Es saludable para las democracias andinas el fallo de la Corte Suprema del Perú que condena a Fujimori a veinticinco años de cárcel. Y es saludable porque muestra a los presidentes y a todos aquellos que piensen que pueden ejercer el poder sin Dios ni ley, que la justicia cojea pero llega. También demuestra que los aparatos judiciales criollos pueden hacer justicia sin necesidad de Corte Penal Internacional. Y finalmente es saludable porque puede despertar una sana y lúcida reflexión en todos aquellos presidentes que piensan que perpetuarse en el poder es mejor que robustecer las instituciones democráticas.
Pero por si quedaran presidentes y círculos de poder insensatos en la región, ponemos a disposición de periodistas y columnistas una herramienta de ayuda para elaborar futuras noticias. Se trata de una noticia-tipo de mucha utilidad cuando a aquellos presidentes, como a Fujimori, los factores de poder les volteen la espalda. La noticia-tipo que, puede quedar como una plantilla de Winword, dice así:
“La Corte Suprema de Justicia condenará a (nombre de ex–presidente) por los delitos cometidos durante su mandato por los Grupos Ilegales Armados que incidieron en las campañas electorales de (incluir los años de elección y reelección del ex-mandatario). El presidente de la Corte (escribir el nombre que corresponda), declaró que los cargos contra el ex-presidente están probados más allá de toda duda razonable. También precisó que los hechos por los que se le acusa son ciertos y que su equipo de colaboradores desarrolló una estrategia para ocultarlos, una vez se conocieron públicamente. Según el presidente de la Corte la sentencia es condenatoria. Luego de leer los (escribir número de páginas del expediente) folios del expediente, procedió a pronunciar la pena de 25 años de prisión. El ex-presidente aún espera dos procesos penales adicionales por la acusación de actos de corrupción que habrían ocurrido durante su gobierno.
“En las afueras de (escribir sitio del juicio), unos (escribir número) simpatizantes del ex-presidente, al conocer el fallo de la corte, protagonizaron desorden y conatos de violencia cuando se encontraron con familiares de las víctimas de los hechos por los cuales se condenó al ex presidente.
“El ex presidente gobernó a (escribir el país) durante el período (incluir período), hasta que un escándalo de corrupción comprometió su tercer (cambiar según el caso) período presidencial, por lo que huyó a (escribir nombre del país). Allí vivió por (escribir número de años) años, tiempo durante el cual pudo evitar su extradición. En (escribir año) abandonó dicho país con rumbo a (escribir país de captura), donde fue detenido y posteriormente extraditado a (escribir país que convenga) en (escribir mes y año).
“Las autoridades nacionales han declarado el estado de máxima alerta, debido a las manifestaciones de simpatizantes y detractores del ex-presidente que se han congregado en diferentes lugares de las principales ciudades. La Policía Nacional ha desplegado un importante operativo para prevenir alteraciones del orden público.”
Publicado 13-04-2009 El Nuevo Siglo
Publicado www.lapalabradigital.com
18 de abril de 2009
7 de abril de 2009
¿Nuevos escenarios para la política?
En el ajedrez y en la guerra la clave para ganar es adelantarse a lo que haga el oponente por dos jugadas. Uribe, que ha jugado el ajedrez de la guerra desde que fue Gobernador de Antioquia, está tratando de adelantarse a las jugadas recientes de las FARC.
La semana anterior Uribe se refirió dos veces al tema de diálogos que ha empezado a ser movido por las FARC. Primero en una conferencia sobre antiterrorismo Uribe sugirió que se requiere un cese de acciones violentas por parte de la guerrilla, con verificación, para entrar en un proceso de negociación. Luego, en una reunión empresarial en Popayán sugirió que para emprender un proceso de negociación, las FARC deberían cesar actos de violencia durante tres o cuatro meses.
Es probable que Uribe haya comprendido la paradoja de su seguridad democrática y la necesidad de moverse antes que todo el mundo de cara a la próxima elección presidencial (la suya o la de los suyos). La seguridad democrática construyó con hechos e imaginarios, la idea de unas FARC casi derrotadas. El fin del fin fue anunciado con bombos y platillos. Sin embargo la realidad es doble: las FARC han resultado muy golpeadas por la estrategia uribista, pero están lejos de ser derrotadas. Y la razón es muy sencilla, no hay políticas de soberanía y presencia del Estado en más de la mitad de las regiones colombianas, en las cuales, sin políticas de Estado diferentes a la estrategia militar, y con el negocio de la coca boyante, siempre habrá incentivos para que alguien, paramilitares, mafias, políticos o guerrillas, conforme su grupo armado, trate de controlar dicho territorio, lo administre a su antojo y lo ponga al servicio de mafias propias o ajenas.
