bienes públicos deben responder a una lógica de desarrollo urbano integral y, para ello, estas claves de política pública pueden ser de gran utilidad:

1. La seguridad ciudadana y la convivencia deben desarrollarse, principalmente, en torno a los fenómenos relacionados con el delito común, las violencias no letales, las contravenciones y las incivilidades.
2. El liderazgo decidido de cada alcalde frente a su comunidad, a la fuerza pública y a los actores económicos y sociales, debe servir para impulsar esta visión de la seguridad ciudadana.
3. La política pública necesita herramientas financieras apropiadas. La normatividad permite la constitución de un fondo-cuenta, con ingresos propios municipales, destinado a la seguridad ciudadana y la convivencia. Existe también la posibilidad de acceder al Fondo de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ministerio del Interior.
4. La seguridad ciudadana no es un asunto exclusivamente de la policía. Debe resultar de una aproximación global que integre coerción, prevención y solidaridad.
5. Las componentes de prevención y de solidaridad son muy pertinentes para la política pública local, dada la importancia de las políticas sociales en el ámbito municipal. Focalizar factores de riesgo (droga, alcohol, hacinamiento, deserción escolar, etc.) y poblaciones vulnerables es más fácil desde lo local.
6. La autoridad municipal debe liderar la fuerza policial de su municipio y evaluar su desempeño no sólo en función de resultados sobre la gran criminalidad y la violencia homicida, sino también en cuanto a logros en prevención del delito común y de los problemas de convivencia, y de los resultados en el control de las normas municipales.
7. El municipio debe medir y hacer seguimiento a los indicadores de violencia, delincuencia y convivencia, liderando el desarrollo de observatorios de convivencia. Para ello es necesaria una apropiada coordinación entre las instituciones que inciden en el tema: Secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Comunitario o Integración Social, oficinas del ICBF, comisarías de familia, inspecciones de policía, etc.
8. Además de los consejos de seguridad previstos por la ley, es necesario establecer mesas de trabajo y análisis permanente con los organismos de justicia que tienen jurisdicción en el municipio.

La seguridad ciudadana y la convivencia constituyen un ámbito fundamental para el desarrollo urbano. Aquí, más que los recursos, son la capacidad de gestión y el liderazgo de los alcaldes en la aplicación de estas claves, los que pueden conducir a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y convivencia de los municipios colombianos.

Publicado Revista del Buen Gobierno 09-2007