Los colombianos tienen en mente que las FARC están que se acaban. Y como la dan por prueba superada, la seguridad democrática ya no despierta el mismo entusiasmo de antes. Esa es la paradoja que tiene a Uribe en una encrucijada: no puede decir que es imposible derrotar militarmente a las FARC porque entonces admitiría que su política de seguridad democrática se construyó sobre la búsqueda de un objetivo imposible, pero tampoco puede decir que las FARC siguen siendo la principal amenaza porque entonces estaría admitiendo que la seguridad democrática no ha sido 100% exitosa.¿Qué decir ahora? Como las FARC se están moviendo las fichas hacia el discurso de la negociación, Uribe ya se está adelantando para copar también ese escenario, pues sabe que no es fácil, luego del fracaso del Caguán, volver a encontrarle apoyo a un proceso de paz en la opinión pública y, por reacción, la seguridad democrática seguiría en la opinión como el menor de los males.
Pero mientras las FARC y Uribe siguen jugando ajedrez, los problemas estructurales del país siguen avanzando: narcotráfico, exclusión social, disminución del ingreso, descontrol en los territorios, crisis institucional, impunidad, corrupción y politiquería.
Publicado El Nuevo Siglo 06-04-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
La semana anterior Uribe se refirió dos veces al tema de diálogos que ha empezado a ser movido por las FARC. Primero en una conferencia sobre antiterrorismo Uribe sugirió que se requiere un cese de acciones violentas por parte de la guerrilla, con verificación, para entrar en un proceso de negociación. Luego, en una reunión empresarial en Popayán sugirió que para emprender un proceso de negociación, las FARC deberían cesar actos de violencia durante tres o cuatro meses.
Es probable que Uribe haya comprendido la paradoja de su seguridad democrática y la necesidad de moverse antes que todo el mundo de cara a la próxima elección presidencial (la suya o la de los suyos). La seguridad democrática construyó con hechos e imaginarios, la idea de unas FARC casi derrotadas. El fin del fin fue anunciado con bombos y platillos. Sin embargo la realidad es doble: las FARC han resultado muy golpeadas por la estrategia uribista, pero están lejos de ser derrotadas. Y la razón es muy sencilla, no hay políticas de soberanía y presencia del Estado en más de la mitad de las regiones colombianas, en las cuales, sin políticas de Estado diferentes a la estrategia militar, y con el negocio de la coca boyante, siempre habrá incentivos para que alguien, paramilitares, mafias, políticos o guerrillas, conforme su grupo armado, trate de controlar dicho territorio, lo administre a su antojo y lo ponga al servicio de mafias propias o ajenas.
Los colombianos tienen en mente que las FARC están que se acaban. Y como la dan por prueba superada, la seguridad democrática ya no despierta el mismo entusiasmo de antes. Esa es la paradoja que tiene a Uribe en una encrucijada: no puede decir que es imposible derrotar militarmente a las FARC porque entonces admitiría que su política de seguridad democrática se construyó sobre la búsqueda de un objetivo imposible, pero tampoco puede decir que las FARC siguen siendo la principal amenaza porque entonces estaría admitiendo que la seguridad democrática no ha sido 100% exitosa.¿Qué decir ahora? Como las FARC se están moviendo las fichas hacia el discurso de la negociación, Uribe ya se está adelantando para copar también ese escenario, pues sabe que no es fácil, luego del fracaso del Caguán, volver a encontrarle apoyo a un proceso de paz en la opinión pública y, por reacción, la seguridad democrática seguiría en la opinión como el menor de los males.
Pero mientras las FARC y Uribe siguen jugando ajedrez, los problemas estructurales del país siguen avanzando: narcotráfico, exclusión social, disminución del ingreso, descontrol en los territorios, crisis institucional, impunidad, corrupción y politiquería.
Publicado El Nuevo Siglo 06-04-2009
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4 de abril de 2009
La hecatombe...para los recicladores
El Gobierno Nacional tendrá que revisar la forma en que sus decisiones están afectando a los más vulnerables. Un ejemplo crítico es el de los recicladores. Una ley reciente los está criminalizando por ejercer la actividad de reciclar basuras. La cohesión social que pregona el gobierno nacional pasa por la inclusión y la generación de oportunidades para los más vulnerables, todo lo contrario a este caso. No es coherente que el presidente Uribe, a quien se le vio en su segunda campaña montando en zorra y buscando los votos de los recicladores, ahora los “ningunee” y los termine de excluir sancionando dicha norma.
Es lo que está pasando con la ley 1259 sancionada por el presidente el 19 de diciembre pasado, luego de que el Congreso la discutiera y aprobara de manera silenciosa. Esta norma deja a los recicladores de Colombia sin cómo ganarse la vida. La norma criminaliza el oficio de reciclador. Todo aquel que intente buscar algo en la basura será castigado con multas hasta de dos salarios mínimos. Ya en el pasado, el 6 de agosto de 2002 el gobierno anterior había expedido una resolución que entregaba a los operadores de los servicios de aseo la propiedad sobre la basura e igualmente criminalizaba a los recicladores. Paradójicamente, este mismo gobierno, había, en cabeza de Cecilia Rodríguez ex - ministra del Ambiente, revertido dicha norma.
Es cierto que se debe buscar una solución al tema del reciclaje y al del transporte de los materiales reciclados en concordancia con el buen manejo del espacio público. Pero debe hacerse con los recicladores, no contra ellos. Hay que volver a pensar que los recicladores, que ya bastantes servicios ambientales no remunerados le han prestado a las ciudades, puedan dar el paso hacia organizaciones cooperativas prestadoras de servicios. Los burócratas locales, distritales y nacionales, suelen manifestar que así debe ser, pero en su interior suelen creer que es imposible. El BID, en cambio, si lo ha creído y apoya de manera importante proyectos de los recicladores.
La aplicación de la ley dejará sin trabajo a 300.000 recicladores en todo el país. Las empresas de aseo podrán acudir a la norma para eliminar los recicladores de la recolección y del tratamiento de las basuras. Más fuego a la hoguera del desempleo que dejará una crisis económica y social que el mismo gobierno acaba de anunciar.
En 2003 una sentencia de la Corte Constitucional reivindicó el derecho de los recicladores al mínimo vital, al fallar a su favor luego de que un gobierno de Bogotá planteara más o menos que la única posibilidad de reciclar era dejando el negocio en manos de grandes consorcios. La ley 1259 desconoce ese fallo e invisibiliza aún más a una población vulnerable. ¿Qué tanto tráfico de influencias hubo en el trámite escondido de la mencionada ley? No vaya y sea cierto aquello de que lo menos sucio del negocio de la basura era…la basura.
Publicado El Nuevo Siglo 30-03-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
Publicado www.palabranet.net
Es lo que está pasando con la ley 1259 sancionada por el presidente el 19 de diciembre pasado, luego de que el Congreso la discutiera y aprobara de manera silenciosa. Esta norma deja a los recicladores de Colombia sin cómo ganarse la vida. La norma criminaliza el oficio de reciclador. Todo aquel que intente buscar algo en la basura será castigado con multas hasta de dos salarios mínimos. Ya en el pasado, el 6 de agosto de 2002 el gobierno anterior había expedido una resolución que entregaba a los operadores de los servicios de aseo la propiedad sobre la basura e igualmente criminalizaba a los recicladores. Paradójicamente, este mismo gobierno, había, en cabeza de Cecilia Rodríguez ex - ministra del Ambiente, revertido dicha norma.
Es cierto que se debe buscar una solución al tema del reciclaje y al del transporte de los materiales reciclados en concordancia con el buen manejo del espacio público. Pero debe hacerse con los recicladores, no contra ellos. Hay que volver a pensar que los recicladores, que ya bastantes servicios ambientales no remunerados le han prestado a las ciudades, puedan dar el paso hacia organizaciones cooperativas prestadoras de servicios. Los burócratas locales, distritales y nacionales, suelen manifestar que así debe ser, pero en su interior suelen creer que es imposible. El BID, en cambio, si lo ha creído y apoya de manera importante proyectos de los recicladores.
La aplicación de la ley dejará sin trabajo a 300.000 recicladores en todo el país. Las empresas de aseo podrán acudir a la norma para eliminar los recicladores de la recolección y del tratamiento de las basuras. Más fuego a la hoguera del desempleo que dejará una crisis económica y social que el mismo gobierno acaba de anunciar.
En 2003 una sentencia de la Corte Constitucional reivindicó el derecho de los recicladores al mínimo vital, al fallar a su favor luego de que un gobierno de Bogotá planteara más o menos que la única posibilidad de reciclar era dejando el negocio en manos de grandes consorcios. La ley 1259 desconoce ese fallo e invisibiliza aún más a una población vulnerable. ¿Qué tanto tráfico de influencias hubo en el trámite escondido de la mencionada ley? No vaya y sea cierto aquello de que lo menos sucio del negocio de la basura era…la basura.
Publicado El Nuevo Siglo 30-03-2009
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26 de marzo de 2009
Delincuencia y crisis económica: ¿hay por qué preocuparse?
Una de las reflexiones que algunos analistas hacen por estos días tiene que ver con la relación entre la crisis económica y el aumento de la delincuencia y la violencia. Incluso, se dice, en Colombia la campaña presidencial de 2010, se daría en un ambiente de aumento de las cifras de la inseguridad, principalmente en las ciudades.
No es un tema fácil y pocos estudios completos existen sobre el particular. Suponiendo que existiera una relación inversa entre crimen y economía, es decir, que hubiera más delito cuando la economía va mal, es posible reflexionar sobre una serie de fenómenos:
• Durante las crisis hay un mayor número de personas que no alcanzan a percibir los ingresos mínimos para cubrir sus necesidades diarias. Algunos podrían incurrir en delitos (los denominados delitos famélicos), para solucionar el problema del ingreso diario. El pequeño delito podría aumentar.
• También el alcoholismo y el consumo de drogas pueden aumentar en tiempos económicos adversos. Esto a su vez tiende a impulsar comportamientos violentos y pueden aumentar las lesiones personales.
• Durante las crisis económicas las bandas organizadas pueden aumentar su visibilidad social en la medida en que los afectados por las crisis las pueden considerar como vehículos para superar sus problemas. No es difícil que aumente el reclutamiento de jóvenes sin oportunidades, lo que a su vez puede provocar más crimen. Y no hay que olvidar que, como lo dice el economista Isaac Beltrán, en Colombia existe una delincuencia común organizada con un “legado” de entrenamiento especializado en acciones armadas de alto impacto (el legado de Yair Klein y los paras, como de la guerrilla y de los instructores de ETA e IRA).
• Adicionalmente, si hay recesión, habrá menos recursos públicos y no es imposible que se afecten los presupuestos de seguridad y de justicia. Ya en el pasado se vio cómo, por otros motivos, cuando Cali tuvo que prescindir de su Fondo de Vigilancia y Seguridad, aumentaron las cifras de inseguridad. También, el último paro de la rama judicial mostró que para los delincuentes en la calle la inacción de la justicia significa menos riesgo para su actividad. (A propósito, nadie ha analizado qué tanto incidió dicho paro en el aumento reciente de la inseguridad en las zonas urbanas). Menos recursos para la justicia y para la seguridad ciudadana es patente de corso para los delincuentes en la calle.
• La vulnerabilidad social y económica está asociada con los problemas del hábitat y estos a su vez con el hacinamiento y las dificultades en la convivencia intrafamiliar. En tiempos de crisis se podrán acentuar los problemas del hábitat o al menos se solucionarán menos. He aquí un elemento adicional.
No es un tema fácil, pues también hay relaciones proporcionales entre economía y crimen. Pero lo responsable es ocuparse del asunto y tratar de anticipar aquellos fenómenos de malestar social, incivilidad, criminalidad e inseguridad que podrían aumentar en las grandes ciudades producto de la crisis. Que alguien en el alto gobierno diga algo.
Publicado El Nuevo Siglo 23-03-2009
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No es un tema fácil y pocos estudios completos existen sobre el particular. Suponiendo que existiera una relación inversa entre crimen y economía, es decir, que hubiera más delito cuando la economía va mal, es posible reflexionar sobre una serie de fenómenos:
• Durante las crisis hay un mayor número de personas que no alcanzan a percibir los ingresos mínimos para cubrir sus necesidades diarias. Algunos podrían incurrir en delitos (los denominados delitos famélicos), para solucionar el problema del ingreso diario. El pequeño delito podría aumentar.
• También el alcoholismo y el consumo de drogas pueden aumentar en tiempos económicos adversos. Esto a su vez tiende a impulsar comportamientos violentos y pueden aumentar las lesiones personales.
• Durante las crisis económicas las bandas organizadas pueden aumentar su visibilidad social en la medida en que los afectados por las crisis las pueden considerar como vehículos para superar sus problemas. No es difícil que aumente el reclutamiento de jóvenes sin oportunidades, lo que a su vez puede provocar más crimen. Y no hay que olvidar que, como lo dice el economista Isaac Beltrán, en Colombia existe una delincuencia común organizada con un “legado” de entrenamiento especializado en acciones armadas de alto impacto (el legado de Yair Klein y los paras, como de la guerrilla y de los instructores de ETA e IRA).
• Adicionalmente, si hay recesión, habrá menos recursos públicos y no es imposible que se afecten los presupuestos de seguridad y de justicia. Ya en el pasado se vio cómo, por otros motivos, cuando Cali tuvo que prescindir de su Fondo de Vigilancia y Seguridad, aumentaron las cifras de inseguridad. También, el último paro de la rama judicial mostró que para los delincuentes en la calle la inacción de la justicia significa menos riesgo para su actividad. (A propósito, nadie ha analizado qué tanto incidió dicho paro en el aumento reciente de la inseguridad en las zonas urbanas). Menos recursos para la justicia y para la seguridad ciudadana es patente de corso para los delincuentes en la calle.
• La vulnerabilidad social y económica está asociada con los problemas del hábitat y estos a su vez con el hacinamiento y las dificultades en la convivencia intrafamiliar. En tiempos de crisis se podrán acentuar los problemas del hábitat o al menos se solucionarán menos. He aquí un elemento adicional.
No es un tema fácil, pues también hay relaciones proporcionales entre economía y crimen. Pero lo responsable es ocuparse del asunto y tratar de anticipar aquellos fenómenos de malestar social, incivilidad, criminalidad e inseguridad que podrían aumentar en las grandes ciudades producto de la crisis. Que alguien en el alto gobierno diga algo.
Publicado El Nuevo Siglo 23-03-2009
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24 de marzo de 2009
¿Se proponen acabar la minería?
Cada vez es menos correcto políticamente abordar el tema de la necesidad del desarrollo minero en Colombia. Pero es lo responsable. Es un error la reciente satanización generalizada a esta actividad en la opinión pública. Cuando se prohíbe la minería, es la minería formal la que se cohíbe. La informal, como la que arrasa ecosistemas en el Chocó, no hay opinión pública que la pare. Y esta minería informal existe porque no hay control estatal ni orientación hacia soluciones concretas. No digo que la minería no genera impactos ambientales, que sí. Digo que la solución no es erradicarla. La solución inteligente es facilitar una minería rentable, regulada, controlada y que compense los impactos que genera. Y esa es la minería formal. Y en cuanto al control y la regulación inteligente, habrá que exigir que alguien en el Estado asuma responsablemente esa tarea, que sabemos es más difícil que simplemente impedir todo.
No es conveniente el discurso moralista ambiental extremo que ha venido desplazando la idea de desarrollo sostenible iniciada hace veinte años y que propendía por un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Este concepto es el que habría que recuperar para la opinión pública. El resultado es que las narrativas más rentables políticamente hoy termina por imponer una perspectiva anticrecimiento económico. Pero realmente superar la pobreza y las vulnerabilidades sociales colombianas pasa por impulsar renglones clave del crecimiento económico como la minería. Pero el discurso satanizador, que hasta se volvió políticamente correcto, está dando al traste con esta posibilidad. Hasta un ministro inteligente, a dos semanas de iniciar campaña, prefiere seguir la corriente discursiva dominante antes que entrar en el análisis de fondo de la relación minería-crecimiento económico-medio ambiente.
No es fácil asumir posiciones equilibradas en materia de promoción de la minería, porque algunos prefieren no hacer análisis objetivos sino política con el tema ambiental, y, también, porque muchos empresarios mineros no han hecho el esfuerzo que deberían para imponer prácticas mineras responsables social y ambientalmente.
El caso de Cajamarca (y que quede claro que ni sé cómo se llama la empresa que explora allí) será paradigmático en el futuro. Por ello hay que concentrar en las decisiones que se tomen allí, toda la inteligencia y la capacidad del Estado, de la academia y de la sociedad civil, para que se pueda desarrollar una minería responsable, impulsadora del desarrollo económico del Tolima y que con sus excedentes compense los impactos ambientales que se generen, cosa que no ocurre hoy con los cultivos de arracacha.
Este país, como Canadá o Australia, tiene el reto y la obligación de utilizar bien y en beneficio de los colombianos los recursos del subsuelo. Para ello lo primero es impulsar y permitir una minería responsable social y ambientalmente. Después hay que pensar también en los mecanismos de redistribución social de dicha riqueza y en la reducción de los riesgos de corrupción que no permiten dicha redistribución.
Publicado El Nuevo Siglo 16-03-2009
No es conveniente el discurso moralista ambiental extremo que ha venido desplazando la idea de desarrollo sostenible iniciada hace veinte años y que propendía por un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Este concepto es el que habría que recuperar para la opinión pública. El resultado es que las narrativas más rentables políticamente hoy termina por imponer una perspectiva anticrecimiento económico. Pero realmente superar la pobreza y las vulnerabilidades sociales colombianas pasa por impulsar renglones clave del crecimiento económico como la minería. Pero el discurso satanizador, que hasta se volvió políticamente correcto, está dando al traste con esta posibilidad. Hasta un ministro inteligente, a dos semanas de iniciar campaña, prefiere seguir la corriente discursiva dominante antes que entrar en el análisis de fondo de la relación minería-crecimiento económico-medio ambiente.
No es fácil asumir posiciones equilibradas en materia de promoción de la minería, porque algunos prefieren no hacer análisis objetivos sino política con el tema ambiental, y, también, porque muchos empresarios mineros no han hecho el esfuerzo que deberían para imponer prácticas mineras responsables social y ambientalmente.
El caso de Cajamarca (y que quede claro que ni sé cómo se llama la empresa que explora allí) será paradigmático en el futuro. Por ello hay que concentrar en las decisiones que se tomen allí, toda la inteligencia y la capacidad del Estado, de la academia y de la sociedad civil, para que se pueda desarrollar una minería responsable, impulsadora del desarrollo económico del Tolima y que con sus excedentes compense los impactos ambientales que se generen, cosa que no ocurre hoy con los cultivos de arracacha.
Este país, como Canadá o Australia, tiene el reto y la obligación de utilizar bien y en beneficio de los colombianos los recursos del subsuelo. Para ello lo primero es impulsar y permitir una minería responsable social y ambientalmente. Después hay que pensar también en los mecanismos de redistribución social de dicha riqueza y en la reducción de los riesgos de corrupción que no permiten dicha redistribución.
Publicado El Nuevo Siglo 16-03-2009
12 de marzo de 2009
Política estilo “Laura en América”
En los años noventa fue famoso el programa de televisión peruano “Laura en América”. Este género, que inundó la televisión por cable y las parabólicas, incluía la entrevista de personajes de la vida cotidiana de las barriadas de Lima, quienes luego de confrontaciones verbales sobre temas como alcoholismo, violencia intrafamiliar, drogadicción y líos de faldas, terminaban enfrentados frente a la cámara, insultándose y hasta agrediéndose físicamente. Este último era el momento esperado por la audiencia de estos programas desagradables que al fin de cuentas eran vistos por una gran cantidad de público. Exactamente así funciona hoy la política en Colombia y los países andinos.
Muchos políticos y asesores políticos comprendieron que para la teleaudiencia (y es que la política hoy se hace y se comunica principalmente a través de la televisión), ávida de emociones en una vida urbana monótona y limitada al itinerario casa-buseta-rebusque-buseta-casa, la política es una oportunidad de entretenimiento. Por eso muchos políticos sustentan su estrategia de campaña constante en encontrar un malo (un opositor, un grupo criminal, un ciudadano común, un periodista, un magistrado, etc.) con el cual enfrentarse verbalmente. Se evitarán en lo posible los jalones de pelo, pellizcos y puños de “Laura en América”, con excepción del evento del puñetazo limpio Valencia Cossio-Uribe hace algunos años en Antioquia. El público objetivo del nuevo show político es el mismo de “Laura en América”. Y hay que entrenarse en histrionismo, en frases hirientes y en actitudes desafiantes.
Las presidencias de los países andinos han encontrado en esta una forma exitosa de hacer política y campaña permanente. Ni siquiera han dudado en montar el show entre ellos cuando ha sido necesario. El último episodio ha sido el de un ministro de defensa y un presidente, ambos en campaña electoral en sus respectivos países. Los sondeos muestran en ambos sitios que la estrategia es políticamente rentable.
Muchos sospecharon que los casos presentados por “Laura en América” eran montajes y que detrás había guiones e incluso se pagaba a “actores naturales”. La conductora del programa terminó involucrada con Montesinos en el ocaso de régimen de Fujimori.
También hay guiones y guionistas detrás de los reality shows de la política criolla. Algunos hasta hablan de un Montesinos criollo. Se escogen bien las frases y los momentos para agredir al contradictor de turno, el cual ha sido seleccionado según sus características y las necesidades de comunicación o la demanda de la audiencia en el momento. Para la crisis que se avecina, de la que pocos hablan, serán estos reality shows políticos los analgésicos privilegiados.
Así es la política de hoy: un reality show de mal gusto, pero que capta una gran audiencia de incautos. Mientras tanto, los problemas estructurales siguen pendientes de solución.
Nota: En medio de tanto reality show político resulta refrescante un Sergio Fajardo dedicado a tratar con respeto a los colombianos y a escuchar sus problemas de fondo.
Publicado El Nuevo Siglo 08-03-2009
Publicado www.lapalabradigital.com
Muchos políticos y asesores políticos comprendieron que para la teleaudiencia (y es que la política hoy se hace y se comunica principalmente a través de la televisión), ávida de emociones en una vida urbana monótona y limitada al itinerario casa-buseta-rebusque-buseta-casa, la política es una oportunidad de entretenimiento. Por eso muchos políticos sustentan su estrategia de campaña constante en encontrar un malo (un opositor, un grupo criminal, un ciudadano común, un periodista, un magistrado, etc.) con el cual enfrentarse verbalmente. Se evitarán en lo posible los jalones de pelo, pellizcos y puños de “Laura en América”, con excepción del evento del puñetazo limpio Valencia Cossio-Uribe hace algunos años en Antioquia. El público objetivo del nuevo show político es el mismo de “Laura en América”. Y hay que entrenarse en histrionismo, en frases hirientes y en actitudes desafiantes.
Las presidencias de los países andinos han encontrado en esta una forma exitosa de hacer política y campaña permanente. Ni siquiera han dudado en montar el show entre ellos cuando ha sido necesario. El último episodio ha sido el de un ministro de defensa y un presidente, ambos en campaña electoral en sus respectivos países. Los sondeos muestran en ambos sitios que la estrategia es políticamente rentable.
Muchos sospecharon que los casos presentados por “Laura en América” eran montajes y que detrás había guiones e incluso se pagaba a “actores naturales”. La conductora del programa terminó involucrada con Montesinos en el ocaso de régimen de Fujimori.
También hay guiones y guionistas detrás de los reality shows de la política criolla. Algunos hasta hablan de un Montesinos criollo. Se escogen bien las frases y los momentos para agredir al contradictor de turno, el cual ha sido seleccionado según sus características y las necesidades de comunicación o la demanda de la audiencia en el momento. Para la crisis que se avecina, de la que pocos hablan, serán estos reality shows políticos los analgésicos privilegiados.
Así es la política de hoy: un reality show de mal gusto, pero que capta una gran audiencia de incautos. Mientras tanto, los problemas estructurales siguen pendientes de solución.
Nota: En medio de tanto reality show político resulta refrescante un Sergio Fajardo dedicado a tratar con respeto a los colombianos y a escuchar sus problemas de fondo.
Publicado El Nuevo Siglo 08-03-2009
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7 de marzo de 2009
Percepción de inseguridad: ¿Qué hacer?
Era normal esperar un aumento de la percepción de inseguridad en diciembre de 2008. El año estuvo cargado de hechos ajenos a la dinámica local que afectaron este indicador: crisis DMG, atentados, marchas nacionales de transportadores de carga y de indígenas, “falsos positivos” con los jóvenes del sur de Bogotá, diferencias públicas entre funcionarios distritales y el Ministro de la Defensa. También hay procesos locales que afectan la percepción: los problemas de movilidad y las vulnerabilidades del pasajero en el transporte público, dificultades en el manejo de las basuras, disminución de la cultura ciudadana, el problema de habitantes de calle y el aumento en consumo de drogas. Además, en el entorno nacional se dio en 2008 un rebrote de la violencia homicida instrumentalizada por grupos de criminalidad organizada, lo que también incide en la percepción y, como se sabe, su control depende menos de las políticas locales que de una combinación de inteligencia, investigación criminal y eficiencia de la justicia. Por otra parte, las dinámicas de los jóvenes deben ser mejor integradas por la ciudad: falta eficacia en las políticas que ofrecen oportunidades a los jóvenes y se requieren más resultados en prevención con jóvenes en riesgo y en el tratamiento de la delincuencia juvenil.
Que quede claro: percepción de inseguridad no es lo mismo que inseguridad. Incluso a veces hay paradojas: aumenta la percepción de inseguridad cuando mejora la seguridad objetiva. Pero si la percepción de inseguridad afecta tanto la calidad de vida, igual o más que los delitos, entonces la política pública tiene que abordar el miedo y la ansiedad como verdaderos problemas que requieren una respuesta bien planeada y una acción responsable. ¿Qué hacer frente a este fenómeno?
No hay que echarle la culpa a los medios, ni pensar que las medidas de choque solas mejoran la percepción. Los medios tienen la obligación de informar y deben seguir haciéndolo. Pueden ayudar a manejar la percepción, pero en la medida en que la fuente oficial los mantenga pedagógica y constantemente informados. Las medidas de choque no corrigen los fenómenos estructurales que inciden en la percepción.
Hay que entender bien la forma en que se construye el miedo. Hay que entender las diferencias de percepción entre sexos y edades. Se debe entender lo que depende de las dinámicas locales y lo que depende de factores nacionales (criminalidad organizada nacional, conflicto armado), que debe llamar a una mejor coordinación entre gobierno nacional y gobierno local. En percepción de inseguridad las soluciones suelen ser contraintuitivas: una acción en movilidad o en hábitat o una acción social pueden ayudar a disminuir el miedo. También hay que mirar el impacto de las decisiones de justicia.
El plan de desarrollo de Bogotá tiene la base de lo que se requiere para el manejo de la percepción de inseguridad: una estrategia estructural de largo plazo construida en torno a la prevención del delito.
Publicado El Nuevo Siglo 02-03-2009
Que quede claro: percepción de inseguridad no es lo mismo que inseguridad. Incluso a veces hay paradojas: aumenta la percepción de inseguridad cuando mejora la seguridad objetiva. Pero si la percepción de inseguridad afecta tanto la calidad de vida, igual o más que los delitos, entonces la política pública tiene que abordar el miedo y la ansiedad como verdaderos problemas que requieren una respuesta bien planeada y una acción responsable. ¿Qué hacer frente a este fenómeno?
No hay que echarle la culpa a los medios, ni pensar que las medidas de choque solas mejoran la percepción. Los medios tienen la obligación de informar y deben seguir haciéndolo. Pueden ayudar a manejar la percepción, pero en la medida en que la fuente oficial los mantenga pedagógica y constantemente informados. Las medidas de choque no corrigen los fenómenos estructurales que inciden en la percepción.
Hay que entender bien la forma en que se construye el miedo. Hay que entender las diferencias de percepción entre sexos y edades. Se debe entender lo que depende de las dinámicas locales y lo que depende de factores nacionales (criminalidad organizada nacional, conflicto armado), que debe llamar a una mejor coordinación entre gobierno nacional y gobierno local. En percepción de inseguridad las soluciones suelen ser contraintuitivas: una acción en movilidad o en hábitat o una acción social pueden ayudar a disminuir el miedo. También hay que mirar el impacto de las decisiones de justicia.
El plan de desarrollo de Bogotá tiene la base de lo que se requiere para el manejo de la percepción de inseguridad: una estrategia estructural de largo plazo construida en torno a la prevención del delito.
Publicado El Nuevo Siglo 02-03-2009
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